Uno de los méritos que ha tenido el Caso Penta es que, en la medida en que ha evolucionado, ha venido develando una serie de prácticas que hasta ahora eran conocidas, pero nunca discutidas en el mercado, muchas de las cuales corresponden derechamente a ilícitos y otras que, al menos, son muy cuestionables.
El viernes pasado fue ejemplo de ello, cuando la revista Qué Pasa reveló parte de las declaraciones de los socios del Grupo Penta, en las que se sostenía que uno de los métodos para reducir la base imponible de sus compañías era a través de operaciones forwards con monedas, con el propósito de obtener pérdidas financieras que posteriormente eran restituidas a cambio de una comisión a la contraparte. Las operaciones no tienen registro y las ganancias no eran declaradas, por lo que no tributaban.
Otro ejemplo es el que dio a conocer en octubre este medio, respecto de las transacciones que hacía la corredora del mismo holding para que sus clientes VIP se eximieran del pago de patentes comerciales en los municipios.
Mientras el primero de estos hechos supone un serio motivo de preocupación en Sanhattan, dada la posibilidad de que dichas operaciones también las hayan efectuado otras empresas, el segundo de estos ejemplos sí corresponde –o correspondió– a una práctica compartida en la industria bursátil, pero hoy casi extinta dada la discusión generada el año pasado.
Es en este contexto que las AFP también han venido reduciendo las operaciones de arriendo de acciones a las corredoras de bolsa.
Como se ha publicado, generalmente estas transacciones eran hechas bajo el mecanismo de venta corta, que permite a un inversionista vender acciones que no posee –pidiendo un préstamo a cambio de una garantía y el pago de una prima–, con el fin de obtener una utilidad en caso de que el precio de la acción caiga. Y como las corredoras no tienen una cuenta propia tan abultada para responder al alto volumen de estas operaciones, las AFP y otros inversionistas institucionales arrendaban los instrumentos a la corredora, aunque no necesariamente habrían conocido el objetivo final de estos negocios.
Es así como en 2014 el número de operaciones de arriendo de las administradoras a las corredoras de bolsa cayó un 15%, con 915 negocios; mientras que el monto total de las mismas fue de US$1.500 millones, cifra un 6,5% menor frente a 2013. Se espera que el número de estas transacciones siga bajando en la medida que terminen las llamadas “operaciones tributarias”, algo que ya se empezó a reflejar el año pasado.
Las operaciones en cuestión se hacían entre fines y principios de cada año, lo que explicaba el alto volumen de negocios que se veía en esas fechas, pero durante las últimas jornadas de 2014 los montos se ubicaron en torno a los $30 mil millones, cifra menor respecto de lo que suele transar la Bolsa. Es más, a noviembre, las AFP habían efectuado 857 operaciones, equivalentes a US$ 1.400 millones en total, lo que refleja que el pasado mes explicó una parte menor de estos montos.
¿Cómplices pasivas?
Ejecutivos que conocen cómo funcionan estas operaciones descartan que las AFP hayan conocido la intencionalidad final de las mismas. El arriendo de estas acciones se efectuaba en el marco de contratos semestrales o anuales firmados por las administradoras y las corredoras de bolsa, en que, tras un proceso de due diligence, se acuerda que una AFP puede arrendar durante el período activos a una intermediaria.
En el caso de estas transacciones, la tasa cobrada a las corredoras de bolsa por el arriendo de títulos va en beneficio de los fondos de pensiones, afirman desde el mercado.
La regulación que rige a estas operaciones es el artículo del DL 3.500, el cual establece que los fondos de pensiones pueden efectuar préstamos de instrumentos financieros de emisores nacionales. No obstante, no les está permitido realizar ventas cortas y tampoco pueden hacer estos préstamos en forma directa. Para realizar este tipo de operaciones, las AFP deben suscribir un contrato con un agente de préstamo (corredoras de bolsa), de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Por tanto, no tratan con el prestatario final. El prestatario, en cambio, sí puede utilizar tales acciones en ventas cortas o para otros fines, aclara la Superintendencia de Pensiones (SP).
Consultada la SP sobre si acaso puede monitorear la intención de estas operaciones en que participan las AFP, sostuvo que “es competencia del SII determinar si existe intencionalidad de elusión. A la SP le corresponde fiscalizar que las operaciones de préstamos de instrumentos financieros de emisores nacionales se ajusten a la normativa vigente, que establece la firma de un contrato entre la AFP y un intermediario, el que en ningún caso puede ser el prestatario final. Sin perjuicio de lo anterior, si en el marco de estas fiscalizaciones la SP detectara conductas constitutivas de infracción tributaria le corresponde poner los antecedentes en conocimiento del SII, pues es el organismo público responsable de llevar adelante las fiscalizaciones en esta materia y determinar eventuales infracciones y sanciones”.
¿Y la investigación de la Bolsa?
Conocido el Caso Penta y tras la publicación respecto de las operaciones que hacía la corredora del holding para eludir las patentes, la Bolsa de Santiago inició una investigación sobre la materia encabezada por su unidad de auditoría, a cargo de Carlos Niedbalski.
En octubre pasado, pidió información a las corredoras sobre transacciones realizadas entre el 27 de diciembre y el 5 de enero, correspondientes a los últimos cinco años.
Si bien se esperaba que durante enero el directorio de la Bolsa entregaría estos antecedentes al Comité de Buenas Prácticas, presidido por el abogado Enrique Barros, aún no habría resultados, según sostienen cercanos a la plaza bursátil. Hoy se baraja que en marzo podría haber novedades sobre la materia.
En lo que sí habría avances es en la propuesta para regular los conflictos de interés de las corredoras que la Bolsa puso en consulta en noviembre pasado. Pues se espera que en la sesión que hoy celebrará el directorio presidido por Juan Andrés Camus, se libere el documento para la posterior aprobación de la Superintendencia de Valores y Seguros.
