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El Día D para los controladores de Penta

Alejandra Carmona López
Por : Alejandra Carmona López Co-autora del libro “El negocio del agua. Cómo Chile se convirtió en tierra seca”. Docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile
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A las 9:00 horas de hoy, en la sala C-103 del Centro de Justicia de Santiago, se dará inicio a la audiencia de formalización en el denominado Caso Penta.

Se trata de una sala especial, con doble altura por la cantidad de personas que participan en la audiencia –en el segundo piso se instalará la prensa–; una jornada que será encabezada por el magistrado Juan Manuel Escobar Salas y en la que se dará lectura de los cargos a los 10 imputados por delitos tributarios, cohecho, soborno y lavado de activos.

Entre los formalizados están los dueños y controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por delitos tributarios y soborno, además de Manuel Antonio Tocornal, gerente del conglomerado, por delitos tributarios, como asimismo Pablo Wagner, Samuel Irarrázaval, Hugo Bravo, Carlos Bombal, Iván Álvarez, Marcos Castro y Juan Martínez.

Abogados ligados a la causa señalan que la decisión sobre las medidas cautelares a los imputados es incierta. Fuentes ligadas a la causa insisten en que sí existió un acuerdo con el fiscal Carlos Gajardo para que los controladores de Penta no fueran a la cárcel, pero sí tuvieran arresto domiciliario total; sin embargo, que el fiscal Sabas Chahuán encabezara la investigación da totalmente vuelta el escenario. “Hay que fijarse muy bien en lo que pida la Fiscalía como medida cautelar, porque seguramente eso será concedido”, señala una fuente ligada al caso. Esa apreciación no viene solo de una boca, y esto es por la relevancia que tiene que un Fiscal Nacional, por primera vez en 15 años, tome las riendas de una investigación. Será Chahuán quien también exponga la mayor parte de los temas en audiencia de formalización, que muchos estiman que podría no sólo terminar a avanzadas horas del día de hoy, sino que terminar mañana, por la cantidad de imputados que tiene la causa.

Otro de los imputados sobre el que también podría caer la prisión preventiva es el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y –según fuentes ligadas a la investigación– el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, sólo podría tener un trato diferente por la colaboración que ha prestado en el caso.

Pero la incertidumbre del caso también está marcada por la presión mediática. Una fuente lo resume así: “Si los Carlos (Lavín y Délano) no reciben la prisión preventiva, se verá muy feo ante la opinión pública, sobre todo considerando que, desde que se pidió la audiencia de formalización en enero pasado hasta ahora, han pasado muchas cosas que han empeorado la situación y quizás eso fue un error y se esperó mucho para llegar a esta instancia”.

En términos técnicos, en la audiencia de formalización se les comunican los hechos por los que están siendo investigados a los 10 imputados, se discuten las medidas cautelares y se dicta un plazo de investigación, plazo que por ley es de dos años luego de formalizada la investigación.

Luego de determinadas las medidas cautelares, la defensa de los imputados tiene 5 días corridos para apelar. El escrito se ingresa al Tribunal de Garantía y este lo eleva a la Corte de Apelaciones.

“Esta no es una audiencia normal, la presión del medio es extrema, no sólo por lo que significa la mezcla dinero-política que se ha destapado en el país, sino porque tiene características nuevas, como la figura de Chahúan en la investigación”, sostiene una fuente.

En la decisión final sobre las medidas cautelares tiene, por supuesto, enorme peso el perfil del juez que encabeza la audiencia. Juan Manuel Escobar Salas no es un juez garantista, viene de la escuela del proceso penal antiguo, a diferencia de los otros jueces del Octavo. “Es un juez duro, sin embargo, es un juez que también es bien ponderado, donde hay un espacio para las defensas”, señala un abogado. “En el Caso Bombas él se negó a darle una ampliación que estaba pidiendo la Fiscalía, y eso generó un efecto, porque eso obligó al fiscal Peña a hacer su acusación en un plazo de 10 días, algo que Peña nunca esperó y eso significó que la acusación fuera muy mala. Eso significó que miles de pruebas fueran desechadas. El juez Escobar, si bien es duro, es un juez bastante ponderado para los efectos de poder escuchar a las defensas”, reafirma otro abogado.

En caso de cumplirse el escenario de la prisión preventiva, los imputados saldrán esposados de la sala.

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