En el más completo sigilo y cuando el país estaba pendiente de la tercera jornada de formalización del caso Penta, el Fiscal Regional de O'Higgins, Luis Toledo, incautaba los computadores del matrimonio compuesto por Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos Bachelet, en la casa que la pareja comparte en La Reina.
Según fuentes judiciales, alrededor de las 4 de la tarde del viernes 6 de marzo, personal del OS9 de Carabineros de Rancagua se presentaba en la calle Julia Bernstein 447 B, en la Región Metropolitana, junto con el fiscal a cargo del caso que involucra al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet y su esposa en la compra de tres terrenos a través de la empresa Caval –cuya propietaria en un 50% es la referida nuera de la Mandataria– en la comuna de Machalí, en la VI Región.
La compra fue financiada a través de un millonario crédito bancario otorgado por el Banco de Chile, después que Dávalos y su esposa se reunieran personalmente con el vicepresidente de la entidad bancaria, Andrónico Luksic, el 6 de noviembre de 2013. Cabe recordar que, en aquel momento, Dávalos Bachelet ocupaba el cargo de gerente de proyectos de Caval.
Otros bancos habían rechazado entregar el millonario crédito, entre otras cosas porque la compañía contaba con poco más de año y medio de existencia y acreditaba solo un capital de 6 millones de pesos.
El 4 de marzo pasado, el Juzgado de Garantía de Rancagua emitía la resolución con la orden de entrada, registro e incautación en el marco de la causa que lidera Toledo por los delitos de revelación de secretos, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. El documento, al que tuvo acceso El Mostrador, autorizaba “la incautación de: computadores de escritorio, computador personal, notebook o tablets, soportes técnicos como pendrives y documentación que se mantenga en estos lugares y que digan relación con los hechos investigados. Además se autoriza para abrir correspondencia cerrada, conforme a los artículos 218 y 219 del Código Procesal Penal. Facultando el uso de la fuerza pública, en caso de oposición, con allanamiento y descerrajamiento”.
La orden firmada por el juez de garantía, Luis Barría, agrega que “se autoriza la orden de incautación de todos los elementos que pudieran relacionarse con la comisión del delito”.
El caso, que obligó a Dávalos a renunciar a su cargo de director Sociocultural de la Presidencia, mantiene en una incómoda posición a la Mandataria, que aseguró haberse enterado de la situación a través de la prensa.
Anteriormente, la Fiscalía había solicitado al Banco de Chile los antecedentes bancarios de cinco personas ligadas a la empresa Caval, entre los que se cuentan Dávalos y Compagnon. La indagatoria, que ya fue cumplida por el banco, busca recopilar antecedentes sobre los productos bancarios que mantiene la pareja en su estatus de clientes, en vista de que fue el mismo banco el que les otorgó el crédito por $6.500 millones, que le permitió a Caval adquirir los terrenos que luego vendió en $9.500 millones al empresario de la zona Hugo Silva, quien actualmente analiza tomar acciones legales contra la empresa.
Entre otras indagatorias, la Fiscalía también solicitó las copias de los videos de las cámaras de seguridad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, tras recibir una denuncia que señalaba que la intendenta Morín Contreras había realizado gestiones para acelerar la inscripción de los terrenos a nombre de Hugo Silva, lo que fue desmentido por la autoridad regional.
