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La incertidumbre político-institucional es central para entender el brusco freno de la inversión

por 19 agosto, 2014

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Los últimos datos conocidos para la actividad dan cuenta de una desaceleración más marcada a la prevista hace sólo unos meses. El Índice de Actividad Económica Mensual (IMACEC) de junio anotó un crecimiento de sólo 0,8% en relación a igual mes del año pasado, el más bajo desde fines del año 2009, cuando se iniciaba la recuperación luego de los efectos de la aguda recesión mundial de esos años. Más aún, el crecimiento del segundo trimestre respecto del primero, en una serie corregida por estacionalidad, registra una leve caída. Estos malos resultados hacen cada vez más evidente que las razones detrás de la aguda desaceleración en el crecimiento hay que buscarlas más dentro que fuera de Chile.

Por sobre factores propios del ciclo económico, o de un transitorio deterioro en las condiciones externas para las economías emergentes, debemos tomar conciencia que lo que explica una desaceleración económica tan marcada, es el impacto de los cambios en el escenario político sobre las expectativas de los agentes económicos. Efectivamente, una agenda político-legislativa muy ambiciosa, que intenta generar cambios profundos en nuestra sociedad en un corto período, es hoy el factor más relevante para explicar la incertidumbre exacerbada que afecta a los principales tomadores de decisiones económicas en el país. Reforma tributaria, reforma educacional, reformas políticas, reforma laboral, reformas al sistema de salud, reformas al sistema de pensiones, son parte de la agenda del actual gobierno, que tiene una peligrosa motivación “refundacional”. En este escenario era ilusorio pensar que no se afectaría las decisiones de inversión, teniendo en cuenta que las citadas reformas generan un escenario futuro con niveles de incertidumbre muy por sobre los normales.

Así, no tiene sentido calificar la reacción de los empresarios como tendenciosa ni mucho menos conspirativa o en defensa de posturas políticas determinadas, la reacción de los empresarios es simplemente pragmática. Este país per se ya está expuesto a mucha volatilidad económica, en la medida que es pequeño y muy integrado comercial y financieramente al resto del mundo, por lo que cambios en el escenario económico externo terminan muchas veces afectando en forma amplificada a nuestra propia economía. Desde esta perspectiva, el éxito en materia de crecimiento económico de las últimas décadas está muy asociado a la calidad de nuestras propias instituciones. Un Banco Central independiente, prestigiado y que mantiene alta credibilidad, una regla fiscal que limita seriamente la discrecionalidad en las decisiones de gasto público del gobierno de turno, o una regulación y vigilancia hacia el sistema financiero que se anticipa a eventuales deterioros sistémicos, son todos activos muy valiosos que hemos construido en las últimas tres décadas y que han permitido atenuar en forma relevante el impacto de los ciclos económicos externos sobre nuestro país.

A lo anterior se debe sumar otro gran activo, la prudencia mostrada por los gobiernos de la Concertación en las reformas político-sociales realizadas a lo largo de sus cuatro primeros períodos presidenciales. La mesura puede haber estado inspirada en “cuidar” la nueva democracia, en una transición compleja, que sin duda heredaba muchos “amarres político-institucionales” de la dictadura militar. Sin embargo, ello tuvo un corolario positivo, cuaal fue el instalar, quizás en algunos casos más por necesidad que por convicción, la llamada Política de los Acuerdos, que permitió realizar importantes reformas en un clima de cooperación constructiva.

Lo anterior es central para entender el reconocido éxito de nuestro país en el último cuarto de siglo. Es cierto que no hemos mejorado la distribución del ingreso, pero hemos multiplicado nuestro ingreso per cápita en 2,5 veces desde el año 1990, y hemos reducido los niveles de pobreza a un tercio de lo que teníamos en dicho año. No solo eso, aunque mucho menos de lo que quisiéramos, hemos realizado importantes avances en educación, salud, vivienda y pensiones, todos temas políticamente sensibles y de gran impacto social.

Dado lo anterior, que resulta difícil de rebatir, ¿qué explica este ánimo tan autoflagelante y refundacional de una parte mayoritaria de la coalición política gobernante? La tesis más probable es la de la “captura” de la clase política en manos de “la calle”. Da la impresión que el mundo político estuviera jugando una especie de reality, donde la “puntuación” de su actuar la determina la calle, y es sólo dándole el gusto a ella que se garantiza la continuidad en el poder. Surge entonces una pregunta fundamental, ¿es “la calle” una muestra representativa del sentir mayoritario de la población? La respuesta es no, tal cual lo muestran las numerosas encuestas aparecidas en los últimos meses, que registran nítidamente una mayoritaria oposición a cambios extremos en el diseño de políticas públicas en educación y mucha aprensión respecto de la relación costo-beneficio de la propuesta de reforma tributaria.

Es probable que la Presidenta Bachelet esté reparando en lo anterior, lo que explicaría el que sea ella la que haya tenido que contener el excesivo ánimo reformista de algunos de sus ministros y de muchos parlamentarios. Pero aunque esto no fuera cierto, la mesura tendrá que venir de todas formas, porque hasta el menos experimentado de los políticos sabe que cuando la economía se cae, al punto de afectar seriamente el empleo y la calidad de vida de la población, el respaldo político ciudadano se mueve en la misma dirección.

Entendiendo que las cifras de actividad que se irán conociendo para los próximos meses serán aun peor a las que hoy espera el mercado, podemos prever que se producirá un golpe de timón en la agenda política legislativa en los próximos meses. Como una manera de recuperar la confianza en la economía, el cambio tendrá que orientarse hacia una agenda menos numerosa, que sacrifique algunas áreas de reforma como la laboral o la de salud, y/o menos extrema en sus propuestas y con mayor prioridad en la búsqueda de consensos amplios. Así, es probable que el fuerte deterioro en el crecimiento tenga al menos un corolario positivo, de manera que se cumpla el conocido refrán: no hay mal que por bien no venga.

Tomás Izquierdo Silva
Gerente General
Consultora Gemines

(Este análisis es parte del informe mensual de agosto de Gemines que se publicó la semana pasada)

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