Desde mañana, los bancos quedarán obligados a prestar al menos 5 de cada 100 pesos que hayan captado de sus depositantes privados (ahorristas o empresas) a las empresas para alentar inversiones. Será en cumplimiento de una disposición oficial derivada de la última reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que el Gobierno impulsó en marzo para poder aumentar el financiamiento de esa entidad al Tesoro, seguir pagando la deuda pública con reservas y tener además la posibilidad de orientar la oferta de crédito.
Esta medida, que tomará cuerpo hoy cuando el directorio del BCRA apruebe la circular correspondiente, fue adelantada ayer por la presidenta Cristina Kirchner y es un intento extremo de generar un «shock» de inversiones que permita a la economía sostener un ciclo expansivo, que muestra a diario evidentes signos de haberse agotado.
Es la primera vez que una medida propiciada por la administración Kirchner involucra recursos de terceros, aun a riesgo de generar un perjuicio patrimonial a los bancos, ya que las condiciones de otorgamiento de los préstamos no se definen según condiciones de mercado, sino que ya están predeterminadas desde un escritorio oficial.
De hecho, según reconocieron a LA NACION desde el BCRA, tanto el plazo como la tasa de interés por cobrar quedarán taxativamente estipuladas en las condiciones de la operatoria a la que quedarán obligados a adherir 31 de los 64 bancos con actuación en el sistema financiero local: los 20 primeros del ranking más todas las entidades que actúan como agentes financieros de las provincias.
Entre esas condiciones se destacan la obligatoriedad de destinar al menos el 5% de los depósitos del sector privado que tengan bajo administración para estos créditos, que, a su vez, deberán ser colocados entre empresas a un plazo nunca inferior a los 3 años y a una tasa de interés fija del 15% nominal anual.
La norma forzará a los bancos a destinar a esta operatoria unos $ 15.300 millones en el lapso de un año, si no quieren quedar expuestos a sanciones.
«Vamos a obligar a los principales bancos a prestar para la inversión en producción de bienes y servicios. Y a pedirles que lo hagan con mucha publicidad», dijo la mandataria, en un discurso pronunciado desde la Casa Rosada, después de dejar inaugurada por videoconferencia una fábrica de pastas en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires (ver Pág. 2).
Paradójicamente, ese emprendimiento contó con financiamiento del Banco Ciudad (dato que la Presidenta prefirió ignorar), es decir, la entidad estatal porteña que corre el riesgo de perder unos $ 7000 millones en depósitos si prospera una iniciativa de los legisladores kirchneristas para quitarle el manejo de los depósitos judiciales del distrito en beneficio del Banco Nación.
Antes de que tomara estado público, la medida fue adelantada a algunos banqueros por la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, en una reunión que ganó en tensión con el correr de los minutos. A ésta fueron convocados representantes de los bancos Santander Río, BBVA-Francés, Galicia y Macro.
Marcó del Pont les recordó que el artículo 3, inciso B, de la nueva Carta Orgánica del BCRA faculta a la entidad a «regular la cantidad de dinero, las tasas de interés y la oferta del crédito». Seguidamente, les informó las líneas generales de la operatoria que la Presidenta haría pública minutos después.
El anuncio tomó por sorpresa a los banqueros. Ocurre que, si bien tenían en claro que los últimos cambios legales le permiten al Gobierno avanzar en este sentido, en las reuniones de trabajo de las que participaron las distintas cámaras del sector en el BCRA en los últimos meses para avanzar en la instrumentación de lo dispuesto en la nueva Carta Orgánica nunca se había mencionado una iniciativa de este tipo. «Se estaba hablando de mejorar la oferta de crédito y analizando mecanismos, como el seguro de tasas, para evitar posibles problemas por saltos en el costo del dinero. Pero hoy se aparecieron con esto», dijo a LA NACION visiblemente preocupado uno de los asistentes a esa reunión.
«¿Qué pasa si no logramos cumplir con la operatoria?» , inquirió un banquero, según pudo reconstruir LA NACION. «El régimen es obligatorio y la respuesta a esa pregunta la pueden encontrar en el artículo 49», le contestaron en el BCRA.
Ese inciso faculta al ente monetario a suspender transitoriamente o revocar la autorización que una entidad tiene para funcionar en el mercado local.
«Necesitamos que los banqueros privados les tengan confianza a los empresarios y les presten. Que no sólo preste la banca pública. Tenemos un sistema financiero solvente, muy líquido, y no me vengan con el cuento de que nadie va a pedir crédito»
CRISTINA KIRCHNER Presidenta de la Nación
$15.300 Millones en juego Es la masa de recursos que los bancos deberían volcar al crédito para inversión en un año, según la norma adelantada ayer..
