El Banco Central (BCRA) revocó intempestivamente ayer la autorización oportunamente otorgada a distintas entidades financieras privadas para que realicen operaciones cambiarias en puertos y aeropuertos de todo el país.
Esa tarea, desde las cero de hoy, sólo podrá ser desarrollada por las entidades públicas, lo que hará que la atención de este tipo de operaciones -al menos por algunos días- pueda ser más problemática de lo que ya es desde la imposición del cepo cambiario, dado que en algunos de estos puntos de acceso o salida del país sólo quedará en funciones un operador (el Banco Nación, en el caso de Ezeiza, por ejemplo) hasta que otros bancos asuman la tarea que hoy cumplen los privados.
«Lo único que tenemos en claro es que nosotros, desde las 24, dejamos de operar en Ezeiza sin haber tenido imputaciones ni notificaciones del BCRA sobre irregularidades», dijeron anoche en el Banco Piano, uno de los afectados por la medida.
El torio del BCRA tomó la decisión con el fin de evitar «prácticas abusivas» en la compraventa de divisas, según explicó la entidad en un comunicado. E incluye fijarles a los nuevos operadores un tope de hasta 500 dólares (o su equivalente en otras monedas) para la compra de moneda extranjera a los no residentes, «por razones de seguridad».
La referencia a «prácticas abusivas» alude a denuncias sobre el castigo que básicamente la casa de cambio Global Exchange (de capitales españoles) aplicaba a los turistas al comprarles divisas con un desagio de hasta 25% respecto del promedio de la cotización oficial.
Esta situación se había hecho habitual en aquellas plazas donde esta compañía enfrentaba menor competencia, como los aeropuertos de Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Carlos de Bariloche, según había advertido el diario El Cronista.
Y en la compañía justificaban el mayor spread entre compra y venta en sus mayores costos fijos, ya que mientras sus ventanillas permanecían operativas «durante todo el tiempo en que hubiera vuelos», en aeropuertos del interior los bancos allí emplazados sólo atienden en «horario bancario».
De allí que el BCRA ahora les exija «brindar un servicio continuo a los usuarios según la demanda proveniente del tráfico de cada terminal». Además estableció que los tipos de cambio minoristas comprador y vendedor ofrecidos por cada entidad pública autorizada a operar en las jurisdicciones citadas «deberán ser uniformes con los que tengan en sus sucursales ubicadas en la ciudad de Buenos Aires o respecto de las radicadas en la ciudad capital de la provincia respectiva».
Lo curioso es que la resolución tomada ayer por el BCRA es genérica, por lo que afecta a otros operadores privados y se adoptó sin que mediaran sumarios previos de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (que ejerce el poder del policía del sistema) por las supuestas infracciones. De hecho, en el expediente que trató el torio para resolver «no había menciones sobre sanciones previas por este tipo de prácticas», reconoció ayer a LA NACION un tivo.
Desde el BCRA argumentan que la revocación para que los privados operen cambios en puntos de acceso o salida del país se adoptó «a partir de un relevamiento conjunto del BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeropuertos (Orsna), que aconsejó avanzar con medidas para afianzar la prevención de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo» en esas terminales.
De allí que «se resolvió requerir a las entidades financieras públicas que mantengan allí casas operativas que cuenten, cada una de ellas, con un oficial de coordinación con idoneidad y atribuciones como para interactuar con los distintos organismos que allí cumplen funciones», explica en el comunicado.
También el BCRA recordó que la reciente modificación de su carta orgánica le otorgó facultades para «proteger a los usuarios de servicios financieros y dictar medidas consecuentes con esa finalidad, como la que aprobó hoy el torio».
