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COP25: la “Teletón” del Gobierno para financiar la cumbre y la carrera contrarreloj para llegar con "anuncios" bajo el brazo

por 24 mayo, 2019

COP25: la “Teletón” del Gobierno para financiar la cumbre y la carrera contrarreloj para llegar con
Todo partió sin sede para hacerla y ni siquiera plata para financiar el evento que reunirá a las principales economías del mundo que sientan las bases para firmar un protocolo de acuerdo (que se oficializará en marzo de 2020) y que plantea una serie de compromisos medioambientales de las naciones que lo suscriben, todo en medio de la urgencia por tomar decisiones globales ante el cambio climático.
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Mucho ruido y pocas nueces. Sería una buena frase para definir lo que estas últimas semanas ha rondado en torno a la realización de la más importante cumbre medioambiental del mundo, la COP25, que tendrá lugar en Chile en diciembre próximo.

Partió sin sede para hacerla y ni siquiera plata para financiar el evento que reunirá a las principales economías del mundo. En ella se sientan las bases para firmar un protocolo de acuerdo (que se oficializará en marzo de 2020) que plantea una serie de compromisos medioambientales de las naciones que lo suscriben, todo en medio de la urgencia por tomar decisiones globales ante el cambio climático.

Suena bien, pero haber traído la cumbre a Chile está apurando el tranco del Gobierno y de su agenda verde, cueste lo que cueste. Ser anfitrión de un encuentro de este tipo y no anunciar ninguna agenda sectorial relevante sería impresentable.

Estas últimas semanas, ha sido foco de tensión el anuncio que haría La Moneda en los próximos días en materia de descarbonización, el que preliminarmente ha sido calificado como tímido por organizaciones ambientales, luego de trascender que el Ejecutivo pretendía sacar fuera de circulación 1.000 MW al 2030.

Los llamados gubernamentales han apuntado a pedirles cooperación a las empresas del rubro, principalmente las generadoras, aunque no todas han podido cumplir con las aspiraciones de Palacio, que, inicialmente, eran las de anunciar en la cuenta pública del 1 de junio plazos específicos del plan.

Pero las compañías del rubro le dijeron al Gobierno que es muy precipitado comprometer en la cuenta los plazos. "Podemos debatir, y si es necesario ponerle fecha a la descarbonización, pero el Gobierno no puede pretender hacerlo si no hay un proyecto de cómo reemplazar esa carga en la matriz. No es llegar y apagar esas centrales", puntualiza un dirigente gremial.

En ese contexto, desde el mercado comentan que ponerle fecha y nombre al cierre ha sido complejo, y que dentro de las firmas más "abiertas" a hacerlo estaría Enel, que habría comprometido conversaciones por Bocamina I, según lo que deslizó el CEO de dicha empresa, Francisco Starace, en entrevistas con medios extranjeros. El acuerdo global se anunciaría el 4 de junio.

Con la agenda de descarbonización floja, los ojos de las diferentes dirigencias gremiales están puestos sobre el mayor problema de los proyectos con impacto verde: la modernización del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

Las expectativas sobre la iniciativa son bastante acotadas. Y las últimas semanas La Moneda se dio una vuelta de carnero en torno a la propuesta. Lo primero había sido admitir a nivel interno que el proyecto iba a complicarse y que caería por su propio peso.

En la antesala, el sector minero, por ejemplo, a través del presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dijo  (en entrevista con El Mercurio) que incluso le parecía poco factible que se aprobara la idea de legislar conociendo la propuesta original de La Moneda –anunciada hace casi un año, en la anterior cuenta pública–.

Desacuerdos con aspectos técnicos como la participación previa (vinculante o no vinculante), las macrozonas, el suprimir o no el Consejo de Ministros, la obtención de permisos mientras se obtiene la Resolución de Calificación Ambiental, son parte de los temas que generan ruido, y de los cuales el empresariado siente que hay poca garantía de debatir con argumentos técnicos.

"Hay tanta pirotecnia política que parece poco probable que se discuta lo importante. Además, el gran problema es que el Gobierno y el Parlamento tienen una idea totalmente diferente en materia ambiental. A los parlamentarios no les gusta la reforma al SEA, al Gobierno sí. Hay desacuerdos sobre el proyecto de delitos ambientales y también sobre el proyecto de ley de glaciales", apunta una fuente.

La sensación de los privados es que la COP25 "obliga" a mostrar una agenda que no se ha profundizado lo suficiente.

En la previa, los comentarios al interior del Gobierno eran que el proyecto del SEA se iba a llenar de indicaciones y que, a la luz del informe de la OIT –que indica que este debe pasar por consulta indígena–, probablemente resultaría en un híbrido con poco futuro.

Pero con la urgencia de la cumbre, los llamados de La Moneda la semana pasada mandataron a que, con o sin acuerdo, el proyecto iría como fuera. Le guste a quien le guste.

La preocupación de los gremios es que la COP25 se convierta en una cumbre solo "para la foto".

"Se supone que las empresas deben tener un rol clave, porque es ahí donde está la capacidad de inclinar la aguja para uno u otro lado", señala un empresario.

Pasar el sombrero

Otro problema de la COP25, que reconoció el mismo Gobierno, es que no había plata para hacerla en Chile.

El 24 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.157, que establece el mecanismo de recaudación de la cumbre. En ella, se contempla que los recursos serán recolectados por la fundación Imagen de Chile y que estos no pueden sobrepasar los US$90 millones.

El encargado de pasar el sombrero en el sector privado es Cristian Varela, hijo del empresario del mismo nombre y amigo de Sebastián Piñera, además de socio de Chilefilms.

Las platas que aporten los privados son clave para el esquema de financiamiento. Así, Varela se ha reunido con gremios y empresas a las que les ha presentado la propuesta: ser una especie de socio VIP, por la módica suma de US$2 milllones.

El objetivo es conseguir US$30 millones de los privados, de los cuales US$10 millones estarían comprometidos, esto pese a que indagaciones de El Mostrador no pudieron comprobar de dónde vendría esa partida.

Los otros US$20 millones provendrían del aporte de diez socios (empresas VIP). El problema de la "Teletón" que se ha montado para la COP es que, pese a que la ley contempla la deducción de impuestos, no existe aún una circular del Servicio de Impuestos Internos que garantice que no se convierta para los donantes en un gasto rechazado.

También hay inquietud por lo alto del monto propuesto. "Es un año bien malo para pasar pidiendo dos millones de dólares", dicen desde una empresa. Y, por otro lado, varias compañías dijeron que no les interesa la publicidad que traiga aparejada la cumbre y que prefieren donar en bloque, de forma anónima y sin precisar montos. Nuevamente esto lleva al meollo del asunto: que si se dona por gremios, ¿cómo se hace efectivo el beneficio tributario?

Otro punto que ha pesado es que Varela es poco conocido entre los gerentes generales de empresas y que, de paso, a las compañías les ha costado entender su idea: no saben bien qué se va a anunciar en la cumbre, quiénes vienen como expositores y qué se va a montar en Cerrillos. ¿Será un hemiciclo, un escenario, stands, parecido a la Fidae, una carpa? Todas, preguntas que le han hecho a Varela diferentes ejecutivos.

La respuesta no ha sido del todo clara. Aunque el ofrecimiento ha resultado bastante "generoso" por parte del Gobierno.

En palabras simples, el espacio de la COP25 se divide en dos territorios: el verde, donde se permite la libre circulación y donde se prevé la presencia de las empresas; y el bautizado como azul, que es el espacio donde se debaten los acuerdos diplomáticos de la cumbre.

Ese lugar es de soberanía de la ONU. Allí se discutirán bemoles del acuerdo transversal que surja de las naciones asistentes. En dicho territorio, que pierde la condición de ser "chileno" mientras dure el evento, no pueden circular personas ni organizaciones.

En efecto, las acreditaciones para moverse en el espacio de la ONU se cerraron en septiembre del año pasado, cuando aún no se conocía la sede de realización de la COP25.

Dentro de la propuesta de Varela ha estado ofrecer parte de los cupos reservados para Chile como país organizador a las empresas dispuestas a poner los US$ 2 millones. Además de darles toda la libertad en el espacio "verde" para desarrollar sus ideas.

CPC o Sofofa, ¿quién lleva la batuta?

Las discusiones al interior de las ramas sectoriales sobre quién en el sector empresarial llevará la batuta en la COP25, han resultado agitadas.

La Sofofa, liderada por Bernardo Larraín Matte, ha sido activa en proponer que sea ella la que actúe como interlocutora con el Gobierno.

En efecto, tempranamente presentaron un documento con el desarrollo de lo que les parece clave para la cumbre y se reunieron con la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Eso, pese a que desde La Moneda habían pedido que el interlocutor fuera la CPC. "Si somos del todo justos, la Sofofa tiene más empresas que conversan con la temática", precisan desde un gremio.

Pese a la intención de Larraín Matte de liderar la conversación, ayer la CPC anunció la creación de una comisión compuesta por siete ramas y que el secretario ejecutivo de dicha instancia será Rafael Palacios (director de políticas públicas de la Sofofa), dejándolos en segundo plano.

Las diferencias Larraín-Swett con relación a cómo pararse frente a la cumbre, han sido conocidas en los últimos consejos, si bien ambos dirigentes han querido suavizarlas a nivel público. Esto, aunque en esta pasada la pelota de la representación empresarial para la COP25 está del lado de la CPC.

Además, las empresas tienen diferentes visiones sobre cómo quieren mostrar al empresariado en la cumbre. "Efectivamente, esto es una vitrina donde van a estar los ojos del mundo y cada cual quiere demostrar que su sector es más relevante en el debate del cambio climático: las empresas de energía, las mineras, las forestales o las empresas de consumo", comenta un dirigente.

Con todo, la COP25 corre contrarreloj y el más atrasado para llegar a diciembre con todo listo, es el Gobierno.

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