Opinión
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, queremos hacer un especial llamado al Gobierno para que analice los actuales sistemas de protección y de regularización de la condición jurídica de mujeres migrantes; merecen un espacio especial de reconocimiento y protección.
Desafiando los estereotipos de género socialmente impuestos, las mujeres migrantes recorren cientos de kilómetros en busca de posibilidades de una vida digna para ellas y sus familias. Este camino a veces lo transitan solas o, mayoritariamente, a cargo de sus hijos u otras personas de cuidado.
Dadas las características de los flujos migratorios actuales y las graves crisis que atraviesan los países tanto de nuestra región –por ejemplo, Haití, Venezuela y Colombia– como de todo el mundo, cada vez son más las mujeres que se ven forzadas a realizar estos trayectos para poder ofrecer un mejor futuro a sus hijas, hijos o a las personas bajo su cuidado.
El Estado de Chile, como suscriptor de las Convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer e Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tiene un especial deber de protección de las mujeres, lo que incluye a las mujeres migrantes.
Creemos que la visa humanitaria para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género debe ser revisada, pues en definitiva no se ha constituido como una herramienta eficaz de protección para mujeres migrantes que sufren de violencia. Es necesario flexibilizar criterios sobre, por ejemplo, el lugar donde se sufrió la violencia y los medios de acreditación de la condición de víctima; además, incorporar a SernamEG en el proceso, y permitir que la visa sea solicitada directamente en el Servicio Nacional de Migraciones.
El sistema de asilo debe ser también examinado: las cifras muestran que entre 2010 y 2021, solo han sido reconocidas como refugiadas 361 de las 9.267 mujeres que han presentado solicitudes para ello; es decir, apenas 3,9%. Es necesario que se tomen en cuenta tanto las situaciones de violencia y discriminación que ellas han sufrido en razón de ser mujeres, como los contextos desde donde ellas vienen, y en definitiva comprender de mejor manera que en nuestra región muchas veces se da el criterio de pertenencia a grupo social que las hace merecedoras del reconocimiento de la condición de refugiadas.
Y, si de protección internacional se trata, queremos enfatizar que nos encontramos ad portas de la creación de la nueva política nacional migratoria, por lo que instamos a la autoridad a que, cuando implemente la figura de la protección complementaria (en cumplimiento del mandato legal dado por la Ley 21.325), lo haga estableciendo un proceso autónomo de otorgamiento de dicho estatuto, donde se permita el reconocimiento por grupos, incorporando dentro de estos grupos a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado y a las mujeres víctimas de violencia en el país de origen.
Consideramos que es urgente que avancemos decidida y comprometidamente hacia la eliminación de la violencia contra todas las mujeres y niñas, lo que incluye a las mujeres y niñas migrantes. Toda la protección debe llegar a todas las mujeres.
