Opinión
El primer paso es demostrar a las empresas que la gestión de reciclaje se basa en Sistemas Colectivos de Gestión confiables que garantizan una gobernanza territorial sólida y transparente. Estos sistemas deben asegurar la trazabilidad de las toneladas recolectadas y valorizadas, cumplir con los informes a la Superintendencia del Medio Ambiente y alcanzar las metas establecidas. El desafío es aún mayor en este primer año, ya que las metas de valorización deben lograrse en el último trimestre.
El 16 de septiembre marcó un hito importante en la historia medioambiental de Chile con la entrada en vigencia de la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) para envases y embalajes. Este acontecimiento representa un viraje significativo en la gestión de residuos, promoviendo la circularidad de ellos tanto antes como después de su consumo.
Esta ley establece una regla clara: todas las empresas que introduzcan al mercado más de 300 kg de envases y embalajes al año deben cumplir con metas anuales de valorización. Para lograrlo, deben unirse a un Sistema Colectivo de Gestión que facilite la correcta gestión de reciclaje de sus residuos.
Uno de los aspectos más desafiantes de la puesta en marcha de esta nueva legislación, es la necesidad de entregar confianza a todos los actores que participan dentro de esta gran cadena de circularidad. Sin confianza, difícilmente se lograrán alcanzar las metas propuestas.
El primer paso es demostrar a las empresas que la gestión de reciclaje se basa en Sistemas Colectivos de Gestión confiables que garantizan una gobernanza territorial sólida y transparente. Estos sistemas deben asegurar la trazabilidad de las toneladas recolectadas y valorizadas, cumplir con los informes a la Superintendencia del Medio Ambiente y alcanzar las metas establecidas. El desafío es aún mayor en este primer año, ya que las metas de valorización deben lograrse en el último trimestre.
La confianza del sector público y la ciudadanía es igualmente esencial. Las autoridades deben comprometerse en la implementación y fiscalización adecuada de la normativa, con un papel crucial asignado a la Superintendencia. Los municipios también desempeñan un rol vital al coordinar rutas de recolección y operar puntos limpios. Los recicladores de base, pioneros en el reciclaje, y las grandes empresas recolectoras y valorizadoras, que aumentarán la capacidad operativa del nuevo sistema, son igualmente importantes.
La ciudadanía debe contribuir también al éxito de la recolección, informándose y cumpliendo con sus responsabilidades en la gestión de residuos en sus hogares.
Para fomentar esta confianza, la transparencia y la comunicación son herramientas indispensables. Informar sobre el progreso y logros alcanzados en relación con las metas propuestas generará un sentido de pertenencia y empoderamiento en la ciudadanía. La transparencia en los informes de las empresas sobre el manejo de sus residuos aumentará la credibilidad y la confianza en esta nueva forma de convivir en comunidad.
La “Ley de Reciclaje” representa una oportunidad única para impulsar una industria circular y más sustentable. No obstante, el éxito de esta normativa dependerá en gran medida de la confianza que se logre construir entre todos los actores involucrados: las empresas, el sector público y la ciudadanía.
