Opinión: una “aclaración” no es igual que un desmentido

Parto por reconocer que en su carta a El Mostrador el señor Sergio Arévalo Macías, Director Subrogante del Instituto Nacional de Deportes (IND), tuvo el buen cuidado de no calificar su misiva como un “desmentido”, porque claramente no lo es. Lo suyo, calificado por él mismo como una “aclaración”, es apenas una serie de explicaciones que sólo buscan que su organismo, y ciertamente su gestión, no queden tal mal parados frente al Ministerio del cual depende y, en último término, ante el Gobierno central, luego de la nota de mi autoría publicada el pasado 28 de abril y que decía relación con el costo que puede significar para el erario nacional la construcción del estadio de Calama.

Y es que en su escrito el señor Arévalo no se detiene en lo central y medular. Tampoco refuta hechos y cifras. Su carta obedece más bien a ese “derecho a pataleo” sagrado para todo habitante de este país y a la obligación que tiene como funcionario público que, pese al alto cargo que desempeña, debe de todos modos responder a esferas superiores.

Comienzo por aclararle al señor Arévalo que en mi nota yo no doy nada por concluido. No es esa mi tarea. El periodismo es una simple fotografía de la realidad y sólo refleja e informa de hechos que sucedieron o están sucediendo. En ese sentido, en lo que usted califica como una “columna de opinión”, yo sólo cumplo con mi deber de informar que el organismo que usted dirige terminó anticipadamente el contrato con Corsan Corvian Constructora S.A. por evidentes atrasos en la concreción de la obra del estadio de Calama y que contrató a otra para terminarlos, pero sin esperar el pronunciamiento o “toma de razón” de la Contraloría, que en dos oportunidades, y mediante dos oficios claramente identificados por lo demás en la nota, le dijo al IND, que usted dirige, que dicha decisión era incorrecta y no apegada a la ley.

Dicho claramente, les quitó la razón a ustedes y se la dio a la empresa, con todas las consecuencias pecuniarias para el Estado Chileno que dicha resolución podría implicar.

Que eso pueda cambiar más adelante es algo enteramente posible. Más aún, deseable. Porque, señor Arévalo, como ciudadano chileno que pago mis impuestos, al igual que millones de trabajadores de este país, yo también llevo velas en este entierro, y créame que no me hace ningún chiste que el IND, en otras palabras el Estado, dilapide dispendiosamente el escaso dinero con el que siempre cuenta para atender aspectos mucho más urgentes que construir estadios que, al final de cuentas, van a ser usados cada dos semanas por Sociedades Anónimas que sólo buscan utilidades, en ningún caso el progreso o la grandeza de nuestro deporte.

Como aficionado al fútbol, no puedo sino preferir estadios hermosos y modernos a recintos ruinosos y hasta anti higiénicos para los deportistas y la gente. Pero, ¿será necesario que le mencione como prioridad la construcción de escuelas, de hospitales o de consultorios e incluso de cárceles para privar de libertad a aquellos que día a día tienen con el alma en un hilo a los ciudadanos decentes de este país?

Porque fíjese que no me calzan muchas de vuestras políticas. Como esta verdadera obsesión por construir coliseos para el goce de privados con dineros estatales. Como aquella de resignar impuestos, que harta falta hacen, para ayudar a financiar las series menores de Sociedades Anónimas que sólo buscan el lucro, y que el día que lleguen a vender un jugador en cifras millonarias se van a repartir el dinero entre los accionistas sin que vaya ni un miserable dólar al Estado. ¿No es eso lo que hace su servicio dándole el pase a siete proyectos de Unión Española Fútbol Joven para que sean financiados mediante donaciones de empresas o particulares que luego rebajarán impuestos?

Tras esa breve pero necesaria disquisición, vamos al tema que nos convoca. Usted, al igual que yo, me imagino, está plenamente informado de la realidad nacional. Seguramente supo, a través de los diarios, la radio o la televisión, que los principales implicados en el denominado “Caso Penta”, estuvieron algunos días recluidos en la Capitán Yáber y que, luego de un recurso interpuesto por sus abogados, pudieron salir para cambiar esa condena por una total reclusión domiciliaria.

Informando eso, nunca escuché que ningún periodista diera el caso por cerrado. Tampoco yo me lo imaginé siquiera, sabiendo que, cualquiera sea la naturaleza de un juicio o de un conflicto, siempre las partes que se sienten perjudicadas apelan a todos aquellos recursos que la ley les franquea. Al contrario de lo que usted afirma, tampoco yo di el caso del estadio calameño por “oleado y sacramentado”.

Usted, en su “carta aclaratoria”, señala que, allegando nuevos antecedentes, piensan recurrir de nuevo a la Contraloría. Como funcionarios públicos es vuestro deber, señor Arévalo. No sólo entiendo que lo hagan. Es más, lo exijo como chileno, que no quiere que el dinero de sus impuestos se malgaste.

Sin embargo, no puedo sino expresar mis dudas también como ciudadano, a la par que como periodista. ¿Qué clase de argumentos ha dado el equipo jurídico de su organismo como para que la Contraloría los haya rechazado no sólo una, sino que ya dos veces? ¿Significa que sus abogados son unos incapaces o unos ineptos? ¿O será que se tomaron livianamente algo serio y no pusieron sus mayores esfuerzos y sus mejores energías en deshacer este entuerto para obtener un pronunciamiento favorable?
Afirma usted que en mi nota yo no abordo los cuestionamientos que la empresa enfrenta por distintas obras, no sólo en Chile, sino que en España y Brasil. Parto por aclararle que no era la vida y milagros de esta empresa el objeto de mi nota. Era más bien el mal desempeño de un organismo estatal que todos contribuimos a financiar.

Tampoco soy Relacionador Público de esta empresa, ni periodista a sueldo de ella, como para que yo salte a romper lanzas en defensa de sus tribulaciones y eventuales perjuicios económicos.

Sin embargo, ya que lo menciona, le cambio a usted el argumento: ¿no era deber y responsabilidad del IND informarse primero acerca de quién era esta empresa con la que firmarían un contrato más que millonario y, por añadidura, directo? Según tengo entendido, Corsan Corviam Constructora S.A. tiene ya 40 años de existencia. En otras palabras, tiempo suficiente como para saber si era o no solvente. Si era seria o, por el contrario, un simple conglomerado de audaces y frescos aventureros.

Resulta que ahora usted se queja amargamente, se declara sorprendido de que, al final de cuentas, Corsan no fuera, según sus dichos, ni solvente ni seria. Que, aparte de evidenciar un inaceptable retraso en las obras del recinto calameño, no les pague a sus empleados y subcontratistas, lo que les está significando afrontar demandas por vuestra responsabilidad subsidiara como Estado.

¿A quién debemos culpar de todo aquello, señor Arévalo? Porque aunque usted no era Director ni Director Subrogante a la fecha de la firma del contrato directo con Corsan, y ni siquiera trabajaba en el servicio, si llegó a él tras el triunfo de Michelle Bachelet como Jefe de la División de Desarrollo, encargada de las obras de infraestructura que financia el IND, lo que significa que, aparte de su deber de monitorear el avance de las obras en el Estadio de Calama, debía velar porque la empresa contratada por su servicio se ajustara plenamente a los términos del contrato.

Me llama la atención, además, que en su carta usted nunca haga mención a las denominadas “boletas de garantía”, que se le exigen a toda empresa constructora, con el fin de que cumpla los plazos establecidos, so riesgo de tener que pagar por eventuales retrasos. ¿Existieron dichas boletas? ¿Alguna vez se hizo efectiva alguna de ellas, considerando que Corsan terminó por hartarles la paciencia? ¿O simplemente no se hicieron efectivas, como tengo entendido pasó con el Dakar, y el Estado, o sea “Moya”, perdió nomás?

Usted aclara, en cambio, que la decisión del IND fue que se le aumentaran los plazos a la empresa, cosa que define como un “error”, y agrega que existe un sumario interno para determinar las responsabilidades administrativas, situación que, según usted, está en conocimiento de la Contraloría.

Ni usted ni yo somos abogados, señor Arévalo. Yo soy periodista y usted un ingeniero, pero ambos tenemos que conocer ese viejo aforismo legal que señala que “a confesión de partes, relevo de pruebas”, ¿verdad? En otras palabras, usted reconoce la responsabilidad del servicio que ahora dirige en calidad de subrogante, por más que intente deslindar responsabilidades señalando a la gestión del anterior Director como la culpable.

¿Y usted, como encargado de la infraestructura del IND, nunca dijo nada? Otra pregunta: ese anterior Director al que usted alude, ¿no es un señor Loyola que, según dicen, se fue porque no dio el ancho a pesar de haber ganado un concurso de Alta Dirección Pública?

No puedo terminar esta nota, o “columna de opinión” si usted lo prefiere, sin detenerme en su introducción a la carta aclaratoria que envió al director de El Mostrador. La frasecita esa de que fui funcionario del IND la considero absolutamente impertinente. Dicho con toda claridad: no venía al caso. Sin embargo, como pienso que tan inconducente acotación no puede ser gratuita, parto por reconocerle que, efectivamente, entre febrero de 2003 (siendo Director del organismo el señor Arturo Salah) y hasta julio o agosto de 2010, presté mis servicios como periodista en el organismo.

Al contrario de lo que usted informa respecto de su persona en la misiva, yo no participé de ningún concurso de dudosa credibilidad. Me llevaron por mi capacidad, cultura, talento y conocimientos adquiridos tras una trayectoria de 40 años en que hasta he sido distinguido como “Premio Nacional” de mi especialidad. Y, señor Arévalo, durante esos siete años me desenvolví dando reiteradas muestras de mi absoluto profesionalismo.

Quiero decirle que ese trabajo que desempeñé en Chiledeportes en ningún caso me inhabilita para desenvolverme ahora en el ámbito de los medios privados. De ninguna manera me impide seguir siendo periodista. Es más: para ganarme la vida, estoy obligado. Y como nunca he pertenecido a ningún partido político (y al respecto doy gracias a Dios, por más que sea ateo), no abrigué jamás ni menos abrigo ahora la más mínima esperanza de pasar a formar parte del directorio de alguna empresa poderosa, como es común entre aquellos que, con voz engolada, nos repiten majaderamente “dejemos que las instituciones funcionen”.

El problema pues, señor Arévalo, es que en este país, para las grandes mayorías al menos, nada está funcionando.