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El “Ester Roa” enfrenta otra vez al IND con la Contraloría

por 15 junio, 2015

El “Ester Roa” enfrenta otra vez al IND con la Contraloría
Al problema con el “Zorros del Desierto”, de Calama, se suma ahora el estadio de Concepción, que de un presupuesto original de 13 mil millones escaló a los 31 mil millones de pesos. Para llegar a esa cifra tuvieron que sumarse la ineptitud de las autoridades del deporte designadas por Piñera y las reiteradas metidas de pata de los mandos que llegaron con Bachelet. Se viene un nuevo sumario…
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“Es uno de los estadios más hermosos que he visto en los últimos años”, dijo a fines de abril Jaime Yarza, jefe de los Mundiales Sub 17 de la FIFA tras la última visita inspectiva del organismo al estadio “Alcaldesa Ester Roa Rebolledo”, de Concepción.

Ya sea porque el hombre fue sincero, o porque fue atendido a cuerpo de rey antes que el escándalo FIFA estallara, convirtiendo en sospechosos a todos sus personeros, el hecho es que el estadio de la Avenida Collao lo impresionó muy favorablemente. Y con razón: el gris recinto anterior dio paso a un coliseo que, con capacidad para 30 mil personas, destaca por su belleza y colorido.

Lo que Yarza no podía saber, entre otras cosas porque los mismos chilenos no estamos mayoritariamente enterados, es que el remozamiento del recinto se ha transformado en un gastadero impresionante de dinero por cuenta del Estado y que, al igual como ocurriera con el estadio “Zorros del Desierto”, de Calama, existe un soterrado conflicto, esta vez con la empresa española Copasa, encargada original de las obras durante el gobierno de Piñera, y las actuales autoridades gubernamentales del deporte.

Dicho claramente, el caso corre el riesgo de judicializarse.

DE MAL EN PEOR

Y es que si bien la Contraloría le dio la razón al Instituto Nacional de Deportes cuando, en junio del año pasado, decidió terminar el contrato con Copasa, por un evidente atraso en la concreción de las obras, de todos modos exigió un sumario interno en el IND luego que detectara procedimientos que no se ajustan a la ley ni al contrato con la transnacional española que, al parecer, en su alegación expuso argumentos de peso para declararse perjudicada.

Es verdad que, como en muchas obras públicas acometidas por el pasado gobierno, todo –o casi todo- se hizo mal, pero como el Estado es la institución permanente, era deber de las autoridades actuales arreglar los muchos problemas dejados por la anterior administración.
Algunos de ellos nos transformaron en el hazmerreír a nivel mundial, acaso porque la estulticia, la arrogancia y la ineptitud juntas suelen ser un cóctel lamentable, como aquel puente basculante del Cau Cau que simplemente no podía funcionar luego que los genios de la empresa constructora no supieron atar ni desatar a la hora de armarlo.

Lo peor es que, aún hoy, el puente no puede ser entregado a la comunidad valdiviana por la empresa española Azvi, encargada de los trabajos por el gobierno de Piñera.

¿Por qué será que siempre que hay problemas se trata de empresas españolas? ¿Tendrá algo que ver que muchas de ellas contribuían al financiamiento del derechista Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, actual presidente de España?

Pero las autoridades que sucedieron a las anteriores tampoco lo hicieron mejor: no sólo continuaron cometiendo errores con enternecedor entusiasmo, sino que han tenido actuaciones y tomado decisiones que perfectamente podrían judicializar el tema y provocar un perjuicio económico enorme para el erario nacional.

Dicho claramente: podría transformar este estadio penquista, que es por lejos el más caro de cuantos el gobierno ha decidido habilitar para presentar una Copa América y un Mundial Juvenil impecables, en un recinto cuyo costo final podría seguir escalando, pero que quedarán luego para el exclusivo disfrute de los clubes transformados hoy en Sociedades Anónimas.

SU ERROR Y OTRO MAS…

¿Cómo se llegó, de los 13 mil millones que calculó, en 2012, el IND dirigido por Gabriel Ruiz Tagle, a los 31 mil millones que finalmente está significando el “Ester Roa”?

Fundamentalmente, por las pésimas decisiones que tomó el gobierno anterior, a saber: realizar un contrato directo con Copasa luego que las dos primeras licitaciones para las obras del estadio, según se dijo, resultaran desiertas; no considerar los antecedentes de la empresa, que tuvo por meses entrampada la construcción de Puente Bicentenario, en la misma región del Bío Bío, y que en España misma puso de cabeza al gobierno de Mariano Rajoy con un retraso de 18 meses en la construcción de la autovía Costa da Morte, en la Coruña, y el retraso de un año en la construcción de una vía del Tren de Alta Velocidad (AVE), que terminó en sonado fracaso; dejar sin inspeccionar los avances de la obra para detectar eventuales retrasos; no hacer efectivas las correspondientes boletas de garantía y, por último, dejar a cargo de la obra al IND tras la primera licitación fallida en lugar del Ministerio de Obras Públicas, asumiendo una responsabilidad por completo ajena a su ámbito de acción y que, para colmo, le quedó como poncho al ex presidente de Blanco y Negro, designado por Piñera Director de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle.

Como si todo lo anterior fuera poco, consta que Gabriel Ruiz Tagle jamás se preocupó mayormente del lento ritmo de las obras. Cuando estas debían tener un avance de al menos un 50 por ciento, pero por contraste sólo iban en un 11 por ciento, consultado por la prensa por el evidente retraso en el remozamiento del “Ester Roa”, se limitó a responder muy suelto de cuerpo que “no me preocupa mayormente.

Tenemos la certeza que el estadio estará listo para la Copa América”.
Es que, sacando cuentas, sabía de sobra que, cuando el evento finalmente llegara, él ya no iba a estar en el cargo para que le pidieran explicaciones.

DE LA DESIDIA AL OLVIDO

Mucho menos, por cierto, se preocupó quien sería luego Ministro del Deporte en los últimos meses de la administración Piñera, luego de la derrota de su bloque político en la elección presidencial que enfrentó a Michelle Bachelet con la abanderada de su sector, Evelyn Matthei.

Después de todo, su cercanía con el deporte tiene que ver más con razones económicas y políticas que con el deporte mismo.

Es que, de la existencia de este empresario sólo se vino a saber luego que encabezara la Sociedad Anónima Blanco y Negro, que tomó la concesión de Colo Colo. Y reflotó en la pauta noticiosa sólo hace algunos días, luego que declarara abiertamente su deseo de competir en las próximas municipales por la alcaldía de Providencia.

Con tal actuación de Copasa, era natural que las nuevas autoridades del IND se preocuparan. Así fue como mediante la resolución N° 1.223, del 12 de junio de 2014, la Dirección Regional del Bío Bío del Instituto Nacional de Deportes, por mandato obvio de la Dirección Nacional, puso término anticipado al contrato denominado “Normalización Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, Concepción”.

Posteriormente, a través de su resolución N° 1.753, del 28 de agosto de 2014, la Dirección Regional del IND aprobó el acta de liquidación del referido contrato.

COPASA MUESTRA SUS CARTAS

Copasa, más allá de sus faltas y su clara ineficiencia, no podía dejar de reaccionar. Fue así como los abogados José Miguel Cabrerizo Carvajal, Javier García Aguirre, y Mariana Soldavini Amaro, en representación de la empresa, recurrieron a la Contraloría.

En lo sustancial, alegaron que “la demora en el desarrollo del convenio obedeció a las indefiniciones y falencias del proyecto y a la falta de respuesta oportuna de la inspección técnica de obras de los requerimientos de información (RDI) que su representada formuló al IND durante la ejecución de los trabajos”.

En otras palabras, a la absoluta desidia de Ruiz Tagle y sus boys, preocupados casi exclusivamente de corridas multitudinarias, cicletadas y viajes en comitiva a París por el tema Rally Dakar con fondos fiscales, por cierto.

Nunca se supo qué provecho sacó el deporte chileno de esos viajes.

La Contraloría, tras llegar a la conclusión que el término anticipado del contrato se fundó en un informe evacuado por la Dirección de Arquitectura, Región del Bío Bío, de fecha 30 de abril de 2014, en el que se advirtió un retraso de un 50 por ciento en las obras, pero además de eso falta de secuencias constructivas en los diversos frente de trabajo, bajas medidas de seguridad, escasa mano de obra directa y material disponible en terreno, y actividades críticas con bajo porcentaje de avance, consideró que el término anticipado del contrato se ajustaba plenamente a la ley.

Y es que, consideró, además, un informe de la División de Desarrollo del IND, de fecha 2 de mayo de 2014, que aparte de ratificar el retraso en el avance de las obras, agregaba otros incumplimientos: actividades detenidas; tareas inconclusas; sectores que podrían abordarse coordinadamente y en paralelo, pero que se estaban realizando en serie, lo que aumentó los tiempos de ejecución al producir rutas críticas ficticias o innecesarias y, por último, frentes de trabajo claramente abandonados o con personal insuficiente.

LA CONTRALORIA SALOMONICA

Y aunque la Contraloría determinó que todo ello era efectivo, les dio la razón a los representantes de Copasa respecto de que, efectivamente, nunca se dio una respuesta oportuna a los RDI, y que el IND entregó un proyecto con errores, omisiones y falencias, lo cual contravenía los principios de eficiencia y eficacia previstos en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Determina también la Contraloría, de acuerdo a los antecedentes entregados por Copasa, que el IND, ya con las autoridades designadas por el gobierno de Michelle Bachelet, realizó actuaciones tendientes a poner término al contrato de mutuo acuerdo, en circunstancias de que concurrían en la especie las causales de término anticipado, lo que no resulta admisible. También, que el IND descontó del monto que debía pagarse al contratista sumas por los valores de las cauciones otorgadas por fiel cumplimiento del contrato, no obstante que, con anterioridad, ya había hecho efectivas las boletas de garantía que resguardaban dichos conceptos.

En otras palabras, está cobrando dos veces.

SE EXIGE UN SUMARIO

Por todo ello es que, con la firma de Patricia Arriagada Villouta, Contralora subrogante, el organismo supervisor le da al IND un plazo de 20 días para responder por todas esas metidas de pata, aparte de instruir el correspondiente sumario.

Como se ve, a la ineptitud de las autoridades del gobierno anterior se sumó la desprolijidad absoluta de las actuales autoridades del IND, que suman, gracias al “Ester Roa”, otro round con la Contraloría luego de las pésimas decisiones adoptadas respecto del estadio de Calama.

Al interior del IND, no tienen duda de que en el sumario tendrá que caer, indefectiblemente, su actual Director subrogante, Sergio Arévalo, también involucrado con el tema estadio “Zorros del Desierto”. Y es que –dicen- “a su actitud prepotente y claramente anti sindical, suma una deplorable conducta al mando del organismo. Fue puesto allí sólo porque es muy amigo de la ministra, Natalia Riffo, pero no tiene aptitudes para el cargo. Pero como en los tiempos que corren nada de ello parece importar, hasta lo están premiando para que concurra a los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá. Todo, por cierto, con cargo al servicio”.

Pero Arévalo no será el único que disfrutará de un viaje soñado. Fuentes del IND señalaron que “a Toronto viaja una comitiva de diez personas, en circunstancias que a los Juegos Panamericanos anteriores, de Guadalajara 2011, sólo lo hicieron cinco. Con todos los problemas que tuvimos con él, Ruiz Tagle incluso fue más austero que las actuales autoridades. Es más: tenemos información que el ítem del año para viajes ya estaría prácticamente gastado. ¿Qué dice La Moneda de todo esto?”.

LAS CRITICAS AL COLISEO DE CONCE

Pero a pesar de que la empresa Claro Vicuña y Valenzuela, que remplazó a Copasa, pudo cumplir con los requerimientos de plazos fijados por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) para la Copa América, trabajando a marcha forzada, el remozamiento del “Ester Roa” ha dejado molestos a muchos, debido a su altísimo costo.

El diputado penquista Jorge Sabag señaló al respecto que “Concepción se merece un estadio de nivel mundial, pero pagando un precio justo y no un sobreprecio de más de 10 mil millones de pesos. La pregunta es: si el Estado, que estuvo dispuesto a pagar ese sobreprecio, ¿va a estar dispuesto a pagar un sobreprecio para terminar proyectos sociales que llevan años esperando en la región?”.

Agregó Sabag: “Con esos 10 mil millones que se pagaron de más podríamos costear miles de viviendas sociales a comités que llevan años esperando, terminar hospitales, la construcción del puente que conecta Dichato con Cobquecura, kilómetros de pavimentación de caminos básicos, cientos de conexiones de agua potable a familias de sectores rurales y un sin fin de proyectos que la ciudadanía aún espera”.

CADA PARTIDO COSTARA 10 MIL 500 MILLONES

No son pocos los que estiman, además, que no valía la pena una inversión tan alta para acoger sólo tres partidos de la Copa América: uno de cuartos, uno de semifinales y la disputa del tercer puesto. Sacando cuentas, cada partido tendrá un costo de aproximadamente 10.500 millones de pesos.

Hay otros que exponen números aún más globales: la remodelación con cargo a fondos públicos de siete de los nueve recintos en que se disputa el torneo totalizan $ 110 mil millones. En dólares, unos 176 millones.

¿Se justificará tanta generosidad para recintos que después van a ser utilizados sólo dos veces en el mes por los clubes Sociedades Anónimas? ¿Sociedades Anónimas que, aparte de disponer de una infraestructura que a ellos no les cuesta ni un solo peso, les cobran luego lo que quieren a los aficionados por las entradas?”.

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