[VIDEO] ONG «En Marcha», lanza video en contra del control preventivo de identidad

Según la ONG, esta ley contiene el espíritu de la detención por sospecha utilizada por la dictadura cívico militar chilena, avalando abusos policiales que llevaron a múltiples violaciones de derechos humanos. Hoy surge una nueva discusión en torno a este tipo de iniciativas, pero ahora presentándose dentro de un marco de justificación de un proyecto antidelincuencia.

Si bien las tasas de delitos en nuestro país son las más bajas de América Latina e incluso entre los países que integran OCDE, el sentimiento de inseguridad de la población sigue en aumento ¿Qué hace que en Chile sea tan alta la percepción de inseguridad? ¿Quiénes son los que se sienten tan inseguros? ¿A qué le tememos tanto como sociedad que ubicamos a la delincuencia en segundo lugar de importancia, por sobre la salud, la vivienda, el acceso a la cultura, el deporte?

No es coincidencia que los noticieros de nuestro país comiencen mostrando sistemáticamente robos, portonazos y bandas juveniles, exponiendo sólo una forma de ver la juventud y la pobreza, catalogándoles como peligrosos, violentos y sospechosos. Son los jóvenes más pobres de nuestro país quienes deben cargar no solo con el peso de la estigmatización generada, sino también con un sistema político y económico que los condena a optar por un estilo de vida delictivo como vehículo para acceder a un tipo de sociedad que el mercado les ofrece día a día -dime cuánto consumes y te diré cuánto vales-, seduciéndolos para alcanzar el “éxito” a través de la obtención de bienes y
estatus que para la mayoría de las y los chilenos con sus ingresos no sería accesible, quedando como alternativa solo el endeudamiento o la obtención ilícita de los productos deseados.

Vivimos en un país desigual que violenta, con derechos a los cuáles accedes según el dinero que tienes, que tolera y absuelve a delincuentes de cuello y corbata pero al mismo tiempo licita nuevas cárceles que se llenan con los más pobres de Chile, un país que criminaliza a los jóvenes cuándo se organizan, se manifiestan y movilizan, estigmatizándoles, excluyéndolos y condenándoles.

Quieren sustentar la necesidad de esta Ley, en la búsqueda por parte de las policías de quienes tienen causas pendientes o se encuentran prófugos, que son aproximadamente 66.000 personas, pero involucrando a los 17 millones de personas (la población aproximada actual en Chile), lo que resulta bastante incoherente y a la vez un gasto ilógico de recursos.

Visto de esta forma podemos decir que el proyecto de Ley no apunta a la prevención del problema integral que significa para todos los sectores del país la realidad delictiva, sino a avalar la inseguridad ante lo distinto, con afán de control social, ocupando la “mañosa” percepción de peligrosidad instalada en la clase media de nuestro país, aportando a la discriminación por características físicas, vulnerando derechos, limitando la participación de quienes se ven “distintos”.

La delincuencia no se combate con represión ni abuso policial, se aborda con más oportunidades, inclusión, participación incidente, desarrollo cultural y acceso a una educación de calidad y gratuita para todos y todas, es decir, un país con justicia social.