Crisis política arrastrada desde diciembre terminó con la abrupta salida del coronel retirado, a quien el gobierno de Brasil evalúa concederle asilo político. Su sucesor, Alfredo Palacio, anunció la convocatoria de una asamblea constituyente.
Ecuador vivió ayer, miércoles, un nuevo capítulo de su inestabilidad política tras la remoción del presidente Lucio Gutiérrez, quien se transformó en el quinto gobernante de ese país que desde 1997 no logra terminar su mandato.
Gutiérrez, quien fue reemplazado por el vicepresidente, Alfonso Palacio, alcanzó a gobernar sólo 825 días, en una gestión que estuvo marcada por los constantes conflictos con aliados, opositores, indígenas y bloqueos parlamentarios.
Su salida, tras una semana consecutiva de protestas, comenzó a gestarse luego que las Fuerzas Armadas le quitaran el respaldo, la renuncia del jefe policial, Jorge Poveda, argumentando que no podía seguir prestándose para que continuara el «enfrentamiento con la población».
El anuncio militar precipitó la decisión de un Congreso «paralelo -al que asistieron mayoritariamente parlamentarios opositores y que antes había destituido a su propio presidente, Omar Quintana-, para que aprobara una decreto que cesaba de su cargo a Gutiérrez.
El parlamento se reunió en el Centro Internacional de la Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ceispal), edificio que fue rodeado por manifestantes que también que exigían que «se vayan» a todos los políticos, a los que responsabilizan de la crisis política.
Origen de la crisis
El conflicto que terminó con la abrupta salida de Gutiérrez, tras una semana de intensas presiones de la ciudadanía, se desencadenó en diciembre pasado, cuando parlamentarios oficialistas aprobaron una norma que reestructuraba la composición de la Corte Suprema.
Esa reestructuración, que fue considerada por la oposición una violación de la independencia de los poderes del Estado, pese a que su objetivo declarado era impedir una politización de la Corte, provocó primero una tensión política.
La crisis se intensificó cuando el nuevo presidente de la Corte Suprema anuló los juicios por presunta corrupción que se seguían contra los ex presidente Bucaram y Noboa y el ex vicepresidente Alvaro Dahik, quienes regresaron a Ecuador a principios de este mes de abril.
Asilo en Brasil
Durante la jornada ayer, hubo una serie de especulaciones en torno al destino de Gutiérrez. Mientras algunas versiones indicaban que evaluaba pedir refugio en Panamá, otras señalaban que ya había sido detenido en virtud de una orden de la Fiscalía, que pretende que responda por la represión ordenada en los últimos días.
Sólo en la noche se confirmó que el gobernante se encontraba refugiado en la embajada de Brasil y que el gobierno de este país estudiaba concederle el asilo político. El ministro consejero de la legación, José Fuiza, admitió que el gobernante "tema por su vida".
En tanto, el embajador de Ecuador en Brasil, Diego Rivadeneira, señaló que se trataba de "una institución tradicional entre los países americanos que se da generalmente por razones humanitarias", por lo que desestimó que una medida de esa naturaleza afectara las relaciones bilaterales.
«El asilo es una institución respetada porque está en las convenciones de las cuales Ecuador y Brasil son miembros. Es una institución, además, que ha servido a los países americanos para ayudarse mutuamente», añadió.
Asamblea constituyente
Mientras tanto, el nuevo presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, sumó el respaldo del alto mando militar y anunció la posibilidad de plantear una asamblea constituyente «dentro del marco constitucional y la legalidad".
Tras pasar unas cinco horas retenido por numerosos manifestantes que le pedían la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones en los locales del Ceispla, donde juró el cargo, Palacio se trasladó al Ministerio de Defensa.
Palacio repitió que su país ha «entrado en la legalidad constitucional» y «hemos refundado la Patria», al tiempo que señalaba que «vivimos en un Estado obsoleto», por lo que proponía «hacer una reestructuración profunda del Estado».
Palacio insistió que no es un político y que nunca ha pertenecido a un partido, por lo que recalcó que durante su Gobierno «no será manejado ni manoseado por nadie» y prometió «un Gobierno de concentración, pero no con la participación de políticos, sino con la participación ciudadana».
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