Después de más de cien días de protestas del sector rural y varios «cacerolazos» en las ciudades más pobladas, la presidenta del país, Cristina Fernández, puso la medida a consideración del Parlamento.
La Cámara de Diputados de Argentina continúa este sábado el debate sobre los polémicos impuestos a las exportaciones de granos en una sesión que comenzó el viernes y promete extenderse varias horas más por la cantidad de oradores previstos.
Después de más de 14 horas de deliberaciones, los legisladores proseguían el análisis del esquema impositivo aplicado por el Gobierno en marzo último y que desató una serie de protestas del sector agropecuario.
Durante la noche, el oficialismo anunció nuevas modificaciones al proyecto mediante el cual el Ejecutivo busca ratificar las retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol.
Sin embargo, la oposición insiste con que la resolución debe suspenderse, tal como reclaman las cuatro principales entidades rurales del país, que desde hace casi cuatro meses mantienen un duro pulso con el Gobierno por este asunto.
Más de medio centenar de los 257 miembros de la Cámara de Diputados han dado a conocer sus posturas durante el debate y aún quedaban unos 30 oradores inscritos, por lo que se presume que la votación puede llevarse a cabo después del mediodía.
Los líderes de las patronales agropecuarias siguieron las primeras discusiones por televisión, pero durante la madrugada se hicieron presentes en la sede del Parlamento y se ubicaron en un palco de invitados.
Mientras, desde el viernes por la tarde miembros de agrupaciones afines al Gobierno permanecen en las inmediaciones de la sede del Parlamento, que fue rodeada por un vallado y es custodiada por decenas de efectivos y vehículos policiales.
Horas antes del comienzo del debate, las asociaciones rurales advirtieron de que existen «muchas posibilidades» de que reanuden las protestas que llevaron a cabo en los últimos meses en caso de que los diputados aprueben el proyecto impulsado por el Ejecutivo.
La iniciativa, que en caso de ser aprobada por la Cámara de Diputados deberá pasar por el Senado, mantiene el esquema impositivo que rige desde marzo para las exportaciones de granos, pero amplía las compensaciones que ya había dispuesto el Gobierno para los pequeños y medianos productores.
La mayoría de los legisladores de la oposición y algunos del oficialismo se alinearon detrás de un proyecto que reduce la carga impositiva, mientras que otras fuerzas y los dirigentes agrarios directamente proponen suspender la aplicación de las retenciones móviles.
El viernes, el gobernante Partido Justicialista (peronista) y sus aliados lograron reunir el quórum necesario para abrir la sesión tras varias horas de arduas negociaciones.
Después de que el Ejecutivo aumentase en marzo la presión fiscal sobre las exportaciones de granos, las organizaciones agrícolas hicieron cuatro huelgas comerciales y bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento de alimentos y materias primas para la industria.
Después de más de cien días de protestas del sector rural y varios «cacerolazos» en las ciudades más pobladas, la presidenta del país, Cristina Fernández, puso la medida a consideración del Parlamento.
EFE
