Ambas naciones trasladaron este lunes sus enfrentamientos al escenario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la que Tiflis pidió ponga fin a la supuesta limpieza étnica en las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia. Moscú se defendió de las acusaciones georgianas al aducir que su intervención militar tuvo como objetivo el establecimiento de la paz y la ayuda humanitaria, sin discriminación racial o étnica.
La Corte Internacional de Justicia celebró hoy la primera de las audiencias públicas en las que hasta el miércoles los dos países vecinos expondrán si es necesario o no que la Corte ordene medidas urgentes contra Rusia para poner fin a supuestos actos de discriminación en territorio georgiano.
La solicitud de estas medidas precede a la tramitación por parte de los jueces de la denuncia que Tiflis presentó el pasado 12 de agosto ante este tribunal de Naciones Unidas.
En esa demanda, Georgia mantiene que desde principios de la década de los noventa y hasta la reciente invasión de parte de su territorio, Moscú ha apoyado la limpieza étnica de ciudadanos georgianos por las fuerzas separatistas en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, mediante el suministro de armas, el reclutamiento de mercenarios e incluso la intervención directa de sus tropas.
Además, denuncia la campaña de expulsión de la población georgiana y pide a la Corte que ordene de «forma urgente medidas provisionales para prevenir daños irreparables que eximan a los georgianos (…) de su derecho a regresar» a sus hogares.
En su solicitud de medidas provisionales, Georgia estima que «tras la invasión que comenzó el pasado 8 de agosto, la Federación Rusa ha asumido el control sobre Osetia del Sur, Abjasia y otras áreas adyacentes en el territorio de Georgia».
Tiflis acusa a Rusia de «violencia psíquica» sobre georgianos, de ataques a sus casas y propiedades y del desplazamiento de 128.000 personas de etnia georgiana desde agosto pasado, a lo que se sumarían los desplazamientos forzosos de unos 300.000 georgianos desde la década de los noventa.
La viceministra de Justicia de Georgia, Tina Burjaliani, encabezó la delegación de su país, mientras que la rusa fue dirigida por el director del departamento legal del Ministerio de Exteriores, Roman Kolodkin.
Rusia se defendió hoy de estas acusaciones aduciendo que la Convención Internacional Contra la Discriminación Racial en la que Georgia basa su denuncia no puede aplicarse en este caso.
Kolodkin explicó que su país en ningún momento ha actuado de forma discriminatoria en este conflicto, por lo que pidió a los jueces que «remuevan este caso de su lista general».
El representante ruso puntualizó que, en todo caso, «hablamos de una disputa sobre uso ilegal de fuerza, pero no de discriminación racial».
Por eso instó a la CIJ que se «declare sin jurisdicción» para arbitrar en este litigio, con el que Rusia y Georgia trasladan sus disputas sobre el terreno al escenario del máximo órgano judicial de la ONU.
También aclaró que «las fuerzas rusas en ningún momento han controlado el territorio georgiano y no han ejercido jurisdicción sobre su población», por lo que calificó de «absurdas» las exigencias de su país vecino.
El representante ruso añadió además que su país «no tuvo más alternativa que tomar parte en este conflicto», el cual, según su postura, fue «iniciado el pasado 7 de agosto por Georgia».
«No tuvimos más opción que usar la fuerza», argumentó, al añadir que la presencia militar rusa en Georgia desde el pasado agosto fue una respuesta al «inicio de las hostilidades» por parte de Tiflis.
Acusó a Georgia de lanzar «un ataque bien planeado» y expresó su «pésame» a todas las familias de «la gente afectada».
Un profesor de la Universidad de París, Alain Pellet, añadió en favor de Rusia que «no existe una disputa con Georgia», como demuestra el «constante silencio» de este país desde los noventa sobre posibles denuncias de naturaleza discriminatoria.
Georgia volverá a contestar mañana los argumentos presentados hoy por Rusia, quien el próximo miércoles cerrará la ronda de audiencias, abriendo un período de deliberación de los jueces que durará al menos varias semanas.
EFE
