«Nosotros entendemos que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser integral, y eso incluye el lavado de activos, en el que los países tienen que dejar de lado las fronteras», afirmó el presidente de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro.
Las operaciones para lavar dinero procedente del narcotráfico en Perú sumaron unos 5.000 millones de dólares entre 2003 y lo que va de este año, dijo este martes el presidente de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro.
En declaraciones a los medios durante el simposio «Asuntos legales relacionados a la investigación de narcóticos y el lavado de activos», Pizarro destacó que en los últimos cinco años se detectaron tan solo en el sector financiero movimientos sospechosos por valor de 1.600 millones de dólares.
A esta cantidad se debe añadir unos 3.400 millones de dólares que se manejaron en sectores «subterráneos» durante ese mismo período, añadió Pizarro, sin dar detalles.
«Nosotros entendemos que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser integral, y eso incluye el lavado de activos, en el que los países tienen que dejar de lado las fronteras», afirmó Pizarro.
Para el «zar antidroga» peruano uno de los mayores problemas que afronta esta lucha es el crecimiento del consumo de drogas, especialmente en Europa, donde el fortalecimiento del euro ha reducido su costo relativo y eso implica un mayor flujo de dinero ilícito en la economía.
«Hay más dinero en la droga, y por eso tienen que ver donde lo ponen y como lo lavan, lo que incluye remesas internacionales, casinos, el sector de la construcción», afirmó.
En el encuentro también participó el fiscal de la unidad de investigaciones especiales de la ciudad de Nueva York, Daniel Zambrano, quien explicó las medidas que se dan en esa ciudad para luchar contra el lavado de activos.
En ese sentido, Zambrano destacó como los métodos más efectivos para pelear contra el narcotráfico la vigilancia electrónica y la interceptación telefónica, así como la información vertida por informantes dentro de las organizaciones criminales.
«Si la intervención telefónica funciona y se cumple con la legalidad, los narcotraficantes no tienen forma legal de luchar contra la evidencia», señaló el fiscal.
Sin embargo, añadió que el uso de estas técnicas para la investigación ha de considerarse con cuidado, pues son costosas y pueden atentar contra varios derechos de los ciudadanos.
EFE
