«Hubo sucesos que resultaron en la pérdida de vidas, así como limitaciones por el régimen de facto de la libertad de movimiento, asociación, expresión y asamblea», sostiene un informe.
El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó hoy tanto las violaciones de derechos humanos ocurridas en Honduras durante el mandato del presidente Manuel Zelaya como tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, el Departamento de Estado reconoció que tras el golpe de Estado hubo sucesos que resultaron «en la pérdida de vidas, así como limitaciones por el régimen de facto de la libertad de movimiento, asociación, expresión y asamblea».
Entre otros abusos cometidos antes y después del derrocamiento de Zelaya, el estudio incluye denuncias de asesinatos cometidos por policías, agentes gubernamentales y antiguos policías, violencia contra detenidos y corrupción e impunidad de las fuerzas de seguridad.
Además, el documento alerta sobre la politización del sistema judicial, la erosión de la libertad de prensa, la violencia contra las mujeres y niños y el tráfico de personas.
El informe presta especial atención a la situación de la prensa en el país centroamericano y afirma que tras el golpe de Estado, el régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti «utilizó decretos y otras medidas para restringir la libertad de expresión».
Una de las tácticas utilizadas por el régimen de Micheletti fue la interrupción de las emisiones de canales de televisión internacionales cuando contenían «comunicaciones del presidente Zelaya o miembros de su administración».
También se recurrió a «actos violentos y otras formas de intimidación contra los medios de comunicación y los periodistas».
El documento del Departamento de Estado también denunció que «antes del golpe de junio, el Gobierno dio sustanciales cantidades de dinero a algunos miembros de la prensa que cubrieron sus historias en la manera solicitada. El régimen de facto al parecer continuó esta práctica».
«El Gobierno ejerció considerable influencia en los medios impresos a través de la concesión o negación de publicidad oficial financiada públicamente», precisó.
