«No hay necesidad de extenderlo porque el país está retornando a la calma paulatinamente», sostuvieron las autoridades.
El Gobierno de Ecuador anunció hoy que no extenderá el estado de excepción que decretó por cinco días el pasado jueves, tras la sublevación policial que derivó en la retención durante casi un día del presidente del país, Rafael Correa.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, en declaraciones reproducidas por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, indicó que el estado de excepción concluirá a la medianoche de este martes.
«No hay necesidad de extenderlo porque el país está retornando a la calma paulatinamente», señaló Mera tras remarcar que «el Gobierno está muy, muy entristecido» por la revuelta policial.
De su lado, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, hizo un llamamiento, «muy sentido, al conjunto de la sociedad ecuatoriana para mantener la unidad por la democracia y por un Gobierno electo legítimamente».
«Lo que pasó el jueves es muy preocupante y no podemos decir que podemos estar tranquilos, debemos tener mucha cautela y estar muy alerta», advirtió el canciller.
Por su parte, el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, señaló que se revisarán todas las pruebas posibles para identificar a los promotores de la rebelión policial.
«Se está revisando, por ejemplo, los vídeos, el material fotográfico, se está haciendo un registro de todas las personas que estuvieron en el Regimiento Quito y todos aquellos que plegaron a la acción», agregó Carvajal en declaraciones recogidas por el canal Ecuavisa.
No obstante, el secretario jurídico de la Presidencia aclaró que la investigación apunta a las personas que promovieron los hechos de violencia y las agresiones contra las autoridades, especialmente contra Correa.
El pasado jueves, el mandatario ecuatoriano permaneció retenido casi todo el día en un hospital policial aledaño al Regimiento Quito, donde se concentró la revuelta, y fue liberado por la noche tras una operación militar que incluyó un tiroteo con los sublevados.
Mera precisó que no se sancionará a los policías que fueron «engañados» por los promotores de la revuelta.
El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, a cuyo cargo está también la Policía, confirmó que se han efectuado cambios en el Regimiento Quito Número Uno, que incluyen el retiro de armas a ciertos miembros de su personal.
Jalkh comentó que se ha reubicado a personal de tropa de esa unidad policial, así como a oficiales que «ya no comandan grupos» y que han sido asignados a tareas administrativas «bajo vigilancia interna».
A su turno, el fiscal general, Washington Pesántez, reiteró que se sigue con las investigaciones sobre los sucesos del pasado jueves y dijo que se maneja como hipótesis el presunto «secuestro» del presidente Correa por parte de los insubordinados.
La Fiscalía también investiga la presunta tentativa de magnicidio contra Correa, quien ha recalcado que durante la sublevación policial, a la que ha calificado como «intento de golpe de Estado», pudo haber un «plan B» que era matarle.
De todas maneras, dijo el fiscal Pesántez, tras las investigaciones y los procesos respectivos, los responsables de los hechos serán «sancionados conforme al código penal».
