Parlamento hispano votó a favor de restringir la ley de jurisdicción internacional
La medida, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, responde a las quejas presentadas por Israel, Estados Unidos y –más recientemente– por el gigante asiático. Este último, exigió que se «clarifique» el rechazo de anular las órdenes internacionales de detención contra cinco ex líderes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin, por la represión en el Tíbet. Beijing es el mayor tenedor de deuda pública española.
Los partidos opositores españoles acusaron al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de «priorizar las relaciones comerciales por sobre los derechos humanos», en el marco de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial –aprobada ayer en el Congreso de ese país– y que restringe la persecución de crímenes internacionales, la cual entrará en vigor en menos de cuatro meses.
La rapidez con que se tramitó la norma, que busca limitar la capacidad de los jueces españoles para investigar y procesar delitos bajo la ley de jurisdicción universal, responde a las presiones provenientes de Israel (por su presunta responsabilidad en el lanzamiento de una bomba sobre el barrio palestino de Al Daraj, donde murieron 15 personas), Estados Unidos (querella presentada contra funcionarios y abogados estadounidenses por el supuesto entramado jurídico de Guantánamo) y China (por el genocidio cometido en el Tíbet durante las décadas del 80 y el 90, por el que está procesada la cúpula del entonces gobierno chino, incluyendo al ex presidente Jiang Zemin).
Recientemente, el gobierno chino pidió a España que ‘clarifique’ la situación: «Hemos visto lo que se ha publicado y hemos pedido a la parte española que clarifique el asunto», sostuvo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hong Lei.
La Audiencia Nacional notificó el miércoles que rechaza el incidente de nulidad presentado en enero por el fiscal de esta Corte, Pedro Martínez Torrijos, sobre las órdenes internacionales de detención dictadas en noviembre contra cinco ex líderes chinos, entre ellos Jiang Zemin o el ex primer ministro Li Peng.
«Este tema es un asunto delicado para China porque afecta a los intereses fundamentales y a los sentimientos nacionales (…) si las informaciones son ciertas, entonces China expresa su profunda insatisfacción y firme oposición», acotó el portavoz chino.
En 2006 la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella presentada por dos organizaciones tibetanas: el Comité de Apoyo al Tíbet y la Fundación Casa del Tíbet, y un lama de nacionalidad española, Thubten Wangchen.
«Esperamos que la parte española adopte una actitud adecuada hacia este asunto, para que no se envíen señales erróneas a las fuerzas separatistas antichinas y no se les dé ninguna oportunidad. Y España debería tomar medidas concretas para prevenir que se repitan acontecimientos similares (…) espero que el gobierno español sepa cómo resolver este problema que incide en el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales«, sentenció la autoridad asiática.
Beijing, es el mayor tenedor de deuda pública española.
Con el fin de evitar conflictos diplomáticos, el gobierno español junto al Partido Popular (derecha) impulsaron esta nueva ley que restringe la persecución de crímenes internacionales a los casos en los que el presunto responsable fuera español o extranjero con nacionalidad española o residente en el país. Como, asimismo, establece que será necesario que la Fiscalía interponga la querella y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado.
Si bien España nunca pudo juzgar los crímenes de su guerra civil y dictadura franquista, su sistema judicial marcó un hito al condenar en 2005 al represor argentino Adolfo Scilingo. A ello, se le agrega lo realizado por el juez Baltasar Garzón, quien dictó una orden de detención en contra del dictador Augusto Pinochet y contra represores argentinos.
Luego vendría una causa relacionada con la muerte del camarógrafo español José Couso, asesinado en Bagdad en 2003 durante el ataque del Ejército estadounidense al hotel Palestina.
Según consigna Página 12, «otros casos internacionales en poder de los tribunales españoles son: la querella por el genocidio de Ruanda de los años 90; la acusación contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por el genocidio de la población maya de Guatemala (1999), y el genocidio de la población saharaui (1976-1988). La matanza de civiles en Gaza ocurrida en 2002, por la que está acusado el ex ministro israelí Benjamin Ben Eliezer; y el genocidio cometido en el Tíbet durante las décadas del 80 y 90, por el que está procesada la cúpula del entonces gobierno chino, incluyendo al ex presidente Jiang Zemin».
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por Rajoy, cuenta con el rechazo de Amnistía Internacional y una decena de organizaciones de derechos humanos.
Al respecto, la diputada socialista Soraya Rodríguez señaló que «es inconstitucional, una ley no puede cerrar un proceso que ya está en marcha. Les pido que retiren esta propuesta que afecta la reputación del país» que pasa «a la cola en la persecución de estos crímenes».
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, aseguró que «el PP tiene el honor de aprobar un Punto final y una Obediencia Debida” (…) es una «vergüenza intercambiar relaciones comerciales por derechos humanos y que directamente se está derogando la jurisdicción penal internacional».
En la vereda de enfrente, el vocero del Partido Popular, Alfonso Alonso, admitió que la iniciativa es necesaria para evitar «disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos».
