Rodrigo Gularte fue ejecutado al mismo tiempo que los australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran, el ghanés Martin Anderson, el indonesio Zainal Abidin y los nigerianos Raheem Agbaje, Silvester Obiekwe Nwaolise y Okwudili Oyatanze, todos acusados de tráfico de drogas, que en Indonesia se castiga con la muerte.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff manifestó este martes su «profunda consternación» por la ejecución del brasileño Rodrigo Gularte, condenado por narcotráfico por la Justicia indonesia, y lo consideró un «hecho grave» en la relación bilateral.
En una nota oficial, el Gobierno indicó que Rousseff envió varias cartas al Gobierno indonesio solicitando que la pena fuera conmutada debido al cuadro de esquizofrenia que sufría Gularte, pero lamentó que cada una de ellas fuera ignorada y que el ciudadano brasileño haya sido ejecutado hoy en la prisión de Nusakambangan.
«Lamentablemente, las autoridades indonesias fueron insensibles frente a ese apelo de carácter esencialmente humanitario», indica la nota, la cual recuerda que Gularte fue el segundo brasileño ejecutado en Indonesia, después del fusilamiento de Marco Archer Cardoso Moreira, en enero pasado.
Gularte fue ejecutado al mismo tiempo que los australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran, el ghanés Martin Anderson, el indonesio Zainal Abidin y los nigerianos Raheem Agbaje, Silvester Obiekwe Nwaolise y Okwudili Oyatanze, todos acusados de tráfico de drogas, que en Indonesia se castiga con la muerte.
El comunicado dice que durante los once años que Gularte pasó en una prisión recibió «la debida ayuda consular» y tuvo una asistencia jurídica «sistemática» por parte de las autoridades de Brasil, que buscaron «alternativas» legales a la pena de muerte, «en observación de la Constitución y las leyes de ese país».
Según la nota, «la ejecución de un segundo ciudadano brasileño constituye un hecho grave en el ámbito de las relaciones entre los dos países y fortalece la disposición brasileña de llevar adelante, en los organismos internacionales de derechos humanos, los esfuerzos por la abolición de la pena capital» en el mundo.
Tras la ejecución de Cardoso Moreira, el pasado 17 de enero, la presidenta Rousseff ya había reaccionado con «consternación» e «indignación» y llamó entonces a consultas al embajador brasileño en Yakarta, quien todavía no ha regresado a su puesto.
En febrero, ante la indiferencia de Indonesia a sus pedidos de clemencia, Rousseff se rehusó a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de ese país asiático en Brasil.
El diplomático indonesio Toto Riyanto debía entregar sus cartas credenciales junto a nuevos embajadores de otros países, pero a última hora fue informado de que la presidenta no las recibiría.
«Creemos que es importante que haya una evolución de la situación para tener claro en qué condiciones están nuestras relaciones con Inonesia», declaró Rousseff al justificar su decisión.
En respuesta, el gobierno de Indonesia también llamó a consultas a su embajador y presentó un protesta formal a las autoridades brasileñas por un «gesto» que consideró «inaceptable».
