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Destitución de Puigdemont y elecciones antes de seis meses: el Senado de España aprueba la aplicación del artículo 155 para hacer frente a la crisis por la independencia de Cataluña

Destitución de Puigdemont y elecciones antes de seis meses: el Senado de España aprueba la aplicación del artículo 155 para hacer frente a la crisis por la independencia de Cataluña

El presidente del gobierno español podrá destituir al de la Generalitat de Cataluña y ordenar la disolución del Parlamento catalán como parte de un paquete de medidas para hacer frente al desafío independentista de esa comunidad autónoma.


El presidente de España podrá destituir al presidente de la Generalitat de Cataluña y ordenar la disolución del Parlamento catalán como parte de un paquete de medidas para hacer frente al desafío independentista de esa comunidad autónoma.

La decisión fue tomada este viernes por el Senado español minutos después de que el Parlamento catalán aprobara iniciar el proceso para «constituir una República catalana como Estado independiente» de España.

El paquete de medidas recibió el voto favorable de 214 senadores, mientras que 47 votaron en contra y uno se abstuvo.

Según explicó el propio presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la autorización para disolver el Parlamento catalán tendría como objetivo permitirleconvocar a elecciones en la región «en un plazo máximo de seis meses».

Cuando compareció ante el Senado para solicitar la aprobación de las medidas, tomadas al amparo de artículo 155 de la Constitución española, el mandatario aseguró que su intención es celebrar las elecciones «lo más pronto posible».

Según la disposición, el ejercicio de dichas funciones corresponderá «a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el gobierno de la Nación».

Las medidas limitan además las competencias del Parlamento catalán, pues su presidente ya no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat y su plenario no podrá celebrar debate ni votación de investidura.

«Estas son (las medidas) más importantes. Hay otras», destacó el propio Rajoy, quien ahora tendrá que reunirse con su Consejo de Ministros para decidir sobre la aplicación de las mismas.

El gobierno en Madrid también está autorizado a intervenir los organismos y servicios de la comunidad autónoma, incluyendo los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica.

«Con mesura y eficacia»

Rajoy anunció un Consejo de Ministros ordinario a las 17:00 (hora local) y otro extraordinario una hora más tarde, e informó que volverá a realizar una conferencia de prensa «de noche».

Se espera que dicho consejo ratifique de inmediato esta medida sin precedentes en la democracia española.

Simpatizantes de la independencia de Cataluña celebran la decisión de su parlamento.

«El gobierno tomará las medidas que corresponda, esta misma tarde, para recuperar la legalidad. Les digo a todos los catalanes que las cosas se harán bien, con mesura y eficacia», prometió sin embargo Rajoy.

«No estamos dispuestos a que haya gente que quiera liquidar nuestra Constitución. Tranquilidad, el estado reaccionará y estaremos a la altura de las circunstancias«, aseguró el mandatario.

No estamos dispuestos a que haya gente que quiera liquidar nuestra Constitución. Tranquilidad, el estado reaccionará y estaremos a la altura de las circunstancias»

Mariano Rajoy, presidente del gobierno español

Por su parte, la Unión Europea (UE), partidaria de evitar secesionismos en el bloque, aseguró que «España se mantiene como único interlocutor».

«Para la UE nada cambia», escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, agregando: «Espero que el gobierno español favorezca el uso de la razón y no de la fuerza».

Del referendo a la peor crisis

En el último mes el gobierno español y el catalán han ido tomando decisiones que derivaron en lo que hoy es la peor crisis política que vive el país ibérico en cuatro décadas.

Parles Puigdemont en el Parlamento catalán.

La situación estalló con la convocatoria a un referendo sobre la independencia que se celebró el pasado 1 de octubre.

La votación fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y los intentos de la Guardia Civil por impedir el sufragio y hacerse con las urnas produjeron escenas de violencia.

Según cifras de las autoridades catalanas, cerca de 2,3 millones de ciudadanos (aproximadamente un 30% de la población) votaron en el referendo, con un 90% de ellos expresándose a favor de la independencia de la Cataluña.

Fue amparado en ese mandato que el Parlamento catalán aprobó el inicio del proceso con el que quiere convertir a Cataluña en una república independiente.

Tras la moción, aprobada con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco, Puigdemont hizo una llamada a los ciudadanos para «mantener el pulso del país».

En un breve discurso, el líder catalán pidió los ciudadanos y a los cargos electos que «continúen fortaleciendo las bases» de «una sociedad que siempre respondió pacíficamente y cívicamente».

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