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Créditos: Reuters
La prohibición debería aplicarse a todos los productos, incluidos los componentes, y a todos los niveles de producción, desde la extracción o la cosecha hasta la fabricación, así como a los productos fabricados en la UE y a las exportaciones de la UE.
La Comisión Europea propuso este miércoles una prohibición en la Unión Europea (UE) de los productos fabricados con trabajo forzoso, legislación que se sumará a la presión actual de Estados Unidos sobre China.
Si bien en la propuesta no se nombra a ningún país en especifico, sigue en pie una petición de ley del Parlamento Europeo sobre el mismo tema, donde se manifestó la preocupación por los derechos humanos en la región china de Xinjiang.
Esto debido a las acusaciones a Pekín de abusos contra los uigures, una minoría étnica mayoritariamente musulmana, en Xinjiang, incluidos los trabajos forzados masivos en campos de trabajo. Estados Unidos, que acusa a China de genocidio, introdujo en 2021 una ley que prohíbe ampliamente la importación de productos de Xinjiang.
Por su parte, China niega los abusos en la región, zona importante para la producción de algodón que también suministra materiales para paneles solares.
La propuesta de la UE destaca los 27,6 millones de personas en el mundo que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizaron trabajos forzados en 2021, un 11% más que en 2016.
Así, la Comisión Europea propone que las agencias nacionales de los 27 miembros de la UE determinen si se ha utilizado trabajo forzado para fabricar un producto. De ser aprobada la ley, la Comisión publicará orientaciones en un sitio web para guiar a las autoridades aduaneras.
La prohibición debería aplicarse a todos los productos, incluidos los componentes, y a todos los niveles de producción, desde la extracción o la cosecha hasta la fabricación, así como a los productos fabricados en la UE y a las exportaciones de la UE.
Se estima que la nueva ley podría no provocar grandes cambios en los flujos comerciales, sin embargo, aumentaría la presión sobre las empresas para que controlen las cadenas de suministro.
La diputada europea de los Verdes, Anna Cavazzini, acogió con satisfacción la amplia propuesta, pero expresó su preocupación por que los productos sólo se bloquearan al final de una investigación y dijo que la carga de la prueba no recaía en las empresas tras las acusaciones de trabajo forzado, como ocurre en Estados Unidos.
Es casi seguro que el Parlamento Europeo y los Gobiernos de la Unión Europea modificarán la propuesta y tendrán que ponerse de acuerdo antes de que entre en vigor.
