Cualquier sistema de ayudas estudiantiles universitarias resulta ser un chiste de mal gusto si parte de la base que con 57.290 pesos al mes una persona -que más encima va a estudiar- puede vivir tranquilamente, y que, por lo tanto, cualquier peso sobre esa línea es «destinable» para pagar por el bien educación, bien que se considera opcional de la misma manera que si se tratara de comprar un aparato de TV o de escoger mantequilla en vez de margarina.
Pues bien, más de cinco años se demoraron los dos últimos gobiernos en hablar públicamente, aunque sea de manera parcial, del colapso del así llamado Fondo Solidario de Crédito Universitario. Este fondo, creado bajo el gobierno de Aylwin y siendo Ministro de Educación el mismo Ricardo Lagos, quedó establecido por la ley 19.247 del 4 de febrero de 1994 y, como sistema, es continuador del crédito fiscal impuesto a partir de 1981 por la dictadura y sus chicago boys.
El punto de fondo es que desde esa época hasta la fecha se ha optado políticamente por no variar un ápice la sustancia del asunto: la educación universitaria es un bien por el que se paga individualmente. Se paga ahora o se paga mañana. La sociedad políticamente organizada (el vapuleado Estado) simplemente se limita a actuar, cuando más, como prestamista de un crédito que permita, si se le recibe, costear en algo el cada vez más elevado precio de los aranceles universitarios. En algunos casos, precios más justificados que otros, más aún en el caso de las universidades «en serio» -mayoritariamente públicas- donde existen precios inferiores al costo real de una docencia de calidad, ligada a la investigación y la creación, con profesores a tiempo completo y otras yerbas ineficientes para «el negociado» pero eficaces para una misión universitaria que no sea de fantasía.
Ahora bien, en términos reales NO existe la educación gratuita y nunca ha existido. El costo que ella demanda debe ser cubierto de alguna manera. Entonces, el punto de fondo es el CÓMO la sociedad se organiza, o, más bien, cómo desea hacerlo, para que este bien se imparta y se reparta, buscando con ello promover una determinada formación cultural y valórica en sus miembros y en su organización. Más aún si se trata de aquel nivel educacional -el así llamado superior- que puede otorgar capacidades de conducir y de re-pensar a esa misma sociedad. Así, resulta bastante obvio que detrás del actual sistema crediticio para acceder a la universidad «pública» habita una concepción desintegradora de la idea misma de universidad, pero sobre todo del concepto de comunidad, es decir, de la responsabilidad, los deberes y los derechos que éste supone. En el fondo se nos obliga a configurarnos como una sociedad egoísta, discriminadora, excluyente, no democrática y desencajada de sí misma.
Y es tan ilustrativa la aplicación de éste «dar crédito» y darlo «sólo a los que -supuestamente- más lo necesitan», que las 57 lucas de las que hablamos ponen en evidencia que el sistema está diseñado a favor del que puede pagar… al contado. Los otros son (somos) sólo un error, un defecto de la sociedad que hay que atenuar. Y el catecismo dice: como en una rueda sin fin, los pobres de ayer financiarán a los de hoy, y estos a los de mañana -claro está, siempre y cuando sean pobres «merecedores» que hayan sorteado todas las pruebas posibles en sus cortas vidas- y así, por los siglos de los siglos, amén.
Así se cumple con el dogma de la subsidiareidad y se dejan intactas las claves del actual modelo: la educación es un bien privado y no social, y su acceso es un privilegio fundamentalmente económico, jamás un derecho. De paso, se pueden hacer muy buenos negocios con la educación -tipo estafa de preferencia- sin ningún tipo de control, porque el credo también reza que la más mínima regulación es sólo una rémora del socialismo, y eso ya esta out, ¿no?
El debate recién se empieza a abrir y el verdadero conflicto está comenzando. Pero hay que decirlo claramente: esta apertura, inédita en años, no ha sido ningún regalo de nadie. Ella es el resultado objetivo de un movimiento estudiantil que por más de cinco años no sólo ha levantado justas demandas por las cuales se ha movilizado, sino que además, éste ha sido capaz de avanzar en crear y poner en la mesa respuestas coherentes, actuales y necesarias para un país «justo y bueno para todos» (sic). Tal es el caso, entre otras, del Fondo Nacional de Arancel Diferenciado y Becas de Apoyo -materia para una próxima columna- propuesta que es una forma concreta y realmente solidaria de restituir a la educación su dignidad de bien social, de derecho humano básico y de espacio democratizador y constructor de la sociedad humana.
