El próximo 31 de julio entraría en vigencia el D.S. 855 del Ministerio de Salud que restringe la comercialización de productos naturales, hierbas y complementos nutricionales a las cadenas farmacéuticas, siendo estos ahora vendidos como medicamentos (Medicamentos Complementarios, Título III). De ser efectiva esta situación Chile corre serio peligro de ser uno de los pocos países del mundo donde no exista libertad para acceder a los productos naturales. Esta medida que no ha sido ampliamente difundida, se vincula a la prohibición desde 1991 para informar sobre las bondades de los productos naturales, pese a que existen estudios que avalan su efecto en la prevención de enfermedades.
Un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentran naturistas, productores, consumidores y ecologistas, intentan que el Ministerio de Salud ordene una moratoria a la aplicación de este decreto y de esta forma realizar debates e informar a la ciudadanía de lo que significa en la práctica. Sencillamente, los productos naturales, complementos alimentarios y hierbas, tales como la uña de gato, el betacaroteno, etc. -si se da curso a este decreto- sólo podrían ser vendidos por los consorcios farmacéuticos.
Esta moratoria debe extenderse hasta que se definan con claridad las dudas planteadas desde el punto de vista de la ética, la normativa constitucional, legal, ambiental y las normas sobre los derechos de las minorías, con el fin de trabajar en una propuesta que refleje la diversidad de la sociedad civil.
Tal situación obedece al intento de grandes conglomerados para coordinar una campaña mundial destinada a obstaculizar e impedir la difusión de información referida a los beneficios de estos productos. Desgraciadamente, tras la aparente fachada de normalización y fiscalización, con la que todos concordamos, advertimos fuertes presiones económicas del sector farmacéutico para controlar monopólicamente el manejo de los productos naturales.
Los consumidores no podemos perder nuestro derecho a elegir libremente qué medicina y qué tratamiento seguir, sea éste natural o de drogas químicas. En cambio, con el polémico decreto un ciudadano sólo podrá acceder a lo que sea comercializado por las farmacias.
La presión económica por parte de los consorcios farmacéuticos ha sido concretada en la imposición del Codex Alimentarius que actúa como la máxima regla en materia de alimentación. Este tema que recién comentamos en nuestro país, ya ha sido abordado por países como EEUU, Japón y últimamente Francia, que han decidido rechazar la imposición del Codex, prevaleciendo el derecho de la ciudadanía a elegir.
* La autora es miembro del Instituto de Ecología Política.
