Si algo podría reprocharse al gobierno es no haber informado de las presiones a las que se vio sometido y que condicionaron sus líneas de acción contra su voluntad. Dicho de otra manera, lo que hay que reconocer es que hoy los gobiernos no son libres frente a los poderes económicos.
El caso McDonald’s ha puesto nuevamente en el tapete la cuestión de las relaciones entre poder económico y poder político, más allá de cualquier error comunicacional o de eventuales descoordinaciones entre miembros del gobierno.
Por supuesto que la prensa opositora ha destacado este último aspecto, y lo mismo ha hecho la oposición política. Ambas han ocultado el problema de fondo: la presión que ejercen grupos económicos o empresas sobre un gobierno, muchas veces ayudadas por personeros cercanos a ambos polos o que desempeñan funciones en ambos lados.
Es normal que mantengan silencio sobre ese aspecto mientras concentran los dardos sobre el Ejecutivo, porque reconocer lo otro sería denunciar una práctica permanente del sector privado y el predominio de los intereses económicos por encima del bien público.
Si algo podría reprocharse al gobierno es no haber informado de las presiones a las que se vio sometido y que condicionaron sus líneas de acción contra su voluntad. Dicho de otra manera, lo que hay que reconocer es que hoy los gobiernos no son libres frente a los poderes económicos.
Lo que ocurrió es tan simple como grave:
1 El Estado, a través de sus organismos pertinentes, tomó una decisión de bien público que afecta a una empresa o una parte de ella responsable del daño potencial que podría causarse.
2 La empresa afectada, mediante uno de sus asesores que también es asesor informal del gobierno, hace ver que esto daña su imagen y pone en riesgo sus inversiones en Chile.
3 El Estado se ve amenazado por una situación que podría provocar desconfianza en los inversionistas extranjeros, dada la presencia mundial de la empresa afectada, y comete el error comunicacional a que se ha referido el ministro José Miguel Insulza. Esto provoca una situación confusa en que la gente puede perder la confianza en las agencias estatales encargadas de velar por la salud pública en este caso.
La pregunta crucial, entonces, es quién es el culpable que originó tal situación, y la respuesta es indudable: la empresa que ejerce la presión sobre el Estado aprovechando los contactos que tiene para ello.
Como hemos dicho, desde el punto de vista del gobierno el problema reside en no informar completamente de esta situación de la que no es responsable (éste sí que es un error comunicacional). También lo es la excesiva cercanía entre algunos colaboradores e intereses económicos, lo que igualmente puede provocar desconfianza en las decisiones públicas.
Por supuesto, la expuesta no es una situación generalizada, aunque por desgracia lo ocurrido con McDonald’s no es el único caso de ese tipo. Así lo muestra el apoyo que algunas autoridades de gobierno ofrecieron a un grupo económico chileno en un litigio legal en un país vecino, Perú. Pero es necesario llamar la atención sobre algo que hemos manifestado muchas veces: en Chile los intereses y grupos económicos ejercen demasiadas presiones sobre los gobiernos y usan para ello agentes que están demasiado cercanos a unos y otros.
Nadie puede dudar de la independencia y rectitud de las máximas autoridades del Estado y el gobierno, y así lo ha mostrado en todos los casos el Presidente Lagos. Pero hay que tomar medidas que eviten situaciones como ésta, que someten al gobierno a presiones indebidas frente a las cuales no siempre tiene los instrumentos para hacerles frente.
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