La renta de los recursos naturales constituye el excedente del proceso productivo, y el tema central del desarrollo es qué hacer con él. En el caso de Chile ha sido regalada a los grupos económicos, a través de los distintos marcos regulatorios sectoriales, o la ausencia de ellos.
En estos días, a través de distintos medios de comunicación, se ha desarrollado una serie de polémicas públicas que aparentemente no tienen relación alguna, pero en realidad ponen en evidencia la discusión central en torno al desarrollo chileno reciente y el llamado modelo económico. Esto se refiere a la renta de los recursos.
Los empresarios de la madera han puesto el grito en el cielo debido a la actitud «irresponsable y antipatriótica» de organizaciones ecologistas preocupadas por la depredación del bosque nativo como consecuencia de su sustitución por plantaciones de pino y eucalipto, las cuales han osado promover un sello de certificación ambiental (el FSC) para los productos de madera chilenos. Es peor si estos ecologistas han llevado la campaña hacia los mercados externos.
El gobierno se ha involucrado en la polémica, por supuesto del lado del sector empresarial, diciendo nada menos que «habrá bosque nativo por mil años».
Al mismo tiempo, la empresa transnacional Exxon, con ingresos a nivel mundial mayores que el PIB chileno, anunció la venta de la minera Disputada de Las Condes, que fue comprada en aproximadamente 100 millones de dólares en 1978 y fue vendida hoy en más de mil 300 millones de dólares. En ese lapso no ha pagado nunca impuestos de primera categoría, porque supuestamente Disputada habría experimentado pérdidas.
Ante el evidente perjuicio patrimonial, el gobierno trató infructuosamente de lograr que la empresa pagara a lo menos tributos por la venta, e incluso anunció el envío de una indicación en el proyecto de ley para convertir a Chile en plataforma de inversión, de manera de cerrar el vacío legal.
No obstante, esta propuesta generó un rechazo generalizado en los poderes fácticos. Incluso Hernán Hochschild, presidente de Sonami, salió públicamente en defensa de Exxon y argumentó que el cambio en las reglas del juego sería negativo para el país. Nadie cuestionó su patriotismo.
Otro antecedente es la reacción violenta de la industria del salmón por un video que elaboró la Fundación Terram sobre el sector y los aspectos sociales y ambientales asociados. Si bien esta posición era conocida, la industria reaccionó cuando se supo que el video sería enviado al exterior. La Asociación de Salmoneros no sólo se ha movido a través de los medios de comunicación logrando que un importante matutino dedique una editorial al video y a la «organización ecologista que trabaja con oscuros financiamientos en contra del interés nacional».
También se ha reunido con algunas instituciones, lo cual claramente apunta a estrangular el financiamiento de Terram.
Otra polémica, aunque más soterrada, se encuentra en la nueva Ley de Pesca, actualmente en discusión en el Congreso. Esta incluye la propuesta de cuotas individuales por armador para los próximos 15 años, lo que significa nada menos que privatizar los recursos del mar otorgando un patrimonio asociado a la renta del recurso estimado en más de mil millones de dólares.
El denominador común de estas polémicas y la virulenta reacción empresarial se asocia a la renta de los recursos naturales. En los últimos 15 años el modelo exportador chileno ha estado sustentado en la apropiación por los privados de la renta del recurso. No solo no existe cobro o regulación relevante para la internalización de los costos ambientales, lo cual significa un subsidio implícito, sino que derechamente no se pagan impuestos, como el caso de la minería, o se subsidia directamente la actividad, como el caso forestal a través del DL 701.
La renta de los recursos naturales constituye el excedente del proceso productivo, y el tema central del desarrollo es qué hacer con él. En el caso de Chile ha sido regalada a los grupos económicos, a través de los distintos marcos regulatorios sectoriales, o la ausencia de ellos en el ámbito ambiental, además de subsidios y franquicias tributarias. Esto no es necesariamente malo en la medida que la sociedad en su conjunto tenga claridad sobre la opción que se ha tomado.
En el caso de Chile, la apuesta era que los privados, y especialmente los grupos económicos, lograrían generar un proceso dinámico de crecimiento utilizando la renta apropiada. En los primeros años pareció que funcionaba, especialmente en el período de 1990 a 1997, cuando la tasa de crecimiento del PIB superaba el 7 por ciento.
En esa época había una discusión bastante amplia sobre la segunda fase exportadora, que hacía hincapié en un proceso con mayor valor agregado. Es decir, la esperanza era que la renta apropiada por los grupos económicos se utilizaría para financiar una segunda etapa de desarrollo. No obstante, esto no ocurrió, y el empresario chileno se mantuvo estancado en la fase primaria.
Luego de la crisis asiática quedó en evidencia que los sectores de recursos naturales estaban experimentando retornos a escala decreciente, debido a la sobreinversión, límites físicos o restricciones externas. Más que problemas en la economía internacional, lo que ha ocurrido es que el ciclo de expansión en las actividades asociadas a los recursos naturales actualmente explotados ha concluido, dejando atrás la apropiación de rentas para beneficio privado y sin que se haya logrado la bullada segunda fase exportadora.
Además, este proceso ha significado una serie de desequilibrios bastantes evidentes en el ámbito social y ambiental, como la alta desigualdad y la contaminación.
La reacción del sector empresarial chileno ante la situación actual no ha sido arriesgarse en nuevas actividades o en mayor innovación -como lo haría el empresario schumpeteriano de los libros de texto- pues en esencia se mantiene como una clase rentista. Lo que ha ocurrido es que a través de distintos medios ha presionado al gobierno para lograr mayores beneficios, estrujando las posibles rentas que quedan.
Por lo tanto, no constituye una sorpresa que la consigna del día sea menores impuestos, mayor flexibilidad laboral, menores regulaciones y más privatizaciones, temas reiterados majaderamente por los empresarios, los supuestos economistas top y los parlamentarios vinculados a los grupos económicos.
Lamentablemente, la reacción del gobierno ha sido atender estas presiones, que se ven claramente expresadas en la mal denominada Agenda Pro Crecimiento.
Hoy es el momento de revisar la actual estrategia de desarrollo, de manera que se base en criterios de sustentabilidad y conserve los equilibrios sociales y ambientales. También debe generar un proceso de desarrollo virtuoso que sea más equitativo y no socialmente excluyente, con una clase empresarial que tome riesgos, sea innovadora y muestre responsabilidad social.
De otra manera, estaremos condenados a ciclos de crecimiento económico asociado a la explotación del recurso natural de moda, sin que de ello resulte nada permanente ni tangible salvo el enriquecimiento de uno o de otro grupo económico.
* Director de Estudios de Fundación Terram
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