En esta senda la sociedad chilena ciertamente no dará un paso atrás, pues la lógica de no hacerse responsables de los daños ambientales, ya sea por destrucción de los ecosistemas y recursos naturales o por contaminación, no sólo afecta a todos los chilenos, sino a otras actividades productivas y finalmente al desarrollo.
El derecho a definir la forma del desarrollo nacional es un derecho democrático que corresponde a todos los chilenos, así como en las negociaciones internacionales se definen los acuerdos sobre las reglas sociales, ambientales o comerciales que determinarán el desarrollo internacional.
Durante las últimas semanas, los medios de comunicación en Chile han destacado diversas campañas ecologistas vinculadas a la industria forestal, la salmonicultura y el megaproyecto Alumysa entre otros. Han dado gran relevancia al contenido crítico y al nivel internacional de dichas campañas.
Simultáneamente, algunos medios han emprendido una intensa campaña antiambiental, incluyendo editoriales que demonizan a los ecologistas y a las políticas ambientales contenidas en nuestra legislación, culpándolas de la crisis económica y de representar intereses foráneos. Las políticas ambientales son definidas como «trabas y exigencias de alto costo» y «restricciones al desarrollo industrial y productivo».
Los funcionarios gubernamentales, caracterizados como agresivos inspectores, tampoco escapan a la crítica.
La descalificación se extiende al sector político: se asegura que la legislación ambiental y el trabajo de los ecologistas ha sido «facilitado por el irresponsable comportamiento de los partidos políticos, que se han limitado a seguir una moda que está perjudicando el desarrollo de la inversión y el empleo».
Curiosamente, los mismos editorialistas y columnistas resaltan la positiva compatibilidad entre desarrollo económico y protección ambiental en los países con exigentes normas ambientales, con un largo recorrido en el uso de tecnologías limpias y con una gran presencia de los ciudadanos, incluídos los grupos verdes, en las decisiones de política pública.
Estos argumentos resultan totalmente contradictorios con su rechazo a la legislación ambiental chilena, a la cual tildan como «gran obstáculo al crecimiento».
Ideológicamente, los editorialistas rechazan la normativa y las políticas públicas como herramientas de regulación y protección ambiental, y destacan que «el mercado libre con propiedad, al promover el crecimiento, contribuye al cuidado de los recursos». Señalan al mercado como único instrumento para el logro del desarrollo.
Con una economía casi exclusivamente dependiente de los recursos naturales, nuestro país inició tímidamente los primeros pasos de un desafío estratégico: permitir que el territorio nacional y su base de recursos pueda mantenerse en cantidad y calidad para sustentar a los chilenos del presente y del futuro.
Desde fines de los ’80, y con dificultad, la sociedad chilena ha logrado poner en la discusión pública la necesidad de parar la destrucción irracional del patrimonio natural, y enfrentar seriamente la contaminación ambiental que afecta seriamente a poblaciones cercanas a las faenas mineras, forestales y pesqueras, y a la mayoría de la población nacional que habita en grandes ciudades, incluida la capital.
La preocupación nacional por el tema ambiental corresponde claramente a una inquietud por la salud y el bienestar de la población, y como necesidad para sustentar el desarrollo nacional. Esta preocupación se hace más persistente y se instala en la discusión nacional como parte del proceso de transición democrática.
Los derechos al medio ambiente y al desarrollo son de todos los chilenos. Incluso el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación está consagrado como una garantía constitucional en nuestro país. La elaboración de una ley marco sobre el medio ambiente, como la ley 19.300, el pequeño avance en el establecimiento de normas de calidad y de emisión y las reformas pendientes en la legislación sobre recursos naturales son algunos de los instrumentos que aseguran este derecho.
En Chile entendemos que algunos sectores políticos y empresariales quieren seguir apoyando o realizando negocios sin internalizar
los costos ambientales, pues durante muchos años las actividades productivas no tuvieron esa obligación legal. Pero si queremos alcanzar un desarrollo justo, saludable y que pueda sustentarse en el tiempo, se deben asumir estos compromisos. Lo contrario significa un estupendo negocio para las empresas y un pésimo negocio para el país. ¿Por qué? Porque se continuaría destruyendo el patrimonio natural y contaminando, es decir, privatizando los beneficios del uso del ambiente y externalizando los costos a la sociedad, los que deberán ser asumidos por los chilenos de hoy y los del futuro.
En esta senda la sociedad chilena ciertamente no dará un paso atrás, pues la lógica de no hacerse responsables de los daños ambientales, ya sea por destrucción de los ecosistemas y recursos naturales o por contaminación, no sólo afecta a todos los chilenos, sino a otras actividades productivas y finalmente al desarrollo.
Hoy día no son solo las organizaciones ecologistas o las comunidades afectadas por un proyecto las que mantienen la discusión ambiental en la esfera pública: también se han sumado sectores empresariales cuya actividad no puede desarrollarse si otra empresa monopoliza el uso del agua o contamina el aire, la tierra o los ríos.
En los últimos años, además de los conflictos de ecologistas, comunidades locales e indígenas con el sector empresarial, hemos asistido a grandes confrontaciones entre ramas empresariales: los empresarios agrícolas y mineros en el valle del Huasco; Celulosa Arauco y los empresarios del vino en el valle del Itata; los empresarios del turismo y los acuicultores en los lagos del sur; los conflictos entre los salmoneros y el potencial proyecto Alumysa en Aysén, y los grandes viñateros y Enersis en Totihue.
Obviamente, ambos sectores pugnan por el uso de las cuencas y ninguno tiene el derecho de monopolizar la capacidad ambiental de ese territorio e impedir la actividad del otro, o la sana convivencia con la salud y subsistencia de las comunidades locales.
Este clarísimo escenario echa por tierra todas las afirmaciones en cuanto a que las preocupaciones ambientales son una expresión de la ideología radical de las organizaciones ecologistas. Lo que está en juego es el ejercicio de derechos, las reglas democráticas y la sustentabilidad del desarrollo nacional.
El reciente marco normativo ambiental en Chile ciertamente debe ser desarrollado y consolidado en los próximos años, para asegurar la salud, bienestar y los derechos civiles de la población y hacer posible la convivencia justa y democrática entre los sectores productivos. En democracias más maduras estas reglas ya están consolidadas y se respetan y fiscalizan adecuadamente, lo que asegura mayor equidad social y bienestar al interior de dichas sociedades.
Los avances en estas reglas del juego garantizan la calidad democrática de la convivencia y la sustentabilidad del desarrollo nacional. Son parte del ordenamiento democrático de las actividades humanas en un territorio compartido. Por ello, las organizaciones ecologistas seguirán contribuyendo en esta dirección.
* Directora del Programa Chile Sustentable
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