La existencia de una red de militares proveedores de armas al narcotráfico y que, además, habrían operado como sicarios constituye, de lejos, el hecho más grave para la seguridad interior del país en el último tiempo. Principalmente porque es un indicio del nivel de maduración que bandas de narcotraficantes están alcanzando, y porque sus consecuencias pueden ser tremendamente perturbadores para la vida institucional del país.
Esa venta de armas puede ser reemplazada en el futuro por la venta de servicios de seguridad armada al narcotráfico por parte de quienes tienen armas y entrenamiento para hacerlo. Y la distancia que media entre el asesinato por encargo de un delincuente y el de un juez, un periodista o un hombre público es solo un problema de precio y oportunidad, a menos que la sociedad actúe decididamente para evitarlo.
Es entendible que tanto las autoridades políticas sectoriales como las instituciones a las cuales pertenecían los involucrados en los hechos recientemente denunciados, al referirse a ellos traten de presentarlos como situaciones aisladas. Ellas no pueden construir una atmósfera de inseguridad con sus declaraciones o sobredimensionar un hecho.
Sin embargo, se precisa de una mirada profunda y atenta para que no existan explicaciones fáciles y para tener la certeza de que se está ejerciendo una presión de opinión pública, informada y adecuada, a fin de que se adopten con tiempo las políticas necesarias para prevenir antes que curar. Debemos, en este sentido, aprovechar tempranamente la experiencia de otros países de la región.
El ex -presidente colombiano Belisario Betancurt en la década de los 80 ante el asesinato del líder liberal Carlos Galán dijo «basta que el narcotráfico sea apenas un tema de sobremesa, debemos luchar abiertamente contra él». A partir de esta frase, las fuerzas del orden se dieron a la tarea de desbaratar el cartel de Medellín, para lo cual bastaba tomar el libro de Fabio Castillo «Los Jinetes de la Cocaína», hasta ese momento tildado de «exageración periodística» y guiarse por la información contenida en el. Envigado, la localidad donde habitaba Pablo Escobar, líder del cartel, vivía de los dineros que éste repartía y era presentado como el municipio mejor administrado de Colombia, con seguros de desempleo y planes espectaculares de vivienda.
El Banco Nacional de Colombia mantenía una ventanilla de cambio de moneda extranjera, llamada por la gente «la ventanilla siniestra», donde cualquier hijo de vecino cambiaba cientos de miles de dólares sin que nadie le preguntara nada. Pablo Escobar llegó a ser parlamentario alterno por el Partido Liberal y en una entrevista de la Revista Semana se le calificó como un «nuevo Robin Hood». Guillermo Cano, director del diario El Espectador fue asesinado por sus denuncias, al igual que muchos otros periodistas, antes que mataran a Galan.
Lo que Betancur de manera patética estaba reconociendo era que todos hablaban del tema pero no habían hecho nada significativo para impedirlo. Más aún, incluso se habían beneficiado de los favores como a el mismo le ocurrió con Carlos Leder, actualmente extraditado y cumpliendo condena en Estados Unidos, quien le facilitó aviones pintados de azul (color de los conservadores) para su campaña presidencial.
Esos ejemplos pueden multiplicarse hasta el infinito y en una secuencia casi siempre es muy parecida en todos aquellos países donde el narcotráfico ha llegado a constituirse en una amenaza para el Estado. Y por lo tanto, en aquellas sociedades abiertas y democráticas, con pocas reglas para regular el papel del dinero en ámbitos como la seguridad, las inversiones o la política, el peligro de que se produzca la captura de partidos políticos, de jueces, policías o militares siempre es alta.
Detrás de situaciones como las de Colombia, Perú o México por citar algunos casos, lo que siempre ocurre es que no existe un acuerdo de las elites políticas para situar el tema del narcotráfico como una política de estado, que lo sustraiga a la utilización política y el escándalo y genere prácticas cooperativas que sostengan adecuadamente las acciones públicas que se deben emprender.
La responsabilidad de tomar la iniciativa en esto la tiene el Estado, y en particular el gobierno de turno. El debe promover ese acuerdo y articular dos cosas que operativamente son distintas. La prevención y el fomento del control social, que actúan sobre el contexto social de la droga y que en nuestro caso son responsabilidad directa del Conace ; y las políticas de inteligencia, control y represión del narcotráfico que es un tema policial y judicial y responsabilidad directa del Ministerio del Interior.
En ambos campos el país tiene deficiencias significativas que son causa y efecto de la inexistencia de ese acuerdo nacional, y del hecho que en todos los episodios de cierta notoriedad pública en materia de narcotráfico en doce años de democracia, siempre se evidencie la inexistencia de una convicción de las elites para mantener una línea de defensa institucional del Estado y no sacar provechos menores.
Eso es así desde las denuncias de consumos de drogas en el Parlamento, las redes de protección en el poder judicial, los procesos a ministros de la Corte Suprema o los casos de lavado impulsados por el Consejo de Defensa del Estado, para citar sólo algunos. Se evidencia también en la mezquindad para proveer condiciones y mecanismos para que el Estado cuente con instrumentos eficientes para hacer frente al narcotráfico.
Una prueba de ello es que la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia, más allá de sus defectos e insuficiencias como proyecto de ley, duerme el sueño de los justos en el Parlamento.
Para el caso que nos ocupa, se ha producido, por las circunstancias que sean, la validación social del narcotráfico entre ciudadanos que están formados profesional y doctrinalmente para defender los valores cívicos y que, en la terminología que usan las fuerzas armadas, «tienen una vocación de servicio a la Patria».
Venta de armas y sicariato son imputaciones muy graves para un militar y no es un atenuante el hecho que ellos sean de baja graduación. Tampoco es normal que pasen desapercibidos para la contrainteligencia de la institución a la que pertenecen, y bajo ninguna circunstancia son un delito común. Por lo tanto a investigar y producir soluciones para que narcotráfico y muerte por encargo no se arraiguen en la sociedad chilena.
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(*) Abogado, periodista, cientista político y especialista en temas de Defensa.
