Hasta aquí no ha existido en Chile un sistema de financiamiento estudiantil para los alumnos que se inscriben en instituciones privadas de educación superior, incluso si son más pobres que algunos de sus pares que han logrado ingresar a una universidad subsidiada por el Estado.
El proyecto del gobierno destinado a crear un nuevo sistema de financiamiento estudiantil para la educación superior es un importante paso en función de mejorar los niveles de equidad en la sociedad chilena.
Efectivamente, en la actualidad solo uno de cada diez jóvenes del quintil de ingresos más bajos accede a una institución de enseñanza superior. Del quintil siguiente lo hacen 16 de cada cien jóvenes. En cambio, 44 y 66 de cada cien jóvenes pertenecientes a los dos quintiles más ricos, respectivamente, ingresan a la universidad.
Tan marcadas diferencias en el acceso a la enseñanza superior tienen causas diversas. La primera y más fundamental de ellas el desigual capital cultural con que las personas comienzan su vida, junto a la desigual trayectoria escolar que siguen hasta egresar de la educación media.
La carrera por llegar a la universidad, instituto profesional o centro de formación técnica es una carrera altamente desigual. Mientras un reducido porcentaje de jóvenes —el 10 por ciento de los privilegiados que asisten a colegios particulares pagados— corre sobre una cancha plana, el 90 por ciento restante que concurre a escuelas subsidiadas parte con desventaja (sin mayor capital cultural) y debe seguir un empinado y angosto sendero para llegar a la meta.
¿Resultado?
El 75 por ciento de los puntajes nacionales en la Prueba de Aptitud Académica y más del 50 por ciento de los jóvenes que ingresan a las universidades de mayor prestigio provienen de colegios privados pagados. Tras correr en cancha plana, propulsados por el amplio capital cultural heredado de su familia y con el apoyo de una distinguida educación que los prepara para rendir bien en la prueba de «aptitudes», son declarados triunfadores y admitidos en las casas de estudios superiores de su elección.
El resto, quienes que han debido correr con desventaja y ascender por el sendero montañoso, llegan exhaustos a la meta, no tienen las mismas «aptitudes» que sus pares privilegiados, obtienen puntajes más bajos, y deben abandonar la ilusión de ingresar a la educación superior o aceptar una carrera e institución dispuestos a aceptarlos a cambio de un alto arancel de matrícula.
Y aquí viene lo más increíble. Esos alumnos, a quienes por lo general resulta más fácil acceder a una institución privada de enseñanza superior —particularmente centros de formación técnica e institutos profesionales— y no a las universidades que son subsidiadas por el Estado, deben pagar elevados aranceles de matrícula, directamente de su bolsillo o el de sus familias.
¿Por qué?
Porque hasta aquí no ha existido en Chile un sistema de financiamiento estudiantil para los alumnos que se inscriben en instituciones privadas de educación superior, incluso si son más pobres que algunos de sus pares que han logrado ingresar a una universidad subsidiada por el Estado.
El proyecto del gobierno viene a remediar esta paradójica situación, de acuerdo a la cual los que más tienen reciben más y los que no tienen son obligados a pagar. Crea un esquema de apoyo para alumnos que ingresen a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica —incluyendo a todas las instituciones privadas debidamente acreditadas— mediante créditos que serán originados y administrados por bancos privados. Las propias instituciones y el Estado los garantizan.
Se trata pues de un novedoso esquema, que por primera vez incluye a los privados en el financiamiento de los créditos y a los alumnos de las instituciones privadas como beneficiarios de dichos créditos.
El Ministerio de Educación merece un especial reconocimiento por haber preparado y conducido la gestación de este proyecto. Si es aprobado, pondrá fin a una de las más odiosas discriminaciones que hoy existen entre los jóvenes chilenos: entre quienes tienen derecho a cursar sus estudios superiores con ayuda de un crédito estudiantil y quienes deben pagar por sí o sus familias, sin poder recurrir a un préstamo.
Con esto se lograría hacer realidad la promesa del gobierno de que ningún joven talentoso que desee cursar estudios superiores quede fuera de la universidad, de un instituto profesional o un centro de formación técnica debido a su condición socioeconómica.
Se haría posible, asimismo, engrosar las filas de los profesionales y técnicos dentro de la fuerza de trabajo, los que en Chile son una proporción inferior de la que cabría esperar dado el nivel de ingreso del país.
Por último, con todo esto se empezaría gradualmente a emparejar la cancha, de modo que todos los jóvenes corran sobre una misma pista sin tener unos, los más débiles, que conceder tan desproporcionadas ventajas a los otros, los más fuertes.
Quizá sea ése, su contenido de justicia, el mayor valor de esta iniciativa.
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