Chile se ha saltado la crisis económica que afecta a casi todos los países del continente y presenta tasas muy superiores de crecimiento al promedio. Ello, y pese a las tasas de desempleo y a las desigualdades, es sin duda mérito de la acción del gobierno y no del mercado ni de los agentes privados.
Los balances de fin de año en el plano político nacional tienen una doble trampa. Por un lado establecen una ruptura artificial de tipo cronológico entre fenómenos que tienen un tipo de evolución y significación que no puede enmarcarse en fechas y períodos precisos. Por otro, de acuerdo a la visión de cada uno, se seleccionan lo hechos y se le adjudican las evaluaciones positivas o negativas asignadas de ante mano, con lo que sólo se refirman dichas visiones.
Con esas salvedades en mente, válidas también para nuestro análisis, podemos indicar que desde nuestra perspectiva, es posible señalar grandes conjuntos de hechos significativos en este año, que han afectado de una u otra manera al país y que tendrán importantes repercusiones, aunque no las conozcamos a ciencia cierta, en el futuro.
Posicionamiento y proyecto de país
El primero tiene que ver con el posicionamiento de Chile, como país, en el contexto mundial de hoy. Y aquí quisiera destacar tres cuestiones principales.
La primera es que Chile se ha saltado la crisis económica que afecta a casi todos los países del continente y presenta tasas muy superiores de crecimiento al promedio. Ello, y pese a las tasas de desempleo y a las desigualdades a las que nos referiremos más adelante, es sin duda mérito de la acción del gobierno y no del mercado ni de los agentes privados, los que junto a la derecha opositora se viven quejando que sus posiciones no se toman en cuenta, que no hay liderazgo, y a la vez alaban la correcta conducción económica del gobierno (sic).
La segunda son los tratados de libre comercio con Unión Europea, Estados Unidos y Corea. Sin duda que entre las razones por las que el gobierno del Presidente Lagos pasará a la historia será por haber salvado al país de una crisis que ha afectado a todos los países de la región y por haber puesto a Chile en una sólida posición en el mundo.
La tercera es el revelamiento hecho por el Informe PNUD hacia mediados de año, de la percepción ciudadana respecto de la carencia de un proyecto de país. Sin duda que ello introduce una nota de inquietud respecto de la posibilidad de frustración en el mediano plazo de los dos logros señalados.
A esta salvedad hay que agregar otras dos. Primero, una cierta confusión en las políticas socio-económicas con relación al dilema crecimiento-igualdad en la que a veces el país pareciera inclinarse por la posición neoliberal de apostar al crecimiento desconociendo la redistribución, sin darse cuenta que en materia de crecimiento es poco lo que puede hacerse frente a las fuerzas transnacionales y al comportamiento del sector empresarial. En cambio, las políticas redistributivas y de igualdad dependen casi exclusivamente del gobierno y el Estado.
Segundo, cabe una reserva respecto de cierta tendencia, mayor en los sectores privados y en la oposición que en el gobierno, a desconocer nuestro destino ineluctablemente común con América Latina. Así, no parece percibirse que si hay crisis en América Latina y en nuestros vecinos eso ya es una crisis nuestra, en la medida que afecta nuestro proyecto de país. Ello significa que los tratados de libre comercio no deben ser sólo una instancia de afirmación de un Chile excluyente, sino un paso necesario en la estrategia de conformación de un bloque en nuestra región como lo está siendo la Unión Europea.
La marcha de las instituciones
El segundo conjunto de hechos significativos del 2002 atañe a varias de las instituciones de nuestro país que si bien «funcionan», a veces pueden funcionar mejor o peor.
La primera de ellas son las Fuerzas Armadas donde el fenómeno más significativo, otro gran mérito del gobierno y por el cual también pasará a la historia, es la definitiva subordinación de ellas al poder político, aunque estén pendientes las reformas constitucionales necesarias en esta materia. Si bien se mantienen núcleos problemáticos gravísimos -como son los casos del Comando Conjunto y otros- relativos a la responsabilidad de sectores significativos de ellas en las violaciones de derechos humanos que no han sido judicialmente resueltas; el nombramiento de la Ministra Bachellet en Defensa y las continuas declaraciones del General Cheyre sobre el papel de las Fuerzas Armadas han dado un golpe mortal a la visión positiva respecto de la dictadura militar y de la función de estas instituciones por encima de los poderes democráticos.
Otra institución que se vio seriamente afectada, en este caso perdiendo grados importantes de legitimidad, fue la Iglesia Católica. Su equivocada actuación en cuestiones legislativas como el divorcio; la desafortunada participación del Cardenal Errázuriz como emisario de Pinochet en su renuncia al cargo autoacordado de Senador Vitalicio; las torpísimas y reiteradas declaraciones del Cardenal Medina; y las acusaciones de pedofilia. Todo ello muestra una creciente separación entre fe, religión, sentido o trascendencia y la institucionalidad eclesiástica.
El Estado en su aparato institucional y normativo sufrió una serie de problemas que atestiguan una profunda crisis latente, no resuelta durante los gobiernos democráticos y que nos hablan de la democratización incompleta.
Por un lado, el caso coimas mostró la debilidad institucional en materia de relaciones entre dinero y política. El impacto en la opinión pública y la reacción del gobierno muestran que la cuestión principal no es la masificación de la corrupción, sino la ausencia de una normatividad en el campo señalado.
Por otro, la institucionalidad heredada de la dictadura, partiendo por la Constitución, pero también en otros campos como en el caso de la educación superior o la descentralización o el sistema de administración del Estado, o de los acuerdos de transición, como la televisión pública o la estructura municipal, por citar sólo ejemplos de situaciones que explotaron este año, han impedido la elaboración y ejecución de políticas adecuadas a la época que expresen la voluntad mayoritaria de la población, y que resuelvan, efectivamente, los problemas que el país y su gente tienen.
Por último, el sistema político y legislativo hace que las grandes medidas que tienen un amplio respaldo en la opinión pública (en «la gente»), como la reforma constitucional o la ley de divorcio o las reformas de salud o las reformas laborales o tributarias terminen totalmente tergiversadas y distorsionadas.
De modo que el balance del año es una reafirmación de una cuestión central: los problemas que el país enfrenta no son en absoluto de gestión de los gobiernos, sino de estructura institucional que favorecen la posición de la minorías y los poderes fácticos y mediáticos y limitan y distorsionan la gestión del gobierno. Pese a ello, es indudable que dicha gestión este año ha sido muy superior respecto de los límites señalados.
La problemática política
Sin duda que los hechos políticos más significativos giraron en torno a lo que se ha llamado la crisis de la Concertación. Su primer hito fue el planteamiento del diputado Aguiló en torno a la existencia de una derecha en la Concertación, lo que en términos de una visión de derecha lo había planteado el autor de estas líneas al menos un año antes. El planteamiento de Aguiló generó un debate rápidamente acallado. Pero algunas de las actitudes de la directiva demócrata cristiana y, especialmente, el caso coimas desencadenaron una situación que fue definida como la crisis más grave del conglomerado, incluso para algunos se trata de una crisis terminal.
Si se examinan las cosas con distancia se verá que hay una abismo entre el caso coimas -donde, por supuesto, hay irregularidades que pueden ser muy graves. Pero son claramente puntuales, pero también montaje publicitario y una operación destinada a minar la Concertación- y la reacción que provocó. De modo que la pregunta es: por qué algo que podía ser manejado dentro de los límites propios a una irregularidad desató una crisis de estas proporciones que llevó, afortunadamente, a hablar de refundar o renovar la Concertación y a una serie de decisiones y acciones en este sentido.
Una explicación posible es que, habiendo perdido el sentido de un proyecto, priman necesariamente las competencias interpartidarias, las luchas por cupos o cuotas de poder y por hegemonías sin referencias a contenidos políticos. La ausencia de un proyecto post-transición destinado a completar la democratización política y social desperfiló a la Concertación frente a la derecha y se entró en el terreno y agenda de ésta. Es ello, la despolitización de la Concertación y su reducción a luchas por el poder entre fracciones y partidos, lo que explica el avance electoral de la derecha y en ningún caso lo es una supuesta claridad de un proyecto alternativo por parte de ésta. A su vez, este avance y el peso enorme de los medios de derecha que fijan la agenda pública genera la sensación al interior de una Concertación desanimada que Lavín ganará las próximas elecciones inevitablemente, lo que puede transformarse en una probable profecía auto cumplida en la medida que no se cuestione esta afirmación. Lo cierto es exactamente lo contrario: el año 2002 mostró la debilidad política de la derecha y de Lavín y su crisis interna fue mucho mayor que la de la Concertación, y sólo aparentó resolverse cuando la Concertación se declaró en crisis.
En otras palabras, es prácticamente imposible que la derecha gane las próximas elecciones presidenciales y los únicos factores que pueden hacerlo posible son o la división o fragmentación de la Concertación o el predominio al interior de ésta de su proyecto más derechista o «liberal» como lo llaman algunos, lo que llevaría aguas para el molino derechista.
Todo lo anterior nada tiene que ver con un mala gestión del gobierno como lo insinúa la oposición. Lo único que podría reprocharse a éste es no haberse involucrado más directamente y con anterioridad a la crisis, como lo hace después, en la resolución de los problemas de la Concertación, ejerciendo la enorme autoridad y liderazgo del presidente Lagos. Quien sabe si aquí encontramos otros de los defectos del sistema presidencial que hace difícil al Jefe de Estado dirigir su coalición y no existe un cargo distinto de jefe de gobierno. En situaciones como ésta hay que pedirle al Jefe de Estado que actúe, también, directamente, como líder de la coalición que lo apoya.
Pero el problema de fondo radica en lo que hemos llamado la debilidad de un proyecto político de la Concertación. Y tal proyecto no puede ser otro que la repolitización progresista que haga que la ciudadanía perciba alguna relación entre la construcción de país como tarea colectiva y la calidad de sus proyectos de vida.
Perspectivas: la prioridad de la reforma política
Reconstruir la comunidad histórico moral resolviendo los temas pendientes de Derechos Humanos y de los pueblos originarios; reconstruir la comunidad socio-económico en torno al papel dirigente del Estado, superando las desigualdades; reconstruir la comunidad política superando los enclaves autoritarios y haciendo una reforma política integral; insertar a Chile en la comunidad latinoamericana para enfrentar la globalización, son los elementos principales de un proyecto político para el país, deuda pendiente de la Concertación. No hay otro actor que la Concertación para conducir un proyecto como éste y ningún partido de ella tiene destino fuera de ella. Esa es la verdad elemental que el país reconoce pero que muchos de los actores políticos no son capaces de asumir.
Completar la democratización política que la transición dejó pendiente es la condición fundamental para la realización de cualquier proyecto. Eso implica poner como tarea prioritaria para la agenda del gobierno y para el proyecto de la Concertación la reforma política integral que incluya una verdadera reforma constitucional que asegure un sistema proporcional e introducción de elementos en la forma de gobierno que faciliten las relaciones entre Presidente y las coaliciones; un nuevo proceso de descentralización y municipalización; una reforma del Estado que no se reduzca a su pura eficiencia o modernización; el financiamiento público de partidos y campañas; normas que limiten la re-elección en los cargo, etc.
Sin una reforma política integral todas las otras metas y tareas programáticas quedarán entrampadas y se le echará la culpa al gobierno. Hay que avanzar en una orientación programática progresista, simultáneamente con la prioridad de la reforma política. Si algún cambio de gabinete se realiza a comienzos de 2003, debiera ir en ese sentido.
Por supuesto que habrá quienes digan que «a la gente no le interesan las cuestiones política». Son precisamente los que saben que perderían si el país mejora la calidad de la política. Dicho de otra manera: la única manera de orientar el desarrollo del país hacia una mayor igualdad y una mayor participación y mejor representación de la ciudadanía, así como asegurar que se tomen las decisiones que expresan la voluntad popular y de realizar políticas públicas que respondan a los «problema de la gente», es la realización de una reforma política. Si ella marca la agenda del gobierno, si éste le explica esta prioridad a la ciudadanía el porqué de esta prioridad y, si la Concertación hace de ella la continuación del proyecto que terminó con la dictadura, no hay ninguna posibilidad que la derecha en Chile pueda llegar al gobierno.
Hay tres años por delante para realizarla, para dejar un país realmente democrático y que, efectivamente, entró al siglo XXI. Y no hay nadie en Chile que pueda dirigirla mejor que el Presidente Lagos.
