Después de los bochornosos incidentes que presenciamos en la Cámara de Diputados, las declaraciones públicas que pretenden convertir en un éxito lo que fue una derrota, suenan francamente patéticas e, incluso, habría sido más aconsejable mantener un digno silencio.
Tal como lo vaticinamos, las manifestaciones de entusiasmo y compromiso de la Concertación con el gobierno del 21 de mayo pasado, duraron apenas unas semanas.
Los ostentosos discursos de lealtad enunciados por sus máximas figuras en esa oportunidad, quedaron reducidos a simples palabras, porque en concreto, la Democracia Cristiana, el principal partido del oficialismo, se negó a apoyar en el Congreso la reforma integral para subir los impuestos, propuesta por «su» gobierno. De nada valieron la encerrona en el Palacio del Cerro Castillo, ni las pintorescas arengas presidenciales, que fueron desde la amenaza a la súplica; ni el permanente lobby de los ministros, para disuadir a los rebeldes.
Dudo que hoy alguien crea aquello de que «esta votación refleja la madurez y solidez de la Concertación» o que «la Concertación está más unida que nunca, detrás del gobierno del Presidente Lagos». Después de los bochornosos incidentes que presenciamos en la Cámara de Diputados, las declaraciones públicas que pretenden convertir en un éxito lo que fue una derrota, suenan francamente patéticas e, incluso, habría sido más aconsejable mantener un digno silencio.
Por lo visto, la disciplina interna que se ha propuesto la DC está dando frutos. La clave del rechazo de sus parlamentarios al alza de impuestos al alcohol, fue el viaje de Adolfo Zaldívar a la IV Región, invitado por el díscolo senador Pizarro y el jefe de la bancada, diputado Walker, para que constatara en terreno, y entre fraternales demostraciones de aprecio y lealtad, el daño que provocaría para la industria pisquera elevar sus impuestos.
Ahora bien, hay un abismo de diferencia entre defender los intereses corporativos de la industria de los alcoholes y proteger los intereses electorales democratacristianos. Una cosa es jugársela decidida y consecuentemente para rechazar una medida que afectará de manera importante a la ciudadanía, en especial a la clase media y a los más pobres; frenará el consumo interno, la reactivación económica, la generación de empleos, etc.; y otra, muy distinta, es adoptar una posición porque es instrumental a los proyectos particulares de un partido político.
Quedan dos preguntas en el aire, a mi juicio fundamentales para el futuro de la Concertación y para sus esperanzas de acceder a un cuarto gobierno. Primero, de qué manera se recompondrán las relaciones entre el bloque PPD-PS y la DC, después de la agresiva arremetida de los timoneles de izquierda en contra de quienes se opusieron a las instrucciones del gobierno. Poco les faltó a Guido Girardi y Jaime Guzmuri para repetirle a sus aliados las mismas afectuosas expresiones que suelen dedicarnos a la oposición; y si ya la convivencia entre ambas fuerzas no andaba muy bien, ahora quedarán probablemente congeladas, confirmando que sus respectivos proyectos de país y sus «profundos sentidos sociales» son distintos e irreconciliables.
La segunda gran interrogante es si el Presidente Ricardo Lagos hará o no efectiva la amenaza de denunciar ante la ciudadanía a los parlamentarios de la DC que se opusieron a su reforma tributaria. La máxima autoridad de la nación podría pagar muy caro el arriesgado mensaje comunicacional con el que defendió su fórmula de financiamiento, en una actitud por cierto inapropiada e indigna para su investidura. De llegar a cumplir con su palabra, se vería obligado a quitarle votos a un partido que, después de todo, concurrió con su pleno apoyo y lealtad para que él resultara electo.
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