El 15 de Octubre pasado el Gobierno Regional Metropolitano -es de conocimiento público- rechazó la figura de los «Desarrollos Urbanos Condicionados» (DUC), que el Minvu pretendía incorporar en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) con el objeto de establecer procesos de urbanización dentro de los suelos agrícolas en donde la ley expresamente los prohíbe. Es decir, la autoridad competente impidió la expansión urbana en esta región porque sólo 8 consejeros de un total de 22 votantes estaban de acuerdo con la modificación propuesta: no se obtuvieron los votos necesarios para aprobar el acuerdo (artículo 38ÅŸ de la ley respectiva).
Recordemos que con anterioridad la Contraloría General de la República había devuelto la resolución NÅŸ 14 del intendente, pese a que la mayoría de los consejeros regionales la había aprobado dando fe de que estaba bien concebida. Más aún, en una sesión reciente habían reconocido, hidalga y públicamente, que ello fue un error porque carecían de la información completa para decidir sus posturas ante el proyecto enviado por el Minvu. Este tipo de desinteligencias se producen porque no existe el tiempo suficiente para analizar estas materias y porque las presiones de los interesados inducen a cometer errores.
Consideramos que el mecanismo de los DUC bien elaborados constituye un importante esquema de planificación condicionada, pero cuya implementación requiere de significativas adecuaciones a la institucionalidad del ordenamiento territorial en nuestro país. El ex ministro de vivienda Sergio Henríquez, en el mensaje del Proyecto modificatorio de la Ley General de Urbanismo y Construcción, afirmó que nuestra institucionalidad en la materia es anacrónica y que nunca ha sido debatida como un todo en el Parlamento.
El actual titular del Minvu, en vez de tramitar la nueva ley considerando las observaciones de los diversos actores que han venido participando en dicho proceso, desestimó el cumplimiento de los compromisos contraídos por el presidente Lagos en el Programa de la Concertación, procediendo a una serie de reformas por la vía administrativa y enviando al Congreso una secuencia de leyes puntuales que le han permitido soslayar las normas que le restringen la implementación de su voluntad en la materia. Es decir, se han estado imponiendo reformas que satisfacen intereses sectoriales, al margen de la deliberación democrática con la cual se podrían haber compatibilizado los intereses gremiales de la construcción con el bien común.
Nosotros sostenemos que la implementación de los DUC debe hacerse en las áreas que la legislación territorial y ambiental lo permita, para que así su resultado sea positivo. Es más, requiere de un marco regulatorio técnico-administrativo que el Minvu no ha sido capaz de generar.
Entre ellas :
– Reglas del juego claras y estables, que den seguridad jurídica no solo a los grandes consorcios inversores especulativos (hedge funds), sino también a las pymes y a los habitantes de los desarrollos urbanos y su periferia. Ello requiere de una Ley de Bases del Ordenamiento Territorial y una Política Nacional y Regional de Desarrollo Sustentable.
– Visiones compartidas de la ciudad que queremos, consensuadas por los diversos actores institucionales de la misma.
– Parámetros de condicionamientos definidos no por la autoridad administrativa de turno, sino por órganos representativos de la soberanía popular e integradores del bien común.
– Sistemas de medición e información pública de aquellos parámetros de condicionamientos, a efecto de poder llevar a cabo correctamente su reglamentación y aplicación.
– Entidades independientes con competencia jurídica y técnica para certificar el cumplimiento de las normas de condicionamiento.
– Mecanismos que permitan la captación y compensación, por parte del Estado, de aquellas plusvalías o minusvalías generadas por las externalidades de sus intervenciones. También habría que estudiar un mecanismo compensatorio entre privados, cuando corresponda.
– Fórmulas que garanticen niveles aceptables de equidad y competitividad en los mercados inmobiliarios. La asimetría en el manejo de la información es la gran causante de los diversos conflictos que la opinión pública ha estado conociendo.
– Reglamentar para que los municipios tengan línea directa con el Minvu, el Gobierno Regional y las Juntas de Vecinos. Actualmente opera el secretismo más desembozado porque se supone que el ciudadano es incapaz de opinar.
– Institucionalidad fiscalizadora y judicial que opere oportunamente. Nos gustaría que el Ombudsman (Defensor del Pueblo) ya fuera una realidad.
– Incorporar al PRMS los resultados del OTAS (Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable), estupendo trabajo técnico financiado con millonarios fondos donados a Chile por el gobierno alemán.
La opinión pública no está al tanto de la sibilina forma empleada por el Minvu para ir sustituyendo la actual planificación urbana por el sistema del laissez faire neoliberal que genera altísimas ganancias privadas y costos sociales crecientes.
En base a lo señalado, lo racional sería que :
El Minvu desista de su pretensión de imponer la modificación al PRMS, en los términos en que se ha conducido hasta ahora. Debe enmarcar dicha propuesta dentro de la nueva Ley General de Urbanismo y Construcción, considerando las restricciones establecidas en la institucionalidad ambiental para zonas declaradas latentes y saturadas de emisiones tóxicas.
1. Asumir la actual normativa es un deber, independientemente de los reparos de algunos sectores económicos, que sólo se preocupan de sus intereses. La legislación ambiental fue concebida en base a los paradigmas más modernos que rigen hoy en las sociedades civilizadas -y con las cuales estamos intensificando nuestra integración comercial- al mismo tiempo que asume con realismo las particularidades del país. Es importante tener presente que en su gestación y desarrollo existió un amplio proceso de participación que le dio una significativa legitimidad social. Las limitaciones urbano ambientales que ha enfrentado la propuesta en cuestión emanan de todo ese proceso de articulación de racionalidad colectiva; es por ello que la pretensión del Minvu por imponerla resulta escandalosamente grave.
2. Abrir un debate amplio sobre la situación de crisis que estamos viviendo; para ello es indispensable que estos asuntos estén en la agenda de los partidos políticos, que -hasta ahora- están mudos.
Por lo reseñado, denunciamos la irregular decisión tomada el 29 de Octubre pasado por el Gobierno Regional, quien interpretando abusivamente la ley, desconoció el rechazo a la expansión urbana ya sancionada legalmente: se aplicó una atrevida y pueril argumentación leguleya que no resiste ningún análisis srio. Lo grave es que todos los consejeros regionales -conocedores de la ley que los rige- en este caso actuaron con desprolijidad sólo para satisfacer el pedido de la autoridad ejecutiva, la que desea lograr su objetivo sin importarle cómo lo hace.
La enseñanza que nos deja este ignominioso episodio es que no se puede mantener la actual estructura de los consejeros regionales nominados por las maquinarias de los partidos políticos. Hay que modificar la ley para que sea la ciudadanía -a través del voto popular- quien decida los nombres de sus representantes en los gobiernos regionales. Así, éstos podrán actuar con independencia y apego irrestricto a la ley.
Dada la trascendencia de la situación, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, accediendo a nuestra solicitud, deberá acordar la investigación del elástico comportamiento del Intendente Trivelli como asimismo la voluble conducta de los funcionarios públicos que ejercen como consejeros regionales metropolitanos.
(*) director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad»
