Las recientes revelaciones sobre los contactos «privados» o «secretos» entre el presidente de la UDI, el ministro Calvo, una víctima mujer y un sacerdote, el padre Jolo, son una nueva confirmación de la tesis -sostenida anteriormente- en el sentido que la UDI no acepta el libre funcionamiento de las instituciones de un Estado democrático de derecho, todavía muy imperfecto, cuando los intereses de algunos de sus dirigentes se encuentran en peligro. En otras palabras, el estado de derecho puede funcionar sólo en la medida que de él puedan beneficiarse. Si, por el contrario, existe la menor sospecha que pueda haber un perjuicio para su plana dirigente, recurrirán a aquellas estrategias y medios que consideren más provechosos para conseguir los objetivos buscados, aunque con ello sobrepasen los marcos institucionales a los que deben someterse.
Las reuniones, secretas o privadas, con una víctima clave con la finalidad de hacerla cambiar un testimonio ya rendido ante el juez -para así liberar a un miembro de su directiva- constituye un hecho no solamente grave en el contexto de un estado de derecho moderno y democrático, sino que demuestra que como partido están dispuestos a emplear cualquier recurso, para evitar la acción de la justicia en contra del reconocido por la víctima.
Lo anterior fuerza a reclamar a las más altas autoridades del Poder Judicial, y también del Gobierno, los máximos resguardos para que opere la justicia, recurriendo rápidamente a medidas de protección de las víctimas y de sanción para aquellas personas que están intentando «resolver» el caso fuera de los tribunales. Lo descrito tipifica un claro delito de obstrucción a la justicia. Si tuvieran éxito querría decir que nuestra institucionalidad es meramente nominal, por una parte, y por otra, una simple fachada o disfraz para presentar una imagen de país «civilizado» ante los mercados globales, de donde dependerá nuestro desarrollo.
Los hechos recientes permiten sostener sin lugar a dudas que quienes están efectivamente complotando para evitar que la justicia opere es la UDI y su dirigencia. De ahí la necesidad de recurrir a encuentros secretos con el ex juez de la causa y con una de las víctima. Si nada sucio estuviera tramando la UDI, no habría necesidad para emplear estos métodos de contacto, los cuales se oponen frontalmente a la garantía constitucional del derecho a la justicia y al debido proceso. Amedrentar a una víctima en una reunión privada, por ejemplo, y reunirse también en privado con ex el juez de la causa sin que la otra parte lo supiera, es un atentado abierto a las bases mismas de ambas garantías y a la democracia, pues sin estos dos derechos plenamente vigentes, nadie en el mundo se atrevería a hablar siquiera de que existe en el país un régimen de tal naturaleza.
Cabe preguntarle a la UDI y a su máxima dirigencia: ¿si tan convencidos están que los posibles inculpados de sus filas no tuvieron ninguna participación en las conductas delictuales que se investigan, por qué recurrieron a estos contactos privados? ¿Por qué aceptaron entrevistarse con la víctima? ¿Qué temen del operar de la justicia? ¿Por qué buscaron «en los pasillos» que la víctima cambiara su testimonio, contrario a uno de sus dirigentes? ¿Por qué no esperan que el ministro en visita aprecie el mérito de dicho testimonio y, con los antecedentes del caso, determine si es o no verdadero?
Lo que estamos viendo en el actuar de la UDI es un verdadero escándalo para un país que se precia de civilizado. La UDI debe recordar que su dictadura militar terminó, salvo que quieran imponerla nuevamente para proteger a alguno de sus dirigentes intocables. Todas las posibilidades están abiertas. Jugar con las reglas de la democracia -según se desprende de lo que estamos viendo- es un comportamiento ajeno para quienes jugaron contra ellas por 17 años. ¿Pretenderán jugar también contra de ella si el país tiene la desgracia de que ganen las próximas elecciones presidenciales? Todo nos indica que la democracia quedaría seriamente amenazada en la hipotética situación planteada.
La UDI se ha sacado la careta. Ya no podemos verla como un partido que lucha por mejorar el bienestar de los chilenos. Por el contrario, está en política para proteger a delincuentes aberrantes de todas las calañas si conviene o favorece a sus intereses. La democracia es una mera cobertura para llegar al poder del Estado y utilizarlo a favor de quienes la apoyan. En el fondo, convertirían nuevamente al país en el fundo privado de un grupo de oligarcas, algunos con serias desviaciones sexuales, para que puedan dar rienda suelta a sus más bajos apetitos e instintos.
(*) Analista Político.
