En octubre del 2003 -en medio de un gran despliegue comunicacional- el Gobierno recibió el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Se habló de una nueva etapa. Se prometieron reformas sustanciales a la institucionalidad creada por la Ley Indígena. Para implementar sus recomendaciones, se anunció la presentación de proyectos de ley en un plazo de 20 días.
Terminó el año, transcurrió el verano y llegó abril sin noticias de las medidas anunciadas. Sólo hace algunos días, en una ceremonia de muy bajo perfil, el ejecutivo lanzó su plan de acción 2004-2010 bajo el título de «política indígena de Nuevo Trato». La verdad es que este plan tiene poco de novedoso. Se insiste en medidas políticas que no tienen sintonía con las prioridades declaradas por los propios indígenas -como el reconocimiento constitucional o la ratificación del Convenio 169 de la OIT- y se acogen recomendaciones de la comisión que prometen profundizar los problemas que ya existen.
La política indígena actual demuestra una preocupante desorientación. Al dictarse la Ley Indígena en 1993 se anunció que aquélla buscaba el desarrollo, integración y protección de las culturas indígenas. Sin embargo, ciertas regulaciones de la ley -como las limitaciones al dominio de la tierra- obstaculizan en la práctica dicha integración. Con el tiempo, además, se ha impuesto en círculos académicos afines al Gobierno la idea que la integración es enemiga de la preservación cultural. El resultado de estas contradicciones está a la vista: se han perpetuado entre los indígenas la pobreza, la falta de oportunidades y el proceso de pérdida de sus identidades culturales. Es evidente que nuestras autoridades ya no saben cómo manejar el tema. De ahí los anuncios mediáticos, las vacilaciones, los cambios de autoridades, etc.
La experiencia tras 10 años de Ley Indígena indica que muchos de estos anuncios y medidas nunca llegan a concretarse. Tal vez es mejor que sea así. Si se pusieran en práctica los perjudicados serían los propios indígenas. Mientras tanto, los problemas que más los afligen -pobreza, falta de oportunidades, discriminación- siguen sin solución. Lo que está claro es que la política actual -basada en el paternalismo y dirigismo cultural- no ofrece una respuesta y ofende la dignidad de aquellos a quienes supuestamente beneficia.
*Sebastián Donoso R. es investigador asociado de la Fundación Jaime Guzmán.
