El miércoles 30 de junio un tribunal de instancia (civil) señaló, en su sentencia, que la denominada píldora del día después poseía efectos abortivos. Siendo ello así -continuó- debemos decretar su prohibición pues, sobre la base de normas constitucionales y legales, es deber de la justicia proteger la vida de quienes están por nacer.
En estricto rigor ocurre que, sobre los efectos de esa píldora, existe un importante debate. Las innumerables cartas que colapsan los diarios, los debates televisivos y aquellos desarrollados en uno que otro centro de estudios, nos permiten observar a nosotros -ignorantes en cuanto a los aspectos científicos del fármaco- cómo la ciencia médica no posee una opinión concluyente sobre las consecuencias de la píldora.
Y no la posee porque, en mi parecer, esa discordancia de opiniones médicas, más que estar radicada en aspectos técnicos (netamente médicos) está situada en las diferentes concepciones morales de cada uno de los doctores que aparecen en ese inusual debate -inusual para Chile- que se ha venido dando en el país. Y ahí el debate se amplía y cada uno de nosotros intervenimos en él.
Y ello no debe resultar extraño. Las personas solemos poseer nuestras propias convicciones morales que elaboramos -no sin un esfuerzo que, en algunos casos, puede llevar toda una vida- y que nos permiten calificar los actos (y omisiones) como buenos y malos, correctos e incorrectos, debidos e indebidos. Esas concepciones morales que, insisto, nos permiten desarrollar nuestro propio plan de vida, no solo nos entregan respuesta a la forma en que debemos desempeñarnos en nuestras conductas individuales, además, las más de las veces, nos entregan soluciones a la forma en que debe organizarse la sociedad; desde cómo debemos repartir las ganancias -si es del caso que lo sostenemos- hasta cómo debe actuar el Estado en la represión de los delitos.
Aun así, las personas podemos vivir en sociedad sin destruirnos unos a otros. Es decir, aun cuando todos y cada uno de nosotros estamos en condiciones de elaborar nuestras propias pautas morales, discordantes -como la vida diaria nos muestra- con las de los demás, existe la sociedad y la autodestrucción cede paso a la organización.
Ahora bien, sin duda esa tarea de elaboración de las normas morales posee en su base un fuerte argumento de igualdad que, a su turno, da lugar a la libertad.
Las personas estamos en condiciones de construir nuestras propias pautas morales, justamente, porque somos iguales; todos y cada uno de nosotros (hombres y mujeres) poseemos una igualdad moral que nos permite desarrollar esas reglas conforme a las cuales llevaremos a cabo nuestras vidas y, como suele ocurrir, conforme a las cuales escrutaremos la moralidad de las conductas ajenas. Si ello es así -sostuvo, por ejemplo, Kant-, entonces nadie puede imponer las pautas que ha elaborado sobre las de otro. En otras palabras, reconocemos a las personas la capacidad moral para que puedan elaborar sus propias pautas morales, a todas, no solo a unas pocas. Luego, si todas poseen esa capacidad, ninguna puede superponer sus pautas sobre las de otro y, así las cosas, somos libres.
¿Qué ha ocurrido, en cambio, con el reclamo que la agrupación AGES presentó en los tribunales nacionales? ¿Qué ha ocurrido con las ideas antes descritas, cuando el tribunal dispone que la vida del ser humano comienza con la concepción y, por ende, debe prohibir la venta de la píldora?
Las discordancias sobre la píldora y sus efectos, insisto, más que ser una cuestión que la ciencia médica debe resolver -y no lo ha hecho-, es un debate que se juega en el ámbito de las concepciones morales. Si las concepciones morales son desarrolladas, para ser autónomas, por las propias personas, ¿qué ocurre cuando un tribunal pretende, a través de una sentencia, zanjar ese debate en el que, la propia sociedad, persiste?
Desde luego, un tribunal que pretende poner coto a las discusiones morales sobre la base de una decisión judicial, lo que hace, en rigor estricto, es expropiar ese debate de la ciudadanía. El desarrollo de las reglas morales, como señalé antes, no se produce de un momento a otro, sino que exige un cierto desarrollo en el tiempo. Muchas de las personas, incluso, pasan toda su vida probando y testeando sus concepciones morales con las de las demás personas, muriendo, como es el destino inevitable de nuestra existencia, sin lograr acabar de elaborar reglas precisas para su comportamiento.
Ese debate que se produce en la sociedad, permite que las personas -como vengo señalando- una vez que creamos las reglas, las arrojemos al campo de las ideas y las escrutemos en comparación a las de los demás. Ese juego que, desde luego, una sociedad democrática debe esmerarse en asegurar, (1) nos permite mantener nuestras concepciones, si es del caso que poseemos la convicción que las ideas de nuestros oponentes no tienen la fuerza suficiente para persuadirnos, pero también (2) permite que mutemos y adoptemos nuevas máximas de vida ahí donde el debate libre y racional, nos ha convencido de que ello es necesario.
El tribunal civil que acoge la presentación de la agrupación AGES, insisto, expropia ese debate del seno de la sociedad, calla a las personas y congela el desarrollo de las ideas, estanca esas pruebas y contrapruebas, nos desconoce en la igualdad y nos hace menos libres, para no decir que, ciertamente, nos encadena a las ideas, ya no de unos – que a estas alturas ni siquiera importa ya si son muchos o la mayoría- sino de uno solo, el juez.
*Domingo Lovera Parmo es abogado de la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos (domingo.lovera@udp.cl).
