El gobierno finalmente ha presentado su proyecto de royalty. Este constituye un enorme avance en lo conceptual y en lo político, en lo que se refiere a la corrección de los graves defectos de nuestra actual legislación minera, heredada de Pinochet. En cuanto a los montos involucrados, sin embargo, ellos son tan restringidos que en la práctica desdibujan el objetivo principal buscado.
El proyecto reafirma la propiedad del Estado sobre los recursos minerales, reconocida en la Constitución de Chile y herencia de largas luchas durante el siglo veinte, que culminaron en la nacionalización del cobre, aprobada en forma unánime durante la presidencia de Salvador Allende.
A continuación, el proyecto restablece la sana doctrina económica del manejo de los recursos naturales, por tanto tiempo negada, estableciendo:
«Estos recursos minerales poseen un valor intrínseco, debido a la posibilidad de explotarlos rentablemente. No obstante, el Estado no recibe actualmente ninguna compensación por la extracción y venta de recursos valiosos que según la constitución le pertenecen. En la actualidad el concesionario minero aprovecha los recursos no renovables de la minería en forma gratuita, como si se tratase de un bien que no tiene valor económico. Esta situación equivale a un subsidio del Estado hacia los dueños de las empresas mineras».
El proyecto reconoce las graves consecuencias económicas de tal distorsión:
«No cobrar por el uso de un insumo provoca además una disminución artificial en los costos de extracción y procesamiento de los productos mineros. Esta disminución artificial en el costo de explotación genera incentivos a sobreexplotar los minerales, ya que los oferentes toman decisiones de producción en base a los costos enfrentados por ellos. El establecimiento de la regalía minera contenida en el presente proyecto corrige esta situación al lograr que los oferentes de productos mineros internalicen el costo correspondiente al valor del mineral extraído.»
En la práctica, como se ha venido reiterando desde hace años, la principal causa de la sobreproducción, y depresión prolongada de precios, en el mercado mundial del cobre, a partir de 1995, radica precisamente en esta grave distorsión de la actual política minera chilena. Sus consecuencias negativas han sido significativas.
Es positivo asimismo que el proyecto establezca un royalty para el conjunto de la minería y no sólo para el cobre, naturalmente con montos diferentes y proporcionales a la renta de cada mineral. La correcta aplicación de la teoría económica de los recursos mineros abre paso a su generalización a todos los recursos naturales. Ello será decisivo en el futuro para optimizar su uso, desde el punto de vista económico, terminando con la situación actual, en la cual la carencia de cobros por la renta, en la práctica, subsidia su sobreexplotación, con grave daño al medio ambiente, entre otras consecuencias.
Los grandes economistas, desde Smith, Ricardo, y Marx, hasta Samuelson, Solow y Bagwhati, por mencionar algunos, estarían muy contentos de ver restablecidos así, por el Estado de Chile, los sanos principios de la teoría económica de la renta. También en nuestro país, muchos economistas nos alegramos enormemente por este reconocimiento, y en primerísimo lugar el distinguido profesor Don Orlando Caputo, primer gerente de Codelco, durante el gobierno del Presidente Allende, quien ha encabezado los esfuerzos académicos por restablecer en nuestro país una política minera racional.
Lamentablemente, como tantas iniciativas de los gobiernos democráticos, el proyecto del gobierno establece cobros tan bajos y susceptibles de eludir, que en la práctica desdibuja el objetivo requerido, que no es otro que corregir una enorme y dañina distorsión económica.
En efecto, el proyecto establece una regalía de 3% sobre las ventas de cobre menos los costos directos de extracción y procesamiento, y gastos de ventas; incluyendo insumos, remuneraciones y honorarios, fletes y seguros. Dicha regalía se cobra en la medida que dichos costos no excedan el 85% del precio de venta y que la empresa venda más de 2000 unidades tributarias anuales, que equivalen aproximadamente a 1.2 millones de dólares. Desde luego el royalty será considerado como un costo de producción, pero adicionalmente, durante tres años se podrá descontar de impuestos.
Típicamente en la gran minería privada, los costos y gastos a descontar, que se denominan costo de ventas, son del orden de 40 centavos de dólar por libra de cobre. Al menos, ese fue exactamente el costo de ventas promedio de Minera Escondida, que es la única minera que publica sus balances, entre 1998 y 2002. Es decir, con un precio de 80 centavos, el royalty es de 1.5% de las ventas y con un precio de 120 centavos, el royalty propuesto es de 2.4% de las ventas.
¿Cuál es el monto requerido? La teoría económica tiene una respuesta categórica: el royalty óptimo es aquel que recoge la totalidad de la renta originada en los recursos gravados. De esta manera se elimina completamente el subsidio a la industria respectiva y se restablecen condiciones competitivas.
En el caso de los minerales chilenos, la renta originada en los mismos oscila entre el 15% y el 25% de las ventas, según ha estimado el profesor Eugenio Figueroa, de la Universidad de Chile y la Universidad de Alberta, Canadá. Cenda, por su parte, ha calculado que un royalty de 17% sobre las ventas, iguala las utilidades, antes de impuestos de Codelco, con las del promedio de la industria cuprífera a nivel mundial, en un período largo de tiempo, lo que no es una mala estimación de la renta originada en la superior calidad de nuestros minerales. Las cifras anteriores indican que probablemente el royalty óptimo debe estar en torno al 10% de las ventas en el caso del cobre, que es precisamente el monto que ha pagado Codelco durante tres décadas, sin dejar por ello de ser una de las más rentables empresas del país.
Es decir, el royalty propuesto es alrededor de una cuarta parte del requerido para eliminar el subsidio a la sobre-inversión, y restablecer condiciones de competencia en la industria del cobre. Por lo tanto, este royalty no corregirá sino en una mínima parte la distorsión actualmente existente, manteniéndose fuertes incentivos a la sobre explotación de nuestros minerales, con implicancias negativas sobre el precio. Ello amenaza los retornos de todos los productores establecidos, en primer lugar Codelco y su propietario, el Estado de Chile, pero asimismo al resto de la industria.
De lo anterior se puede deducir que la lucha que se ha venido sosteniendo por eliminar las distorsiones de la actual política minera deberá continuar en el futuro. Sin embargo, la aprobación del actual proyecto del gobierno parece un paso muy positivo en la dirección necesaria.
Sin perjuicio de las deficiencias anotadas, este proyecto honra al Presidente Lagos, los Ministros Eyzaguirre, y Dulanto, y al Gobierno – impulsados por los partidos de la Concertación y los parlamentarios de todos las tendencias que han venido luchando desde hace años al respecto, encabezados por el Senador Jorge Lavandero Illanes. Ellos han tenido el valor y la responsabilidad de empezar a enfrentar el que constituye quizás el principal obstáculo al continuado desarrollo del país: nuestra deficiente política de recursos naturales. Se trata de un asunto de interés nacional y los chilenos, debemos apoyarlo en forma unánime. Así haremos honor a las enseñanzas de nuestros padres, quiénes actuaron de esa manera al nacionalizar el cobre.
La unidad nacional es un deber patriótico, especialmente cuando la industria minera privada se encuentra en pie de guerra contra el royalty, amenazando incluso con demandar al Estado ante tribunales extranjeros. Ello refleja una perspectiva de corto plazo y más bien ceguera respecto de las graves consecuencias que para la misma industria entraña la mantención de la actual situación: ella sólo estimula la explotación de yacimientos marginales, en perjuicio de todos. Los gobiernos de sus países de origen han empezado a presionar al gobierno chileno al respecto. Todo ello es inaceptable, puesto que actuamos en el ejercicio de nuestros derechos soberanos, en defensa de lo que nos pertenece, en beneficio del conjunto de nuestro pueblo y las regiones donde se encuentran los minerales.
Es un royalty en la medida de lo posible. Es insuficiente, pero hay que respaldarlo con toda decisión.
*Manuel Riesco es miembro del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda, (mriesco@cep.cl).
