La posibilidad de que la vertiente civil de la dictadura llegue al poder por las urnas no sería una realidad próxima sin la connivencia de los representantes de la Concertación, quienes abortaron el programa de Patricio Aylwin.
Si se despeja la bruma del debate sobre el royalty y se hace una mirada más lúcida y honesta, resulta sorprendente el nivel de complicidad que se ha generado entre la derecha y la Concertación, una coalición cada vez más apartada de la razón y sometida a la voluntad del Príncipe, que olvidó que el progreso de la ciencia, de la economía y de la técnica debe ir de la mano con el progreso en la justicia y en la dignidad de la condición humana.
La posibilidad de que la vertiente civil de la dictadura llegue al poder por las urnas no sería una realidad próxima sin la connivencia de los representantes de la Concertación, quienes abortaron el programa de Patricio Aylwin y adoptaron otros ideales sociales, que se apartan de la idea de modernidad que ha inspirado a los ciudadanos democráticos desde la Revolución Francesa.
La evidencia del distanciamiento del gobierno de Lagos de esta corriente histórica se puede establecer a través de un análisis crítico de sectores claves como la salud, la energía y otros. Es importante señalar que aquí no interesan tanto las magnitudes de las cifras con que el Presidente adorna su discurso, sino saber el rumbo por el cual la Concertación orienta la historia de Chile.
En Chile, la diferencia entre el ingreso del 5% más rico y del 5% más pobre es de 220 veces, mucho más que Japón, Estados Unidos, México y Costa Rica, entre otros. Al término de la dictadura era sólo de 110 veces. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2003, Chile es uno de los 12 países con la peor distribución del ingreso en el mundo, es decir, la justicia es una meta no lograda en absoluto, posición compartida con países como Namibia, República Centroafricana, Nicaragua, Honduras y Sierra Leona, entre otros.
Por ejemplo, Lagos destaca como uno de los mayores logros de su gobierno la mantención de un bajo riesgo país, que nos muestra como una nación fiable. Pero su gestión ha logrado calar sólo en la banca internacional y no en organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité Contra la Tortura (CAT) cuyos integrantes, diez expertos independientes de alta calificación, recomendaron en ocho carillas una serie de medidas prácticas después de evaluar que Chile aún tiene tareas pendientes.
Para los ciudadanos comunes, esas dudas aumentan cuando observamos el absurdo de ver a Manuel Contreras, el más grande violador de los derechos humanos en Chile, en libertad bajo fianza y en cárceles especiales, mientras en la Cámara de Diputados el indulto a los presos políticos debió pasar incluso por pugilatos e incidentes.
Tampoco podemos considerar que la discusión del royalty a la minería sea un ejemplo de la opción de justicia social del tercer gobierno de la Concertación. Todo lo contrario. La débil defensa del proyecto -que la mayoría de los chilenos considera de suma importancia-, siembra muchas dudas sobre la real intención del Gobierno.
También se constata que la situación de privilegio de quienes perciben mayores ingresos se ha mantenido inalterada durante el gobierno de Lagos. El sistema privado de salud funciona bien y sin problemas de financiamiento, mientras el sistema público no sólo debe asumir el mayor número de cotizantes -los que para colmo son los más pobres- sino también porque el número de personas ha aumentado desde el año 1997, cuando más de 800 mil individuos emigraron desde las isapres. Además, los usuarios del sistema público son los más costosos en términos de las prestaciones, dado que asume al 65% de la población menor de 4 años, al 85% de los mayores de 60 años, al 64% de las mujeres en edad fértil (hasta 44 años), al 90% de los dializados, al 100% de los enfermos de SIDA y al 90% de los mayores de 80 años. Esto, sin contar que el 85% de la población pobre se atiende gratis.
En consecuencia, no es difícil encontrar argumentos que ayuden a entender porqué en este gobierno hace esfuerzos de modernización a secas, es decir, muchas carreteras, acuerdos de libre comercio, Internet y otras chucherías que vienen aparejadas con el progreso técnico, pero que se encuentran a siglos de distancia y definitivamente escindidas de los contenidos normativos de la modernidad y, por supuesto, del ideal de justicia.
*Marcel Claude es presidente de Corporación Representa
