El royalty salmonero es «el justo precio» que intenta capturar para beneficio del país el valor de la renta económica del recurso agua y consecuentemente cobrar un pago por su uso, constituyéndose además en una señal de escasez para el agente privado, evitando la sobrecarga del recurso natural.
Por estos días estamos en presencia de un escandaloso negocio dentro de la industria salmonicultora, la venta de concesiones acuícolas. Estas van desde $600 mil por el arriendo de una hectárea a US$1,5 millones por una superficie de 22 hectáreas. El negocio es que la entrega de las concesiones por parte del fisco es gratuita e indefinida, con la única exigencia de pagar una irrisoria patente que va entre 60 mil y 120 mil pesos por hectárea.
Esta verdadera especulación al interior de la industria no hace sino reconocer la existencia de una renta generada por el recurso agua en el proceso productivo, renta que tal como están las cosas es traspasada íntegramente a privados, muchos de los cuales ni siquiera están relacionados a la industria acuícola.
Lo inmoral de este asunto, más allá del lucro privado a costa de recursos de propiedad pública, es la poca conciencia de las autoridades en cuanto a la exigencia del cobro de un royalty salmonero, sobre todo pensando en los altos grados de desigualdad y pobreza que se viven en las comunas donde se desarrolla la industria.
El royalty salmonero es «el justo precio» que intenta capturar para beneficio del país el valor de la renta económica del recurso agua y consecuentemente cobrar un pago por su uso, constituyéndose además en una señal de escasez para el agente privado, evitando la sobrecarga del recurso natural y logrando una plena eficiencia en la asignación de los recursos en la economía.
Esto último es muy importante al considerar la constante presión que ejerce la industria salmonera sobre los ambientes lacustres y marinos, insumos necesarios pero usados gratuitamente, a través de los niveles de oxígeno del agua, de la cantidad de nutrientes y el uso de químicos que quedan como desechos en las aguas.
Según estimaciones recientes, entre 1990 y el 2000 la suma de los costos ambientales de la salmonicultura alcanzaron entre 490 y 961 millones de dólares, y en el año 2001, entre un 18% y un 34% del valor agregado generado por la salmonicultura se puede adjudicar al costo ambiental o al consumo del capital natural. Incluso más, la producción actual de salmones genera desechos equivalentes a los de una población superior a 3 millones de habitantes. Con la aplicación de un royalty se lograría internalizar estos costos, y dejarían de existir «precios mentirosos».
De esta manera queda demostrado que un royalty salmonero no es un impuesto, no es un pago caprichoso para aumentar las arcas fiscales, sino que más bien, es un ente corrector que permitirá el correcto funcionamiento de los mercados. Un doble dividendo por un derecho a explotar un recurso de propiedad de todos los chilenos, hoy por hoy destinado a enriquecer a un puñado de especuladores.
Cristián Gutiérrez es economista de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica
