Varios hechos noticiosos ocurridos en las últimas semanas ponen en evidencia, una vez más, el tramado de aquello que el lenguaje corriente denomina «el sistema». Para el análisis de los cientistas sociales «el sistema», su estructura y funcionamiento no tienen casi misterios teóricos. El sujeto común, en cambio, ve pasar ante sus ojos indicios, signos, muestras reales, sobre el funcionamiento del «sistema». Y muchas veces no mira el conjunto sino los hechos aislados.
En ese plano, el de simplemente leer las noticias en la prensa – prensa que es parte del «sistema»-, las últimas semanas evidencian que el símbolo más notorio y claro de esa trama es Pinochet. Él fue no sólo un dictador responsable de graves violaciones a los derechos humanos sino también un sujeto económico, con intereses monetarios que van progresivamente quedando en evidencia. Pinochet sintetiza en su figura el maridaje entre una libertad económica que fue terreno fértil para la corrupción y el autoritarismo brutal como forma de gobierno. Por eso se le protege más que a la cúpula de la DINA, condenada gracias a la conjunción de voluntades de organizaciones de derechos humanos, fuerzas políticas de izquierda, gobernantes y miembros del poder judicial.
Una comisión de la Cámara de Diputados investiga las privatizaciones realizadas en el gobierno de Pinochet, dice la prensa. Hay una difundida convicción que la propiedad pública, en aquellos procesos, fue vendida muy por debajo de su real valor. ¿Quiénes se beneficiaron? Los compradores de acciones, entre los cuales están, naturalmente, los que concibieron hábilmente estas operaciones y que han disfrutado todos estos años de su ingenio comercial y, también, segmentos de las Fuerzas Armadas a los que se les autorizó para destinar fondos previsionales a inversiones que resultaron a la postre altamente lucrativas.
Desafortunadamente, la mayoría de los diputados de derecha no han concurrido con su esfuerzo a esta investigación. No es una actitud nueva. Lo mismo ha ocurrido con los uniformados que tuvieron mando en los tiempos en que se violaban los derechos humanos. Uno lee en la prensa que Contreras no ha entregado nueva información, expresando así la línea de aquellos que han resuelto guardar silencio sobre el tema. El sistema es un todo, una relación, una red, un tejido en que lo económico y lo político convergen en la trama. De ese modo, unos callan sobre los latrocinios económicos, otros sobre los comportamientos inhumanos de agentes del Estado.
Leo también que algunas personalidades de derecha explicitan su distancia -de siempre, dicen- respecto de Manuel Contreras. Me pregunto: ¿y de Pinochet? Pero quienes así se plantean, al menos salen a luz, quizá porque son más apasionados, menos cuidadosos. Me inquietan mucho más los silenciosos, aquellos que nada dicen o sólo lo estrictamente necesario para no equivocarse, para estar a cubierto de preguntas incómodas. Ahí está, en realidad, el corazón del «sistema».
En un país como Chile, signado por las desigualdades económicas y las desventajas culturales de la gran mayoría, las instituciones democráticas capaces de contribuir decisivamente a derrotar el silencio, exponer la imbricación entre economía y política durante la dictadura e impedir que el «sistema» funcione en su propio beneficio, son el Poder Ejecutivo, el Congreso y la judicatura.
Ni el gobierno, ni la mayoría de los parlamentarios, ni todos los jueces de hoy son responsables de los hechos denigrantes del pasado y no deben hacerse cómplices de ellos. Su tarea en una sociedad desequilibrada socialmente por sus desigualdades es, necesariamente, ejercer su mandato democrático de una forma que proteja a víctimas y desfavorecidos y busque compensar las taras históricas de nuestra sociedad permitiendo que se conozca la trama que conforma «el sistema».
Jorge Arrate fue Presidente del Partido Socialista. Hoy preside el Directorio de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS).
