Por estos días la Concertación de Partidos por la Democracia cumple quince años en el gobierno. Los rasgos positivos de su obra son innegables hasta para sus adversarios. A juzgar por sus victorias electorales continuadas y por los resultados consistentes de diversas encuestas la mayoría de los chilenos aprecia la tarea realizada, en particular por el actual tercer gobierno de la Concertación.
En el plano continental, la comparación favorece claramente a Chile, que ha logrado estabilidad política y crecimiento económico sostenido, en un marco de fortalecimiento de la función judicial y de intensificación de políticas sociales destinadas a enfrentar la pobreza. Después de quince años de gobierno de la Concertación prácticamente todos los chilenos se han beneficiado materialmente. Existe en el país la difundida idea que es posible mejorar la propia condición.
Para inconformistas como el que escribe, este balance positivo no es incompatible con el ejercicio de la crítica, instrumento indispensable para construir progreso a todos los niveles de la sociedad. Entonces, hay que preguntarse: ¿durante estos quince años hemos avanzado o no en la dirección de aquel tipo de sociedad que los partidos de la Concertación proponen en sus discursos? Mi impresión es que no.
En el plano cultural -entendido en su sentido amplio, es decir, el de modo como convivimos- la sociedad chilena pareciera no sólo no haber crecido, sino haberse empobrecido. Los fenómenos de retracción al mundo privado, consumismo exagerado, desconfianza en la política y las instituciones democráticas, mercantilización de las relaciones personales, han adquirido una dimensión preocupante.
La ciudadanía se ha hecho descreída, la política está venida a menos, es menos púdica y más «farandulera».
Ya en las elecciones de 1997 aproximadamente un 40% del universo ciudadano potencial no sufragó. Había anulado el voto o votado en blanco, se había abstenido sin aviso o, simplemente, no se había inscrito en los registros electorales. Un signo fuerte del debilitamiento de la política, entrampada en la gelatina de los consensos cupulares obligados y voluntarios construidos por la propia Concertación como método de gobierno.
La derecha ha sacado buen provecho de los mecanismos de protección que dejó implantados la dictadura y de las debilidades de la Concertación. Hegemonizada por los sectores más pinochetistas que, sin embargo, ostentan ahora posturas democráticas en lo político y posiciones que pudieran definirse como de «conservadurismo compasivo» en lo social, levanta a veces banderas que si fueran agitadas por la Concertación serían calificadas peyorativamente de «populistas». De esta manera, cobijada por un régimen electoral que le resulta cómodo, ha alcanzado un nivel de presencia política que nunca tuvo en los tiempos de democracia, en los últimos setenta años. Logró emparejar a la Concertación en la elección presidencial de 1999-2000 y disfruta un virtual empate en el ámbito legislativo. La apatía política de una fracción sustancial de la población favorece su postura pragmática, que se centra en las cuestiones inmediatas que afligen a las familias más que en grandes temas políticos nacionales o internacionales. De esta manera la derecha posee una especie de veto parlamentario: ninguna ley importante puede aprobarse en Chile sin tener al menos algunos de sus votos.
Para las fuerzas que encabezaron la lucha con la dictadura y que se agruparon en la Concertación es difícil concebir otra coalición política. Al fin y al cabo, la alianza entre el centro político y parte de la izquierda ha dotado a Chile de un referente menos conservador, culturalmente más abierto, con una sensibilidad más igualitaria, incluso si esa Concertación se ha dejado entrampar en el sistema de cerraduras institucionales y de tentaciones políticas originadas en la derecha.
No obstante, la coalición requiere una renovación sin la cual le será difícil revertir los procesos negativos de mercantilización e indiferencia que afectan a la sociedad chilena. Se requiere abrir otra etapa, dar por terminado un período y sentar las bases de una alianza en que sus antiguos miembros fundadores se dispongan a introducir cambios radicales en su forma de actuar, estilo y programa. Aquello que amenaza el futuro de una «opción progresista» no es la fuerza de la derecha que estuvo asociada a Pinochet —que la tiene, sin duda— sino el hecho que la Concertación está centrada en sí misma y rodeada por una multitud de ciudadanos que no se identifican con la derecha, pero que no encuentran expresión a sus ideas y sentimientos en la actual Concertación. Entre los jóvenes entre 18 y 24 años, o sea los que recién se inician en la vida ciudadana, un porcentaje superior al 80% no se encuentra inscrito.
Es posible revertir situaciones como esta si la Concertación se abre a un diálogo social amplio con todos los sectores, llega hasta los más recónditos intersticios de la sociedad y se confronta con la realidad que allí existe y con el espíritu crítico que allí se incuba. En los patios traseros de una «semi democracia», subterráneos en que se sumergen subculturas que la cultura oficial —expresada magistralmente en una televisión totalmente mercantilizada— reprime o ignora. Las elecciones presidenciales son un momento particularmente interesante para emprender este regreso de la Concertación a la plaza pública, a la plenitud de la sociedad civil. La precandidata mejor posicionada, Michelle Bachelet, orienta su campaña en esta dirección, indicando claramente el camino de ese cambio necesario.
Aparte de este indispensable diálogo social un segundo nivel de diálogo debiera constituirse con todos los sectores políticos democráticos y progresistas críticos del modelo de sociedad de mercado a que Chile se encamina aceleradamente. La Concertación debe dejar de lado prejuicios y levantar vetos inapropiados para esta época histórica. Se trata de establecer un diálogo con numerosos grupos políticos de izquierda, ecologistas, libertarios o simplemente democráticos. Seguramente no será posible en el corto plazo alcanzar necesariamente acuerdos ni de gobierno ni electorales. El distanciamiento respecto de estas fuerzas, ilegítimamente excluidas de las instancias más importantes del sistema político, no se supera en plazos breves. Pero incluso más allá de las decisiones electorales de hoy, ese diálogo es necesario para generar a futuro una mayor coincidencia entre todos los sectores populares, reducir a la derecha y generar la fuerza necesaria para grandes reformas.
En la perspectiva de futuro, Chile necesita romper el círculo vicioso de la desigualdad que marca el modo de vida del que el país es prisionero. Hoy las diferencias económicas absolutas entre chilenos son mucho mayores que ayer. La cultura de la desigualdad, fundada en una resignación cómplice, debe ser enfrentada por la promoción de diferencias justas que se basen en la doctrina de la igualdad básica de los seres humanos. Una forma de lograrlo es promover un Pacto Nacional por la Igualdad, con objetivos mensurables a mediano y largo plazo y medidas concretas, y hay que imaginarlo y configurarlo en los diálogos con la sociedad.
Por otra parte, el país necesita una nueva Constitución, no las simples reformas de la que existe. La actual es anacrónica, no garantiza plenitud de derechos democráticos y, en el plano simbólico, fue aprobada en un plebiscito fraudulento y lleva la firma de un dictador que violó cruelmente los derechos humanos fundamentales. Es difícil lograr hoy este objetivo, porque la correlación actual de fuerzas parlamentarias no lo permite. Pero, sin duda, el primer paso es expresarlo de modo transparente.
Diálogo con la sociedad, diálogo político con todas las fuerzas populares, compromiso contra la desigualdad, una nueva Constitución.
Luego de estos quince años, hay en el horizonte nuevos y exigentes desafíos.
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* Jorge Arrate fue presidente del Partido Socialista y actualmente preside el Directorio de la Corporación Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS)
