Las opiniones destempladas o apocalípticas sobre la delincuencia que caracterizan el actual escenario electoral, constituyen un indicativo de que a los contendientes políticos parece importarles más la descalificación del adversario que un debate equilibrado del tema. La consecuencia inmediata de ello es que quien paga los costos es la ciudadanía, pues en los vacíos de consenso gana el que tiene las ideas más claras, en este caso los delincuentes.
De ahí que la peor manera de tratar un tema de tal naturaleza sea convertirlo en un arma arrojadiza de una lid electoral o transformarlo en una guerra, donde lo que se requiere para ganarla es un odio a mansalva de la sociedad en contra de los delincuentes. Al escuchar los mensajes de ciertos políticos parece que se esperara que la ciudadanía encolerizada procediera a linchamientos populares, a crear escuadrones de la muerte, a castrar a los violadores o a ejecuciones en público. Un poco de ponderación, seriedad y respeto por la ciudadanía es un primer requerimiento.
Chile vive un Estado de derecho, con plena garantía de las libertades individuales, y acaba de poner en funcionamiento, con amplio consenso de todas las fuerzas políticas, un nuevo sistema de procedimiento penal, que gira en ciento ochenta grados la forma en la cual deben funcionar tanto las policías como los tribunales de justicia. En primer lugar, en cuanto a la legalidad de los procedimientos de detención, imputación y privación de libertad.
Sin perjuicio de ello, es efectivo que en determinados aspectos, tanto los mecanismos policiales como el funcionamiento de los tribunales han mostrado una ineficacia relativa. En parte atribuible a los ajustes institucionales y de doctrina que conlleva el cambio descrito, en parte debido a atrasos técnicos de los operadores del sector justicia y policía, o en parte por una mezcla de ambas cosas. Sin embargo, el sistema procesal recién lleva cuatro meses en Santiago y debe irse ajustando a medida que se cree la nueva cultura jurídica que él implica. Por lo demás, demuestran un gran desconocimiento los que creen que el procedimiento se aprobó como mecanismo de lucha contra la delincuencia y no para dotarse de un sistema más transparente frente a los derechos ciudadanos y el debido proceso.
Por otra parte, es claro que los dispositivos operacionales de las policías aún carecen de la velocidad, rapidez y certidumbre que permitan una acción legal eficaz, focalizada y oportuna en contra de la delincuencia. O que el despliegue territorial de ellas, sin perjuicio de los éxitos alcanzados por el Plan Cuadrante y de la falta de recursos policiales, sea concebido de una manera demasiado estática para el tipo de funcionamiento actual de la ciudad.
En este último aspecto, el tipo de desarrollo a que han sido inducidas las ciudades en Chile, si bien muestra logros importantes en dotación de infraestructura mayor, también presenta grandes deterioros en el habitat urbano. Principalmente debido a una concepción que privilegia los desplazamientos a alta velocidad y fragmenta la ciudad, creando bolsones de marginalidad en los barrios de menores ingresos. Ello no solo dificulta los desplazamientos y controles policiales. También deja barrios sin alternativas de cultura, ocio o recreación, que se transforman en promiscuos bolsones de violencia, sin sentido de pertenencia global, y que inciden en la calidad de la democracia y en la creación de una atmósfera de inseguridad.
Pese a lo anterior, y a otros problemas que aún se podrían mencionar, las estadísticas, tanto oficiales como de organismos privados como la Fundación Paz Ciudadana, muestran un descenso en los niveles de delincuencia. Aunque la vistosidad y notoriedad periodística de muchos de los delitos, que se ve favorecida por el aumento en el uso de armas de fuego, la temprana edad de los delincuentes o su ensañamiento con las víctimas, afectan negativamente las percepciones ciudadanas.
Pero los tres hechos que a manera de ejemplo se han señalado más arriba: armas de fuego, minoría de edad o ensañamiento, no se erradican con arrebatos vengativos por parte de la autoridad o la policía. Todos ellos expresan también causas estructurales cuyo manejo demanda una acción compleja por parte de la sociedad, que va más allá de la simple punición.
Como acaba de demostrar una reciente investigación en curso sobre una red de tráfico de armas originada en los Arsenales de Guerra, las armas en poder de civiles criminales tienen el mismo origen que aquellas que maneja la autoridad. Sólo si la autoridad se corrompe o es ineficiente, los criminales pueden acceder a ellas.
Algo similar ocurre con el aumento de niños y de violencia en la comisión de delitos. La violencia es una actitud aprendida, ya sea por el maltrato infantil o por la precariedad de las condiciones ambientales en que se desarrollan los individuos. La desactivación de la violencia no es un problema de mayores penas, sino un tema cultural de la sociedad. La entrada en funciones de los Tribunales de Familia, con sus sistemas de mediación y cercanía con la gente, deberá incidir positivamente en desmontar situaciones que inducen o favorecen pautas violentas de conducta.
Chile tiene una posición de ventaja frente a la delincuencia cuando acredita instituciones policiales y judiciales no carcomidas por la corrupción. Esa es una base que debe ser potenciada por la elite política y quienes aspiran a ser gobernantes, con propuestas constructivas que no hagan concesiones al populismo mediático.
