Conmoción ha causado la tragedia ocurrida dias atrás en el Lago Maihue, en la zona cordillerana de la provincia de Valdivia. Como sabemos, en la ocasión una modesta y obsoleta embarcación, sin chalecos salvavidas y con capacidad para 18 pasajeros, trasportaba 33 personas, la mayoría de ellos estudiantes mapuche de la comunidad de Rupumeica, que viajaban a los internados en que estudiaban en Llifén, Futrono y Valdivia. Como consecuencia de la sobrecarga y la precariedad de la embarcación, así como del mal tiempo reinante, la nave naufragó, pereciendo siete personas y desapareciendo otras diez.
El hecho pudo haber ocurrido mucho antes, puesto que la comunidad desde hace años venía manifestando a las autoridades su preocupación sobre el peligro que significaba el cruzar el lago en esta frágil embarcación, sin ser hasta ahora escuchados.
Ocurre, sin embargo, a dos semanas de las elecciones presidenciales, dejando en evidencia el otro Chile del que tanto se habla en este contexto, pero respecto al cual poco se hace.
Se trata en este caso del Chile indígena; un Chile negado, discriminado y silenciado. Negado, por cuanto, a pesar de alcanzar a una población cercana al millón, sus pueblos no han sido reconocidos por la Constitución Política, la que sigue considerando -gracias a la ceguera y/o indiferencia de los sectores conservadores que hoy asumen la causa de los desposeídos- que el Estado chileno es de carácter mono-étnico, esto es, está compuesto por un solo pueblo: «el chileno».
Discriminados en lo económico, ya que sus comunidades -según estadísticas oficiales – son claramente más pobres que las no indígenas; en lo cultural, por cuanto sus lenguas y culturas no se enseñan en los colegios como las de nuestros antepasados europeos; en lo racial, por cuanto sus rostros no aparecen en la TV -a excepción de aquellos folclorizados que aparecen en los spots de los presidenciables-; en lo político, por cuanto no tienen participación en las instancias públicas en las que se toman decisiones sobre sus vidas; en lo judicial, por cuanto los tribunales los sancionan como terroristas -a requerimiento del gobierno actual, claro está- mientras que quienes usurpan sus tierras, y aún aquellos que abusan de ellos o atentan contra sus vidas, permanecen en libertad.
Silenciados, por cuanto su voz no encuentra espacio en los medios de comunicación masivos, y cuando postulan a funciones públicas -como lo hizo recientemente Aucán Hulcaman- se les ponen obstáculos que lo imposibilitan.
Las imágenes de marginación, pobreza y sufrimiento de los mapuche de Maihue que en estos días hemos visto por la televisión a raíz de esta tragedia, contrastan radicalmente con las del Chile «moderno» -blanco, urbano desarrollado- con las que cotidianamente se nos bombardea desde el mundo oficial.
A pesar que la superación de la pobreza y la equidad en la distribución del ingreso forma parte del discursos de todos los presidenciables, ninguno de ellos ha realizado propuestas acabadas para abordar la dramática realidad de injusticia que viven los indígenas y sus comunidades a lo largo del país. Ello resulta paradojal si tomamos en cuenta que, el mal llamado «conflicto mapuche» -porque detrás de un conflicto siempre hay dos o mas partes involucradas-, ha sido posiblemente uno de los conflictos sociales más graves del país durante la última década.
Ojala la tragedia de Maihue motive a los partidos políticos que apoyan a los presidenciables, a los medios de comunicación y a la sociedad chilena en su conjunto a desarrollar una reflexión más profunda sobre la compleja realidad que hoy viven los indígenas en Chile, sobre sus demandas de reconocimiento, como pueblos, y sobre la forma como han sido abordadas las relaciones interétnicas en otros contextos en América Latina y del planeta.
De ser asi, hechos evitables como éste, con su secuela de dolor y amargura, no deberían volverse a repetir en el futuro.
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José Aylwin. Director. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. observatorioderechosindigenas@yahoo.es
