El equipo de la Presidenta Michelle Bachelet ha perdido una magnífica oportunidad de poner en práctica su proyecto de gobierno ciudadano cercano a las mayorías. La Comisión de Reforma Previsional encabezada por el socialista Mario Marcel, a pedido del Ejecutivo, para estudiar un programa de pensiones, no es representativo del país real. Su composición es de corte eminentemente tecnócrata, es decir, en su mayoría son expertos y expertas cuyas opiniones no serán vertidas como tales, sino que tendrán la pretensión de situarse en el campo de las pericias técnicas y de los saberes neutros (know how), no contaminados por los intereses económicos y políticos en juego.
Con este artilugio se deja de lado la voz de importantes sectores sociales que también tienen una opinión justa y pertinente sobre el tema, ya que no se ha invitado a formar parte de la comisión asesora, generadora de una política pública sobre las pensiones justas para los chilenos y chilenas, a representantes de trabajadores y trabajadoras, de organizaciones sociales y populares y a investigadores(as) o a economistas de izquierda (críticos no sólo del sistema actual privatizado de pensiones, sino también de su filosofía neoliberal) que ya han intervenido en el espacio público.
Como siempre sucede con estos temas político sociales, cuando se quiere crear la ilusión de eficiencia y dominio, se utiliza el enfoque economicista (o el paradigma neoliberal, que es casi lo mismo) como garantía de objetividad. Esto se refleja en la superioridad numérica de los ingenieros comerciales -10 de los 15 miembros-, y corresponde a la creencia de que la evaluación económica de los problemas sociales es una condición de éxito.
Dichos expertos podrán ser muy competentes en su disciplina, pero tal criterio de selección no es una garantía de que el interés general o el «bien común» prevalecerán, puesto que los debates contradictorios no pueden ser reemplazados por puntos de vista tecnicistas que, quiérase o no, están siempre impregnados de valoraciones políticas e ideológicas.
Sin un proceso real de deliberación democrática, las soluciones que satisfacen las demandas de las mayorías son postergadas. Sin olvidar que dichas demandas, justas y legítimas, reaparecen nuevamente en la sociedad en forma de conflictos y movilizaciones sociales.
Cabe señalar que hasta el momento la construcción de «consensos» en la sociedad chilena se ha hecho en detrimento de las demandas y los intereses de las mayorías ciudadanas, de los trabajadores y trabajadoras, de los ancianos y jóvenes. En el método, la política del gobierno de la Concertación es más continuista del pasado que progresista.
La lógica de «construir consensos», elevada al rango de virtud por las elites políticas chilenas, no debe confundirse con la aceptación incondicional, o el «rayado de cancha», de la lógica capitalista del modelo y de las correlaciones de fuerzas favorables a las elites de poder. En otros términos, hasta el momento, los consensos se han construido sobre los principios y supuestos santificados por el modelo económico del capital, por la arquitectura institucional heredada de la dictadura y por los poderes económicos dominantes, cuyas estrategias, pese a lo que algunos ingenuos afirman después de años de ejercicio del poder, son fácilmente «desencriptables» y previsibles.
Es evidente que el manejo de las administradoras de fondos de pensiones ha enriquecido a una minoría que se ha acaparado del trabajo de los ciudadanos chilenos. Una forma vergonzosa e ilegítima de acumulación salvaje de capital en manos de un puñado de empresarios. Ä„Si hasta George Bush debió retirar de su agenda interior la privatización del Seguro Social para no irritar aún más a los norteamericanos! Es tiempo de que el Estado chileno garantice un ingreso decente a todos los ciudadanos y ciudadanas a partir de una cierta edad y que una buena parte de los fondos provengan de las ganancias del capital y de los impuestos a los que poseen demasiado.
Durante la campaña escuchamos como un leit motiv a muchos colaboradores de la Concertación hablar de «Empowerment» o «Empoderamiento». Pues bien, no se crea poder ciudadano transfiriendo el poder de «asesorar» a comisiones restringidas y elitistas. Existen otros procedimientos, como el de las Audiencias Públicas, para recabar y someter las propuestas a debate público convocando a sectores sindicales, comisiones parlamentarias y organizaciones populares. Para que esto sea posible y para que la comisión y su labor gocen de la legitimidad necesaria todos los sectores sociales deben estar representados en ella.
¿No es una afrenta a la razón democrática el que la voz de las mayorías sea acallada para que sólo se escuchen las opiniones y consejos de los «expertos» vinculados a centros de pensamientos de la derecha neoliberal y a los sectores oficialistas proclives a soluciones que se inscriben dentro de ese marco ideológico?
Ante tal situación, la experiencia aconseja que el deber de los medios es informar bien y el de las organizaciones políticas y sociales populares es permanecer alertas.
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Leopoldo Lavín Mujica es profesor del Departamento de Filosofía del CollÄge de Limoilou, Quebec, Canadá
