En Francia, el polémico Contrato de Primer Empleo (CPE) ya es parte del pasado. El lunes 10 de abril, el Primer Ministro Dominique de Villepin anunció la derogación de la ley, aduciendo que «las condiciones de confianza y tranquilidad no están presentes ni del lado de los jóvenes ni de las empresas, para permitir la aplicación del CPE».
De Villepin, junto a los asesores de Gobierno, trataron de ofrecer una respuesta sencilla al problema más grande que vive Francia: el desempleo, facilitando la entrada de los jóvenes de menos de 26 años al mundo laboral. Como buen representante de la derecha francesa, el primer ministro pensó que era suficiente con accionar una palanca para acabar con la cesantía y el CPE era la puesta en práctica de esta visión del mundo.
El Ejecutivo creyó que podía hacer pasar sin un verdadero debate un proyecto de la importancia del CPE, destinado a las empresas de más de 20 trabajadores y a los jóvenes de menos de 26 años, estipulando que el empleador tiene la posibilidad durante los 2 primeros años de romper el contrato sin obligación de dar una razón escrita.
Los argumentos no convencieron a nadie y aparecieron las primeras protestas. Las universidades, con el apoyo de los principales sindicatos, empezaron a movilizarse y poco a poco, este movimiento tomó una amplitud y una intensidad considerables. Durante las primeras semanas de marzo, las universidades y los liceos fueron bloqueados por los estudiantes y durante las marchas de los martes, día designado como «de acción», un total de 9 millones de personas salieron a las calles para expresar su descontento frente al desmantelamiento del código del trabajo y la precarización definitiva del empleo.
Durante esta lucha el presidente Jacques Chirac, quien normalmente no está a cargo de los asuntos internos del país, trató de salvar al CPE. En una intervención televisada afirmó que había escuchado al pueblo francés y que aceptaba modificar algunos artículos del proyecto. La respuesta de la oposición no se hizo esperar: nuevamente el día siguiente, los estudiantes y sindicatos desfilaron en las calles para pedir una sola cosa: la derogación total del CPE. Finalmente, unos días después, el gobierno cedió a la presión y echó marcha atrás.
Es importante destacar lo que en Chile podemos aprender de este episodio. El logro de este movimiento muestra la fuerza que puede tener la ciudadanía bien organizada. Cuando los estudiantes y sindicatos se dieron cuenta del contenido del proyecto de ley, toda una red se constituyó, coordinándose para hacer presión juntos contra el gobierno. Un representante sindicalista estudiantil reconoce que su rol fue «crear un vinculo con el mundo del trabajo para explicar que el movimiento estudiantil no defendía sus propios intereses, sino más bien mostrar que la precaridad laboral es asunto de todos». Esta coordinación entre las distintas esferas de la sociedad tuvo el peso suficiente para que el gobierno renunciara al CPE.
Este éxito de la movilización ciudadana francesa sirve como ejemplo para mostrar que cada ciudadano tiene derecho a expresar qué tipo de desarrollo quiere. En Chile, escuchamos con frecuencia que el crecimiento económico es la solución «mágica» para convertirnos en un país moderno. Pero al mismo tiempo, no es difícil darse cuenta que muy pocos chilenos aprovechan los supuestos beneficios de la economía nacional (el 10 % más rico gana 35 veces lo que el 10% más pobre). La ciudadanía chilena tiene que tomar conciencia que es primordial luchar contra medidas socialmente injustas y lo tiene que hacer de manera unida y coordinada porque sólo cuando la oposición es suficientemente grande y visible, puede alcanzar sus objetivos.
En Chile, muchas veces oponerse a las decisiones del Gobierno es visto como entrar en la ilegalidad. La pregunta entonces es hasta dónde obedecer la ley. El fundador del concepto de la desobediencia civil, Henry David Thoreau explica que cada persona tiene el derecho a levantarse, en nombre de la sola conciencia individual, contra las leyes vigentes. De la misma forma que Thoreau llamó a no pagar los impuestos por estar en desacuerdo con la política de Estados Unidos en 1849, los ciudadanos chilenos tienen el derecho de enfrentar a las elites políticas cuando no cumplan con su deber.
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Antoine Samoullier. Asesor de Políticas Públicas de Oceana.
