Convengamos que el concepto de progresismo toma valor y sentido sólo si se sitúa en un contexto, tiempo y lugar, determinado. Así, la noción de progreso fundada en la historia nace cuando los hombres y mujeres modernos afirmaron que era posible cambiar el curso de la historia y que un orden social más libre, justo y fraterno podía realizarse mediante la razón concertada de los ciudadanos, por lo tanto, el conservador era aquel que sospechaba de esa facultad de los seres humanos.
Así como en nuestro pasado reciente la distinción entre progresistas y conservadores estaba dada por la confrontación entre quienes aspiramos a recuperar la democracia y quienes actuaban en defensa de la dictadura, en el Chile actual, qué duda cabe, este posicionamiento se nutre de la decisión que muestran unos y otros para avanzar y profundizar en una agenda pro equidad versus quienes aun mantiene apego hacia una sociedad de privilegios y desigualdad.
La igualdad sigue siendo el eje que fundamenta y explica nuestro actual orden político basado en dos bloques predominantes, uno progresista de centro-izquierda y otro conservador de derecha.
Si de valores se trata, el Chile de aquí y ahora le impone a la Concertación un deber ético ineludible: superar la excesiva desigualdad que nos convierte en estudio de caso ante las brechas sociales que separan a los más ricos de los más pobres de nuestro país. Y ésta es una deuda pendiente que tenemos con el país.
La opción por la igualdad, se manifiesta en el debate cotidiano de políticas públicas en formas muy variadas. Subyace el tema de la igualdad cuando discutimos la Ley de Subcontratación, cuando analizamos la Ley Reservada del Cobre o cuando proponemos usos inteligentes y responsables para los excedentes del cobre.
Pareciera ser que a ratos se nos olvida que Chile es un país con un producto per cápita de US$ 12.000 -corregido por paridad de poder adquisitivo- y que esta cifra representa el equivalente a la mitad del producto promedio de los países desarrollados y que el 40% de los chilenos más pobres vive con un ingreso per cápita inferior a $ 70.000.
Por eso, resulta un poco disonante que destacados dirigentes de la Concertación estén más preocupados de ahorrar el tremendo superávit que tenemos como consecuencia del precio actual del cobre en vez de invertir una buena parte de los mismos para enfrentar los evidentes déficit que tenemos en capital humano, en equipamiento tecnológico e investigación científica para dar un salto cualitativo en nuestra estrategia de desarrollo futuro. Y, peor aun, resulta derechamente preocupante que una destacada Diputada de la Concertación acuse de populista la propuesta de la Senadora Alvear que busca transferir una parte de esos excedentes a los mismos chilenos y chilenas que les pedimos que se ajusten el cinturón en períodos de vacas flacas.
En estas materias hay que ser muy cuidadosos; acusaciones de populismo, advertencias obvias como que no debemos financiar gastos permanentes con ingresos transitorios, amenazas de desempleo y recesión ante cualquier propuesta de corrección de nuestra regresiva estructura tributaria, son propias de los sectores conservadores y no, precisamente, de quienes estamos obligados a propiciar el cambio social resguardando la estabilidad económica y democrática.
Cuidadosos también debemos ser, cuando desordenamos las prioridades de nuestra agenda valórica y terminamos introduciendo factores de desunión en nuestra coalición que actúan como cortinas de humo que nos impiden ver que nuestro primer deber ético es defender la vida y procurar la construcción de una sociedad más igualitaria y más humana.
______________________________________________
Mauricio Jelvez. Director Ejecutivo Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)
