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Cuando el lobo se disfraza de oveja: Desarrollo y competitividad

por 15 octubre, 2006

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La dogmática axiológica vigente resalta el concepto vacuo de diversidad como eje de todo, mas digo vacuo porque tiene tan diversos significados como su inspiración primaria: impedir descubrir el velo de las cosas tal cual son para defender el interés mezquino que le trasciende.



Al respecto debe decirse que el discurso político se izquierdiza para que, en los hechos, se mantengan las cosas tal cual están o para profundizar los privilegios, lo que es tan viejo como decir que el lobo se disfraza de oveja.



Por supuesto que la concentración de la propiedad es un obstáculo al desarrollo y es la piedra de tope de nuestro crecimiento y debe reconocérsele a Adolfo Zaldivar, cuando estaba en la conducción del PDC, haber introducido este factor en el debate con su mandato ético de "corregir el modelo".



Pero la derecha política, con un afán de mantener su relación influyente sobre el poder económico, simpatizándole a la gente, hace un sortilegio de este imperativo ético y económico de desconcentrar y lo transforma en la generación de nuevas barreras para ampliar una competitividad efectiva, dejando al mero perfeccionamiento de los instrumentos fiscalizadores, ya existentes, la tendencia monopolizante, en la práctica oligopólica. Es decir: magia que vuelve sobre el insistente pujar de los grupos económicos por eliminar las barreras del empleo para generarse certidumbre a costa de una mayor inseguridad para los trabajadores, sector al que, en mi peculiar visión, pertenece también gran parte de las PYME.



Nadie, con mediano sentido común, puede creer que las actuales tendencias microeconómicas reformistas podrían acaso disminuir los actuales niveles de concentración y, sin lugar a dudas, la socialdemocracia criolla tiene serios problemas de identidad por obedecer al comportamiento europeo y no al local, cayendo en la eufemística de llamarle flexibilización laboral a medidas que, más que desprotectoras, son instrumentos de incertidumbre que mermarán, más todavía, el poder negociador de los trabajadores y las PYME frente a quienes concentran la propiedad.



Entiendo en su dogmática a los valientes Ominami, Walker y Longueira:



Del primero, impresiona su fe en el modelo; sólo así podría aceptársele que crea que insegurizando a los trabajadores creceremos.



Del segundo, impacta su ingenuidad de que hay plausibilidad entre predominio de Mercado sobre Estado y, en consecuencia, la desconsideración de que el Estado es un factor relevante, pero sólo eso, un factor más, en el comportamiento de los mercados, que no está ni antes ni después, sino en ellos; sólo así puede aceptársele que desvíe el debate, descalificando el imperativo ético de "corregir el modelo".



Del tercero, la astucia es su arma; sólo así es posible entender su llamado a desconcentrar para concentrar y que esto parezca verdad.



La oportunidad del desarrollo requiere que se cumplan dos condiciones. Una es ética, donde cada chileno pueda creer efectivamente que los intereses patrios son colectivos, para todos y no para unos pocos, es decir, puedan ver que se ejerce la primacía del bien común. Otra es económica, donde la redistribución del ingreso es eje del crecimiento y al revés, cuya ecuación se resuelve con decisión de invertir productivamente garantizando la competitividad de los mercados, achicando las actuales barreras de la oferta, con participación indirecta del Estado, pero también con participación directa en aquellos rubros donde prevalece la concentración.



Si nos abriésemos al cumplimiento de estas condiciones, la oportunidad histórica, de la que todos hablan, por estos bienvenidos 20 mil millones de dólares del cobre, se transformaría en una realidad.



Pero, ¿cuánto valen 20 mil millones?



En realidad todos los chilenos podríamos contar como mínimo con $4.500 pesos diarios.



Sólo un cuarto recibe más de $4.500 y el resto en promedio alcanza los $2.094, es decir le faltan $2.406.



En dólares esta cifra equivale a un total de US$ 1.642 al año, lo que multiplicado por los tres cuartos faltantes, nos da alrededor de 19 mil millones de dólares, quedándonos mil para guardar.



Si esto fuera posible, la brecha entre el 8% más rico y el resto de la población disminuiría a más de la mitad, de 12 veces a 5,4 , reduciendo de 50 a 5 la brecha entre las familias más ricas de las más pobres, y así y todo, los más ricos contarían con más de los $25.000 diarios que hoy disfrutan.



Seríamos, sin duda, una nación desarrollada y lo único que tendríamos que hacer es lograr que cada año contemos con esos 20 mil millones.



Pero la economía es dinámica y a mayor poder adquisitivo crece la demanda y con la actual estructura de la oferta, dirigida sólo al cuarto más rico que consume el 75% de todo lo que se vende, aumentarían rápidamente los precios y, finalmente tendríamos una inflación, de tal tamaño, que se profundizarían mucho más la inequidad vigente.



Entonces aquí entra el rol de la economía política que, teniendo la misión de aprovechar la coyuntura, abra espacios de equidad con crecimiento y no al revés, y que, generando oportunidades para los referidos casi 11 millones de chilenos, regule la inflación y sus perversos impactos.



La respuesta no es complicada, pues entre gastar y ahorrar no se acaban las alternativas, dado que la palanca al desarrollo es invertir para que estos tres cuartos ganen esos $4.500 diarios, haciendo crecer la demanda al ritmo de la oferta.



Esta odisea requiere de una visión ancha y de un fiel convencimiento. Implica invertir para que crezca la oferta de bienes y servicios de manera de impactar sobre el empleo y las remuneraciones.



¿Quién debe invertir? Todos sin duda, no existe un real dilema entre mercado y estado, mas es responsabilidad de este último hacer y promover la inversión en la creación directa e indirecta de nuevas fuentes productivas. En la inversión directa debemos velar por la satisfacción de sus empleados, en la indirecta hacerlo mediante la introducción de justos equilibrios en la distribución de las ganancias y, en ambas, velar por la competitividad, generando mecanismos que impidan la acumulación y la concentración.



No se trata de desconcentrar por desconcentrar, sino de generar más competencia y esto involucra un papel más protagónico del Estado. Hay elementos orgánicos del actual modelo que lo impiden, pero su principal obstáculo no es jurídico, sino que la existencia de una visión generalizada de que no debiera meterse. Este mito que castiga la intervención debe ser superado y, por cierto que su superación efectiva depende de una conciencia generalizada de que es posible, de que los más ricos ganarán más de lo que ya ganan, pero esto hará que los pobres y los menos pobres puedan acceder a esos ya majaderos $4.500 pesos.



Un ejemplo concreto de inversión, a propósito de que los 20 mil los está generando el cobre de todos los chileno, sería resolver, mientras queda tiempo, la fundición y refinería de todo el cobre en Chile, ya por cuenta de privados, ya por el Estado mismo, ya mediante ambas posibilidades. De hecho, a cifras del 2001 de Colchilco, con un valor del cobre muy por debajo del actual, esta industria, por sí sola, generaría 13 mil millones de dólares y disminuiría en 4.700 millones las pérdidas, generando además, sobre 20.000 nuevos empleos en la Segunda Región, como lo dijera el entonces ministro Alfonso Dulanto.



Un país así alcanzado, tendrá que recorrer el camino que implica subir el ingreso individual de US$ 3.228 a US $ 4.455 al año, es decir un 38% más cómo mínimo, con capacidad de distribuir este auge ecuánimemente.



En resumen, ni las tendencias microeconomizantes ni la dogmática axiológica vigente nos abrirán el camino al desarrollo, sino el ejercicio de correcciones que, ejecutando y promoviendo la inversión, vayan garantizando la competitividad de los mercados, disminuyendo la concentración y generando certidumbre en el mundo laboral y de las PYME.



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Alejandro Salas. Secretario Ejecutivo Instituto Jorge Ahumada.

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