La aplaudida presentación del ministro de Hacienda en la última Enade ha instalado el tema laboral como el gran debate para los próximos meses. Al plantear el concepto danés de «flexiguridad» Velasco ha tratado de encontrar la piedra filosofal que permita zanjar la larga discusión entre el empresariado, partidario de flexibilizar aún más el mercado del trabajo, y las organizaciones sindicales que plantean una mayor protección social.
Este debate toca frontalmente el modelo de sociedad que queremos construir. Pone en discusión si se da continuidad al neoliberalismo imperante desde hace décadas o comenzamos a buscar alternativas que nos permitan construir una sociedad donde primen los valores de la igualdad y la protección social. Es evidente que no es posible dejar a todo el mundo contento cuando la contradicción entre el trabajo y el capital se manifiesta de la forma brutal como se da en Chile. Flexibilidad y seguridad social son conceptos que colisionan entre sí, y no es posible optar por uno sin subordinar al otro.
Si vamos a copiar un modelo como el danés, es necesario imitarlo integralmente. Dinamarca es un país pequeño, y en el que sólo hay 2 millones 900 mil personas en el mercado del trabajo. Además, tienen negociación colectiva por sector, el 80% de las personas están sindicalizadas y la tasa de reemplazo del seguro de cesantía (monto que recibe la persona cesante) es de 80% de su sueldo. La educación y la salud son públicas, y forman parte de una extensa red de protección social que se financia en gran parte gracias los impuestos a la renta de las empresas, que llegan a 40%. Dinamarca logró implementar con éxito un modelo de protección social que permite garantizar el derecho al trabajo. Las normas de flexibilidad laboral que en el último tiempo se han introducido en ese país han conservado las bases de este modelo, pero permitiendo una mayor rotación laboral, lo que ha ido en beneficio principalmente de los jóvenes, que han podido acceder más rápidamente a un primer empleo.
Las diferencias saltan a la vista. En Chile el impuesto a las empresas es de 17%, hay una muy baja tasa de sindicalización y el seguro de cesantía que reciben los trabajadores es impresentable. El desmantelamiento de todo sistema de protección social ha convertido a Chile en un paraíso para los ricos, que liberados del pago de impuestos, cuentan con una masa laboral muy «barata» lo que les permite acumular de modo rápido y depredador.
En definitiva, parece que no existe la fórmula mágica para acabar con la tensión entre protección social y flexibilidad laboral. Es necesario optar de manera decidida tanto en esa materia como en otras similares en la que se aprecia la misma ambigüedad gubernamental: en los cambios al sistema de AFP, en la reforma al mercado de capitales, en el informe de la comisión sobre educación, en la conformación del ministerio del Medio Ambiente y la resolución de los conflictos ambientales, y en muchas otras materias.
Evidentemente el Gobierno está atravesado por distintas visiones que conviven desde el origen de la Concertación. Además, sabemos que la «divisoria de aguas» entre los neoliberales y los sectores progresistas atraviesa transversalmente a los partidos del conglomerado de gobierno. La pregunta que surge, en un tiempo en que la Concertación muestra evidentes muestras de agotamiento político, es ¿hacia donde decantará este debate? ¿En qué campo estarán los actores políticos a la hora de tener que enfrentar con mayor claridad una serie de definiciones que ya no pueden seguir siendo pospuestas?
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Alvaro Ramis. Teólogo. Ex presidente de la FEUC. Miembro de ATTAC e investigador del Centro Ecuménico Diego de Medellín.
