Hace más de dos siglos ya, Voltaire nos decía con elocuencia: «No estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas». Así se estaba construyendo una nueva forma de entender cómo se debía organizar una sociedad. Estos pensamientos clásicos le dieron a la humanidad la ideología para comprender culturalmente que toda sociedad se acerca más a la justicia si se edifica sobre la base del respeto, protección y promoción de los derechos humanos fundamentales. Quien mejor expresó, y vaya la redundancia que es necesaria aquí, la libertad de expresión, fundamento de la libertad como uno de los más preciados derechos del ser humano fue precisamente Voltaire.
Las democracias modernas, para ser tales, de ninguna forma pueden conculcar ese sustancial derecho a la libertad de expresión, ninguna persona ni institución, bajo ningún respecto y justificación, pueden vulnerarlo.
Se podrá decir y afirmar que lo que busca el senador Adolfo Zaldivar es «protagonismo, que sus intereses son inconfesables, que sus pretensiones son ponerle término a la Concertación», pero no se le puede acallar, tiene el más pleno derecho a expresar sus ideas.
No basta que ello se afirme por quienes lo atacan y hoy pretenden expulsarlo de la Democracia Cristiana para después agregar que no atentan contra su libertad de pensamiento ni de expresión, sino que lo que califican es un acto de firma documental y que ello significa un pacto más o menos permanente con la oposición. A ellos, les recuerdo nuevamente a Voltaire, quien agregaba a su ya conocida frase la siguiente: «detesto lo que escribes, pero daría mi vida por defender tu derecho a escribirlo».
Ahora, claro, todo tiene un límite y esta libertad puede afectar derechos sustanciales. Si así fuera, se entendería lo de la expulsión. Nadie puede ejercer legítimamente su libertad si con ello comete una falta grave o un delito contra las personas y las instituciones, como son los casos de la falta de probidad, corrupción, robo, fraude, estafa, homicidio, violación, pedofilia, etc.; o si afecta derechos fundamentales del ser humano, como la misma libertad, la vida, los derechos de los trabajadores, la libertades públicas en general, el sistema democrático. En fin, aquel que afecta la libertad con su propia libertad, merece sanción.
Pero en este caso nos encontramos frente a un parlamentario que votó y firmó un documento que cuestiona el diseño e implementación de un plan de transporte que, desde la triste experiencia de todo habitante de Santiago, es un rotundo fracaso y que el mismo gobierno ha tenido que reconocer su mal diseño y su ineficiente ejecución.
Entonces, firmar un documento con parlamentarios independientes y de oposición para oponerse a seguir financiando un plan que a todas luces constituye un fracaso; ¿atenta contra los derechos de las personas, es un acto corrupto, se está respaldando un golpe de Estado? ¿Qué principio se esta vulnerando con esta acción?
En cambio, que por un acto libre se pida la expulsión de un militante de un partido cuyo pilar es la democracia misma, con todos los derechos que la fundamentan, eso sí que es un acto reprochable que atenta contra la institucionalidad democrática, tanto desde el punto de vista de los principios de la Democracia Cristiana como de las ideas y normas que dan sustento a nuestra Democracia Nacional.
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Eduardo Salas Cerda. Abogado, militante DC.
