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El cuento de nunca acabar

por 1 febrero, 2008

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Uno se pregunta cómo es posible que a 17 años de construcción democrática podamos tener en el alto mando de las Fuerzas Armadas, responsables de la defensa nacional, a funcionarios que estuvieron involucrados directamente en violaciones a los derechos humanos a ciudadanos de su patria.



La respuesta no está ahora en que la transición ha sido difícil por la presencia de Pinochet y su poder fáctico, pues ahora se argumenta la juventud que tenían en esa época los hoy generales. Los argumentos son distintos pero el resultado es el mismo: la debilidad de la institucionalidad democrática para imponer una ética a sus funcionarios.



Este punto, particularmente en el plano de los derechos humanos, es muy grave. Lo que se ha trizado y está a punto de romperse, es la idea que nuestros funcionarios miembros del gobierno que hemos elegido, son parte de una historia que se remonta al 11 de septiembre de 1973. Esa fecha, que incomoda a muchos, es la que está marcada en la historia del país como el momento del quiebre de la institucionalidad y el inicio de un período de violencia unilateral jamás antes vivida por tan largo tiempo en la sociedad chilena.



Esa fecha es fuente de lecciones políticas profundas y variadas, pero una que no se puede olvidar, es que la democracia tiene una base sustantiva en el reconocimiento de la igualdad de derechos y de la dignidad humana. En esto no hay democracias a medias y las instituciones respetan esto o no lo respetan.



El general Gonzalo Santelices, responsable del Ejército en la Región Metropolitana -y no del aseo de la Municipalidad de Peñalolén-, está vinculado en los crímenes de la Caravana de la Muerte. Él no debió ascender jamás hasta el lugar que lo hizo; esto reglamentariamente puede ser responsabilidad del Ejército, pero no es menos cierto que los gobiernos democráticos a través de sus ministros de Defensa, visaron todos los pasos.



Es inaceptable la tolerancia a la vulneración del criterio con el cual se asciende al grado de oficial superior en las instituciones armadas. Pareciera que no importa tener en su trayectoria, sucesos vinculados al atropello de los derechos humanos de chilenos.



Además tenemos el justo derecho a dudar del resto de los generales en los que se han depositado las máximas responsabilidades militares del país. Estas dos cosas debilitan el sistema democrático y sus estándares de calidad.



En Chile hay muchos que resisten el seguir debatiendo sobre los temas de derechos humanos, o buscan situarlos como "pieza de museo", resto arquelógico de una sociedad que ya no existe; un pasado de una sociedad no moderna, primitiva, superada por el actual estadio civilizatorio. Quienes así piensan valoran la paz actual y no quieren "más conflictos". Pues bien, ese enfoque como discurso desde los funcionarios de la Concertación, debilita a la propia Concertación.



Dicho directamente: la Concertación está en el Gobierno porque aquellos que fusilaron sin juicio previo, que torturaron e hicieron desaparecer, vulneraron derechos de ciudadanos nuestros, de amigos y compañeras de luchas y ello deslegitimó sus posibilidades de conducir una sociedad democrática.



Si ciertos dirigentes y/o funcionarios de la Concertación rompen su vínculo con la historia de nuestros muertos, romperán con lo que nos forjó como coalición democratizadora. Si ciertos dirigentes siguen relativizando los criterios democráticos sobre los que se sostiene el sistema democrático ayudarán a demoler la confianza de la gente en las formas pacíficas de resolver los conflictos. Si ciertos funcionarios creen que engañan a la opinión pública declarando que los jóvenes oficiales criminales no tenían criterio cuando mataban a otros jóvenes, están degradando el valor del respeto a la democracia entre los propios jóvenes de hoy.



Esta historia de nunca acabar podrá ser una lección política democrática cuando se enfrente la realidad: el criterio democrático no debe aceptar criminales en las filas de las FFAA, ni tampoco legitimar a quienes le dieron sustento político y jurídico.



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Osvaldo Torres es concejal del PS.

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