Desde la década del sesenta, es decir, hace ya más de cuarenta años nuestro país ha avanzado en su política de planificación familiar, desde la entrega de Dispositivos Intrauterinos (DIU) hasta la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) en el Sistema Público de Salud. De esta forma, se ejerce una política pública de equidad y justicia social en que las mujeres deciden cuándo desean tener hijos e hijas, relevando tal decisión como un derecho personal e intransferible.
En los últimos 8 años hemos presenciado una arremetida de grupos conservadores de nuestra sociedad, que aseguran tener el derecho a determinar lo que es bueno y malo para todo el conjunto de la sociedad. Su lucha más emblemática la han librado contra la «píldora del día después«. Para impedir su comercialización y uso en el sistema público de salud han recurrido desde el boicot, a través de los laboratorios y la industria farmacéutica, hasta la impugnación judicial. Así, en su última incursión han recurrido al Tribunal Constitucional, señalando que tanto los DIU, con 40 años de uso en el sistema público, como la PAE contravendrían el derecho a la vida.
Parece irrisorio tener que hacer claridad, a dos años del bicentenario, con una mujer Presidenta del país, que las mujeres y los hombres tienen derechos. Y es que es posible que estemos ante un retroceso en cuanto al fallo del Tribunal Constitucional en los derechos de las mujeres y somos nosotras las llamadas a procurar y, en definitiva, a garantizar que esta arremetida conservadora e involutiva no tenga éxito.
Atendiendo a esta realidad, las Mujeres de la Plaza Ñuñoa nos organizamos, y en una actitud de alerta y llamado de atención, a nuestro propio género y a la sociedad en su conjunto, decidimos ejercer una fiscalización ciudadana a las farmacias de nuestra comuna para exigir la venta de la PAE y denunciar públicamente el incumplimiento de aquellos que no sólo están al margen de la norma al no comercializar la píldora, sino que además están cometiendo abusos.
El resultado de la fiscalización mostró que la mitad de las farmacias visitadas vendían el fármaco, que los criterios para entregarla cambiaban según el vendedor, farmacéutico o cadena farmacéutica. Así constatamos que un altísimo nivel de discrecionalidad en decisiones que terminan por definir quien tiene acceso a la píldora y quien no, dejando en evidencia no sólo las restricciones de acceso a un medicamento o el displicente incumpliendo de estas grandes cadenas «comerciales», sino además la grave vulneración de un derecho que el Estado ha reconocido como tal.
De hecho, la vulneración de tal derecho se tradujo -en muchas farmacias- en exigencias abusivas e intimidantes, como no vender la PAE si la receta médica no precisaba el domicilio particular y teléfono del titular de la compra o si la farmacia no tenía el fármaco con el mismo nombre de la receta, entre otras situaciones que al no precisarse en la norma se exigen arbitrariamente por parte de las farmacias. Se arrogan así el derecho de un tercero y atribuciones que la autoridad no les ha otorgado. Todo ello sin considerar las diferencias de precios que variaban de una semana otra, detectando un alza del 100% en varios locales.
Ha sido una experiencia enriquecedora desde la perspectiva de la fiscalización ciudadana y como ejercicio validador de la sociedad en tanto consumidores y personas poseedoras de derechos. Sin embargo, lo más trascendente -a mi juicio- fue escuchar a la ciudadanía en medio de nuestras ruidosas protestas frente a las farmacias.
Si bien esperábamos opiniones divergentes, la gran mayoría de los peatones compartía nuestra posición y nos expresó apoyo, aunque también debimos escuchar frases muy conservadoras y en ocasiones groseras y ofensivas, principalmente en boca de hombres mayores de 50 años, tales como «Váyanse a la casa a cocinar» o «Cierren las piernas si no quieren tener hijos».
En otros tiempos una frase tan brutal tirada al aire habría amilanado cualquier impulso de continuar, sin embargo, el entusiasmo propio de quienes creemos en una sociedad con más derechos para la mujer sólo nos hace pensar que nos queda mucho trabajo por hacer.
Seguir adelante en nuestra acción fiscalizadora. Seguir adelante en nuestro intento porque en este país las mujeres no vivamos una involución en nuestros derechos. Seguir adelante para que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a decidir. Seguir adelante, es un derecho de la mujer.
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Danae Mlynarz Puig, Concejala de Ñuñoa, Observatorio Género y Equidad
